El gobierno quiere impedir un desarme de ETA respaldado por la sociedad civil

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Así se demostró el pasado viernes por la noche en una casa situada entre Luhuso y Heleta, dos pequeñas localidades de la provincia de Lapurdi, a escasos kilómetros de la frontera con España. Allí dentro iba a ocurrir algo histórico: bajo la supervisión de reconocidos activistas por la paz, se daría un paso de gran calado para la inutilización y destrucción de armas. Era un gesto tan simbólico como real: tras cruzar varias cartas en euskera y francés con la dirección de ETA, el grupo de personalidades estaba a punto de lograr que el 15% del arsenal de esa organización quedase fuera de uso. Para siempre. De hecho, en una de esas misivas–dadas a conocer por el portal Naiz.info- ETA mostraba su compromiso de declararse “cuanto antes” como una “organización desarmada”.

“Queríamos dar un impulso al proceso, bloqueado por los gobiernos francés y español, procediendo a una primera destrucción de armas y enviarlas a las autoridades”

El problema es que la Guardia Civil y la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) francesa estaban al corriente del asunto, y decidieron actuar. El operativo se saldó con la detención de dos de los firmantes del comunicado –Berhocoirigoin y Etcheverry-, mientras que Tubiana, cuyo nombre también aparecía al pie de la nota, no llegó a ser detenido porque no consiguió llegar a la vivienda. “Queríamos dar un impulso al proceso, bloqueado por los gobiernos francés y español, procediendo a una primera destrucción de armas y enviarlas a las autoridades”, dijo el propio Tubiana este sábado en los micrófonos de la emisora Europe 1.

“Compromiso” del Gobierno Vasco

Como era previsible, este extraño operativo provocó una cascada de reacciones. El Gobierno Vasco esperó a media mañana del sábado para dar a conocer su posición. Citando las informaciones conocidas hasta esa hora, el ejecutivo presidido por Iñigo Urkullu (PNV) no quiso pasar por alto que “ETA está inmersa en un proceso de desarme unilateral y, en su caso, de neutralización, inutilización y destrucción de su arsenal”. “Parece, además, que con la participación de personas ajenas a vinculación orgánica”, observó. En ese contexto, el gobierno autonómico valoró favorablemente “cualquier paso unilateral e incondicional destinado a un desarme efectivo y definitivo, y al final ordenado de ETA”, aunque reiteró la necesidad de que ese proceso sea “verificable y definitivo” y conduzca también a su “disolución”. De ser así, destacó, contará con el “compromiso” del lehendakari y su equipo.

“Cuando el proceso de paz se abre hacia una resolución integral y definitiva, los Estados francés y español proceden a un operativo que ataca la línea de flotación de un desarme ordenado”

El “Operativo Seminario” también ha generado una reacción por parte del Foro Social Permanente, una entidad impulsada por distintos agentes de la sociedad civil para tratar de desatascar el proceso de paz y llevarlo a buen puerto. En otras palabras, justo lo contrario de lo que perseguía Zoido con el golpe policial. “Tras cinco años desde la Conferencia Internacional de Aiete y la declaración de ETA de fin de su actividad armada, tras cinco años de multibloqueos y en un momento en que el proceso de paz se abre camino hacia una resolución integral y definitiva, los Estados francés y español proceden a un operativo policial que ataca la línea de flotación de un desarme ordenado”, denunció el Foro Social.

“Actitud irresponsable”

Actualmente, este organismo mantiene contactos con el grupo de observadores internacionales que sigue muy de cerca el proceso vasco. De hecho, el pasado 22 de octubre organizó un encuentro en el que participaron dichos mediadores, con el abogado sudafricano Brian Currin a la cabeza. Tras la reunión, el Foro defendió la necesidad de un desarme “total y definitivo”, que se realizaría bajo la supervisión de los “agentes institucionales, políticos, sindicales y sociales” de Euskadi. Tras lo ocurrido este viernes, sus promotores mostraron su “incredulidad” ante la actitud obstruccionista, de los Gobiernos español y francés. “Rompiendo con todos los estándares internacionales aplicados en casos similares, ambos estados, de manera completamente irresponsable, mandan un mensaje nítido a la sociedad vasca: no deseamos que la sociedad vasca acometa el desarme de una manera ordenada”, valoraron.