El preso vasco Ibon Iparragirre tiene VIH. Su diagnóstico indica que está en una de las fases más avanzadas de la enfermedad. Txus Martin, encarcelado en el centro penitenciario de Zaballa (Araba), sufre esquizofrenia paranoide. A pesar de sus historiales clínicos, ambos han sido privados de cumplir el resto de sus condenas en prisión atenuada, tal como garantiza la ley. Sus nombres figuran entre los diez casos de reclusos abertzales con enfermedades graves o incurables que actualmente continúan en prisión, tal como ha decidido el gobierno del PP.

"Todo esto es pura venganza: no hay ningún argumento jurídico sólido para que Txus no esté en casa”, señala a Público su pareja, Kontxi González. "Ni siquiera pedimos que le pongan en libertad; sólo que pueda cumplir en casa lo que le queda de condena", subraya.

Sin embargo, las estadísticas que manejan en las oficinas de Etxerat (asociación de familiares de presos de ETA y de otras organizaciones de la izquierda independentista vasca) no invitan al optimismo: entre 2011, año en el que ETA anunció el cese definitivo de la violencia, y 2014, sólo dos presos vascos -uno de ellos el propio Josu Uribetxabarria Bolinaga, fallecido en la madrugada de este viernes tras una larga enfermedad- consiguieron la excarcelación. Paradójicamente, entre 2008 y 2011, con ETA aún en activo, se habían producido 12 excarcelaciones por motivos de salud.

“Nada de esto tiene sentido”, comenta Jon Iparragirre, hermano de Ibon, quien actualmente sobrevive con un avanzado VIH en la cárcel de Alcalá Meco. “Está en un módulo normal, no en la enfermería, a pesar de su grave estado”, subraya su familiar. Se trata de su último destino tras pasar por las cárceles de Sevilla, Basauri y Navalcarnero. Debido a sus problemas de salud, un juez había aceptado que cumpliese prisión domiciliaria –siempre localizado con una pulsera telemática-, hasta que en marzo pasado la Audiencia Nacional cambió de opinión y volvió a trasladarlo a un centro penitenciario. "La cárcel sólo ha empeorado su estado y no está preparada para atender un caso como el suyo", destaca Etxerat en un informe al que ha tenido acceso Público.

Los gobiernos de PSOE y PP "han confeccionado políticas penitenciarias específicas para los presos vascos

En ese documento, el citado colectivo sostiene que los distintos gobiernos de PSOE y PP "han confeccionado políticas penitenciarias específicas para los y las presas vascas, lo que ha supuesto -además de modificaciones en el régimen penitenciario- medidas de excepción, como la dispersión y el aislamiento". "Después de todos los ensayos realizados –continúa-, una de las últimas vueltas de tuerca ha sido la denegación sistemática de la libertad ante enfermedades graves o la exigencia de condiciones de enfermedad terminal para su aplicación, como ocurrió en el caso de Josu Uribetxebarria”, fallecido este viernes.

"Saben de sobra que estas medidas serían inaceptables en sistemas penales democráticos, donde sería impensable la aplicación de penas añadidas y menos las ‘penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante’ que, tal como indica las Naciones Unidas, ‘quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias’”, recuerda la asociación de familiares de presos. “El Estado español desoye cualquier recomendación que suponga una mínima mejoría en las condiciones de vida de los presos y presas vascas”, critica.

Consultas “grabadas e intervenidas”

Esta situación también ha sido denunciada por la asociación Jaiki Hadi, compuesta por profesionales de la salud. En un documento elaborado en 2014, este grupo alertaba que en muy pocas ocasiones “se toman en consideración las peticiones de los médicos en el sentido de que estos enfermos puedan seguir su tratamiento en la calle”. También advertía sobre las “condiciones totalmente inadecuadas” que enfrentaban los psicólogos para desarrollar su labor dentro de las prisiones: “visitas grabadas e intervenidas, visitas obligadas a realizarlas en locutorios donde no existe contacto directo entre profesional y paciente, presencia en la visita de personal sanitario o de seguridad de la cárcel”, así como la “prohibición de hablar en un idioma que no sea el castellano”. Según Jaiki Hadi, todo ello “contraviene lo establecido por el código deontológico de los psicólogos”.

En ese contexto, el Gobierno Vasco ha decidido incluir los casos de los presos enfermos en el plan “Zuzen Bidean”, donde el ejecutivo de Iñigo Urkullu plantea una serie de propuestas para tratar de alcanzar un “estado de normalidad en el derecho penal y penitenciario”, así como “contribuir a la normalización social y política de la convivencia tras el fin de ETA”. En el caso de los reclusos que padecen enfermedades graves e incurables, el gobierno autonómico reclama “establecer soluciones humanitarias” y excarcelar a quienes se encuentren en situaciones de gravedad, para lo que alcanzaría con aplicar el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario.

Tanto Kontxi González como Jon Iparragirre han oído hablar una y mil veces de ese artículo, pero no ha valido de nada. “En el caso de mi pareja, hasta el Ararteko (Defensor del Pueblo Vasco) ha confirmado que cumple todas las condiciones para estar en casa con una pulsera telemática. Aún así, continúa preso. Está claro que aquí hay una decisión política de que las cosas sigan de esta manera”, puntualiza González. En unos días, esta mujer tendrá que comprar ropa de niño para su marido, que pierde peso a niveles alarmantes. “Nunca, nadie, nos explica por qué”, se lamenta.