Moix | Panamá El Gobierno pasa del apoyo expreso a Moix a la callada por respuesta sobre su dimisión

El Gobierno ha pasado de mostrar ayer su apoyo expreso al fiscal anticorrupción a no querer hablar sobre su posible dimisión. Ningún miembro del Ejecutivo ha querido opinar hoy sobre la sociedad offshore que Manuel Moix posee en Panamá, a pesar de que los rumores sobre su posible salida son cada vez más recurrentes.

Mientras el protagonista de este último escándalo destapado por Infolibre está a la espera de reunirse próximamente con su superior, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, sólo la vicepresidenta ha aceptado la petición de los medios de comunicación para valorar esta cuestión. "El Gobierno respeta la independencia de la Fiscalía", se limitó a responder Soraya Sáenz de Santamaría en los pasillos del Congreso.

El resto de sus compañeros, todos con gesto serio, han preferido callar. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que entró con gesto serio al Hemiciclo donde hoy se votan los Presupuestos Generales del Estado, eludió así a la prensa. Ayer, en cambio, sí defendió que en caso de que Moix haya informado a Hacienda de dicha sociedad -como asegura- éste no habría cometido delito alguno.

Tampoco sus homólogos de Defensa y Hacienda, María Dolores de Cospedal y Cristóbal Montoro, respectivamente, han querido hacer declaraciones al respecto. Y el propio Mariano Rajoy, que ayer afirmó que "sí" mantenía su confianza en el fiscal, también ofreció hoy la callada por respuesta. 

A todos ellos se les ha recordado que, en su día, cuando el exministro de Industria, José Manuel Soria, se vio salpicado por los papeles de Panamá, el Ejecutivo sí criticó la falta de ética que suponía para un cargo público tener empresas en paraísos fiscales. De nuevo, sólo Sáenz de Santamaría respondió: "El Gobierno opina del Gobierno, no de la Fiscalía", concluyó.

Posteriormente, Catalá ha rectificado su actitud y sí ha atendido a los medios a su salida. El titular de Justicia ha defendido que el nombramiento del fiscal anticorrupción corresponde a la fiscalia general del Estado y no al Gobierno, por lo que corresponde a Maza abrirle o no un expediente a Moix.

Tras él, Rajoy se limitó a pedir paso a la maraña de periodistas que volvían a intentar recabar au opinión, tras lo manifestado en la víspera en Portugal.