El Ministerio de Medio Ambiente plagió en la época de Isabel García Tejerina documentos de la industria química Syngenta para elaborar el Informe de Evaluación de Riesgos en el que la Comisión Europea basó la prórroga de la autorización, para los próximos quince años (hasta 2032), del pesticida Tiabenzadol, un fungicida que acaba entrando en la cadena alimentaria al utilizarse para fumigar en la horticultura y la fruticultura y que también se emplea en productos para infecciones de la piel.

El descubrimiento lo ha hecho un equipo de periodistas del periódico digital alemán BR, que chequearon, mediante un programa de comparación de contenidos similar al que utilizan las universidades para evaluar las tesis y trabajos de sus alumnos, los informes emitidos por los estados miembros de la UE en 25 procedimientos de autorización o de renovación de productos químicos con los que previamente habían presentado las empresas promotoras.

Las conclusiones resultan estremecedoras: la mayoría de los gobiernos habían copiado literalmente pasajes más o menos extensos y frases textuales de los informes de las industrias químicas que fabrican esos productos y los habían asumido como propios, sin citar como fuente los trabajos de las empresas ni especificar su procedencia. Ocurrió, entre otros, con herbicidas como el prosulfurón, analizado por Francia; con el sulfosulfurón, que estudió Suecia, y con el piridato, que evaluó Austria.

La industria pasaba así a hablar por la boca de las administraciones, lo que pone sobre la mesa que escándalos como ‘los papeles de Monsanto’, con el que ‘Le Monde’ sacó a la luz cómo esa empresa había ocultado a la UE informes que alertaban sobre los efectos nocivos para la salud del glifosato cuando esta estaba tramitando la renovación de la licencia para los próximos quince años (finalmente la obtuvo para cinco), no son, ni mucho menos, un hecho aislado.

“Es un sistema totalmente pervertido y fraudulento en el que no prima la seguridad alimentaria sino el interés de la industria”, explica Koldo Hernández, máster en Derecho Ambiental y miembro del Grupo de Químicos de Ecologistas en Acción, que está terminando su tesis doctoral sobre “El régimen jurídico de los disruptores endocrinos”.

Más de 1.300 coincidencias en 400 páginas

El trabajo de los periodistas alemanes revela cómo el informe del Ministerio de Medio Ambiente copió al 100% frases y párrafos de la documentación presentada previamente por Syngenta ante la UE para solicitar la renovación.

El chequeo de las similitudes arrojó una coincidencia superior al 70% en 1.301 frases o párrafos a lo largo de 400 páginas, lo que arroja un promedio de más de tres por hoja.

Entre esas coincidencias hay varias directamente relacionadas con los efectos de ese compuesto químico en la salud, como cuando en documento español trascribe que “en el tiempo de muestreo final (63 días después de la dosis 14), la concentración media era aún más baja que el límite de detección en la mayoría de los tejidos, aunque la concentración de tiroides todavía era relativamente alta”, o que “el total de residuos de tejido y canal en el tiempo de muestreo final representó el 0,1% de la dosis total administrada”.

Se trata, en ambos casos, de los resultados del seguimiento de unos análisis en animales de laboratorio.Cuando segura que “no se registraron signos clínicos adversos en ninguno de los tratamientos” la similitud con el informe de Syngenta es del 86%, nivel que sube al 100% al anotar que “independientemente del estado dietético de las ratas, la absorción de tiabendazol fue rápida”, al señalar que “dado que todos los animales sobrevivieron, no se probaron animales adicionales”, y, también, al reseñar que “todos los animales se recuperaron de los síntomas el día 6 y se mostraron activos y sanos durante el resto del estudio”.

El informe de Medio Ambiente también llega al pleno de coincidencia cuando, en lo referente a los efectos del uso dermatológico del Tiabenzadol, señala que “todos los animales estaban libres de irritación dérmica dentro de las 24 horas”, mientras que alcanza el 86% al anotar que “no hubo signos de gran toxicidad, irritación dérmica, efectos farmacológicos adversos o comportamiento anormal”. Y también alcanza el 100% al recoger un párrafo sobre los efectos del compuesto en las células y el material genético de los animales de ensayo: “No hubo un aumento estadísticamente significativo en el número de eritrocitos policromáticos micronucleados en ninguno de los niveles de dosis probados, en ninguno de los tiempos de muestreo en comparación con el grupo de control negativo”.

"Se pone de manifiesto la endeblez de sistema"

Varios grupos conservacionistas y movimientos sociales han lanzado un manifiesto en el que reclaman a la Comisión Europea que adopte sistemas transparentes y públicos para la tramitación de las autorizaciones de plaguicidas “para priorizar la salud pública y el medio ambiente sobre todas las demás consideraciones, como el beneficio privado”.

“Para permitir que los agricultores de la UE mejoren sus prácticas sin ser 'castigados' por los mercados -añade el manifiesto-, la Comisión Europea no los colocará en una posición de competencia desleal y, por lo tanto, prohibirá los productos importados que contengan residuos de plaguicidas no aprobados o que contengan residuos de cualquier pesticida que excede los niveles permitidos, sin excepciones”.

El procedimiento actual tiene algunas peculiaridades, como el hecho de que sea la industria quien decida qué Gobierno de un Estado miembro debe analizar sus productos, o más bien sus informes, visto lo visto, cuando se trata de una autorización. En la renovación, que suelen ser para quince años, lo elige la Comisión Europea, que tradicionalmente opta por el mismo país que diez años antes había intervenido en el trámite inicial.

Después, son las agencias europeas (la Efsa para temas de seguridad alimentaria y la Echa para el resto de temas ambientales) quienes, tras analizar la propuesta de la industria y las conclusiones del Gobierno que la chequea, emiten el dictamen que aconseja o desaconseja la autorización o propone matices para concederla, cuyo criterio suele avalar la Comisión. Las revelaciones de BR “ponen de manifiesto la endeblez del sistema de evaluación de riesgos”, sostiene Hernández.

Un producto de riesgo

En el caso del Tiabenzadol, el propio Gobierno español advierte en sus fichas oficiales de los riesgos que entraña el uso de productos que lo contengan.

Así, el Ministerio de Agricultura limita el uso del Tecto 500, que se utiliza en frutas y cítricos, a aplicadores profesionales ya que “puede provocar una reacción alérgica en la piel” y entraña “riesgos para las personas y el medio ambiente”, entre ellos el de resultar “muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos”.

En el caso de los cítricos a los que se aplica Neozil 10, cuyo contacto “provoca lesiones oculares graves” y “se sospecha que provoca cáncer”, recomienda incluir en las cajas de los cítricos “una etiqueta con el texto: ‘Frutos tratados con protección fungicida de Imazalil’ para advertir de su presencia a los consumidores.
Por último, Agricultura advierte en sus fichas oficiales de la elevada toxicidad del corrosivo Fruitgard 70 y de los riesgos del Taxtar Al al tiempo que indica que, tras su aplicación, las garrafas o los restos de la mezcla que puedan quedar en la sulfatadora deben eliminarse en ambos casos “de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos”.