MADRID.- El Gobierno ha decidido pedir al Tribunal Constitucional (TC) que anule la creación este jueves por el Parlamento de Cataluña de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, porque infringe la sentencia de diciembre del Alto Tribunal que anuló la declaración independentista y cualquiera de sus efectos.

"No se puede dar legalidad a una comisión creada para estudiar un proceso que el propio Tribunal ha declarado inconstitucional", ha resumido la vicepresidenta. En concreto, el Gobierno presentará ante el TC un incidente de ejecución de sentencia por incumplimiento de la dictada el 2 de diciembre pasado.

La vicepresidenta ha explicado que la creación de esa comisión parlamentaria "tiene efectos jurídicos inmediatos" y supone dar una "apariencia de validez" a un proceso, el de la independencia, que es inconstitucional por sentencia. "Hay una voluntad declarada de incumplir", ha insistido.

Ha asegurado que el Gobierno deja en manos de la abogacía del Estado las cuestiones técnicas y no ha aclarado así si se pedirá alguna actuación al Tribunal Constitucional contra quienes han aprobado la creación de esa comisión del Parlament. El año pasado se reformó la ley que regula el TC para reforzar precisamente la reacción del tribunal ante los incumplimientos de sus sentencias.

"Se ha cursado instrucciones a la Abogacía para que lo plantee en el modo procesal más eficaz. Será por criterios de mayor eficacia y efectividad", ha dicho Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta ha asegurado también que el presidente no ha informado de antemano sobre estos pasos al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, o al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. "Son cuestiones técnicas o jurídicas y traen causa de un tema que con ellos consensuamos, el recurso de inconstitucionalidad de la declaración de independencia catalana.

Competencia sobre política exterior

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha solicitado informe urgente al Consejo de Estado para recurrir la creación del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat de Cataluña, constituido "con la finalidad declarada por el presidente del Generalitat de la internacionalización del proceso".

El Gobierno quiere plantear un conflicto positivo de competencias por entender que el Ejecutivo autonómico invade las atribuciones del Estado en política internacional, amparadas por la Constitución y por el Estatuto Autonomía, que en su artículo 193 dice: "La Generalitat debe impulsar la proyección de Cataluña en el exterior y promover sus intereses en este ámbito respetando la competencia del Estado en materia de relaciones exteriores".

La vicepresidenta ha recordado que esta materia es competencia "exclusiva" del Gobierno y que el Tribunal Constitucional lo ha expresado "en términos claros" en sus sentencias. Es el Estado el que ordena la actuación de todo organismo y administración que actúe en política exterior, por lo que la Generalitat no puede crear ese departamento, entiende el Gobierno, ni atribuirle funciones sobre acción internacional o relaciones con la Unión Europea.

Sáenz de Santamaría ha expuesto que las comunidades autónomas pueden tener representación ante la UE, que está de hecho regulada, pero las funciones dotadas por la Generalitat a ese departamento "exceden ese ámbito" e invaden el de las relaciones internacionales, que son competencia exclusiva del Estado.

Además, ha apuntado que al crear esa sección, la Generalitat "omite cualquier colaboración" con el Gobierno, cuando es el titular en la materia.