Dos líneas bastaron. Dos líneas ocupadas por 16 palabras que sintetizan la posición oficial ante una historia no cerrada. En ese breve espacio de un folio donde predomina el blanco, el Gobierno de Pedro Sánchez resumió su respuesta en torno a los crímenes del GAL que siguen sin resolverse, o también sobre aquellos que fueron objeto de condenas a funcionarios públicos. Unas condenas que se resolvieron, además, con indultos y salidas anticipadas de prisión.

"En relación con la información solicitada, se señala que en España no hay terrorismo de Estado". Así empieza y así termina la contestación del Ejecutivo a las preguntas formuladas por el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien pretendía trazar un mapa sobre los atentados no esclarecidos cometidos por, la Tripe A, el Batallón Vasco Español y el GAL.

"Llevo tiempo procurando que el Gobierno facilite datos sobre acciones violentas cometidas por funcionarios del Estado, lo que comúnmente se llama terrorismo de Estado o guerra sucia, pero el Gobierno, en un ejercicio de negacionismo y revisionismo, intenta negar la mayor, cuando hay casos juzgados en los que la implicación del Estado es clara", apunta Iñarritu a Público.

En su pregunta escrita, el representante abertzale citaba una solicitud de información previa que había formulado al Gobierno sobre los atentados producidos por el BVE y el GAL para conocer, precisamente, el número de crímenes y el estado de esos procedimientos judiciales, así como el tiempo de prisión cumplida de forma efectiva por parte de quienes fueron condenados por los tribunales.

En una primera respuesta –con fecha del pasado 21 de mayo–, el Ejecutivo respondía de forma genérica que "la investigación de los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables" era "una de las funciones encomendadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Seguido, aseguraba que "se llevan a cabo y se seguirán llevando a cabo todas las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de todos aquellos hechos que puedan ser constitutivos de delito para ponerlo en conocimiento de la autoridad competente".

En aquel documento, el Gobierno no respondía a ninguna de las preguntas que había formulado Iñarritu, quien había solicitado datos concretos. Por tales motivos, el diputado volvió a presentar las mismas cuestiones en una nueva solicitud de información.

"Con fecha 2 de abril y número de registro 19908 se realizaron unas preguntas que pedían datos precisos sobre el terrorismo de Estado. Sin embargo, en la respuesta recibida por parte del Gobierno no se facilita ninguna de las cuestiones planteadas. Es por ello que se vuelven a plantear, pidiendo que se aporten las respuestas concretas a todas y cada una de las preguntas para que este diputado pueda realizar su función parlamentaria", argumentó en un escrito registrado el 28 de mayo.

En su pregunta, Iñarritu pedía también que el Ejecutivo aclarase si contemplaba "tomar las medidas oportunas" que estuviesen a su alcance para "esclarecer todos aquellos atentados cometidos por el terrorismo de Estado". 

"Víctimas de tercera"

Entonces llegó la respuesta del Gobierno de apenas dos líneas en la que se limita a negar la existencia del terrorismo de Estado. "Agarrándose a una diferencia terminológica, el Gobierno hace un ejercicio de ocultación y poca transparencia, mostrando además su desprecio hacia las víctimas del terrorismo de Estado, que son de segunda o tercera", denuncia Iñarritu.

Según documentó el Gobierno Vasco en un informe presentado en 2014, el 37% de los atentados registrados por el GAL –grupo que estuvo detrás de 27 acciones terroristas– quedaron sin ser esclarecidos,  mientras que el 20% de los atentados del BVE y grupos satélites fueron "sobreseídos y archivados". En el caso de ETA, dicho informe oficial señalaba que los crímenes sin resolver alcanzaban el 23%.

Las sentencias que hubo por crímenes del GAL dejaron clara la implicación de miembros del Gobierno de Felipe González en dichos atentados. Entre ellos figuraron el exministro del Interior José Barrionuevo, el exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, el exgobernador civil Julián Sancristóbal o el exjefe superior de la Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo, entre otros.

"Iniciada la década de los ochenta, desde determinadas instancias de los aparatos del Estado vinculadas al orden público, se promovieron acciones violentas con finalidad contraterrorista totalmente al margen de la Ley, ejecutadas al amparo de la organización autodenominada GAL. Las acciones terroristas de este grupo se prolongaron durante varios años de la mencionada década, contando en su haber con un elevado número de personas heridas y asesinadas, especialmente en territorio vasco-francés", destacaba otro informe elaborado por el Gobierno Vasco.

"Deficiente investigación"

En ese documento se indicaba que el GAL asesinó a 24 personas e hirió a otras 27, mientras que el BVE "cometió 18 asesinatos y causó heridas a otras dieciocho 18". "La Triple A cuenta, por su parte, con ocho asesinatos en su haber, por otros seis del GAE (Grupos Armados Españoles), como los grupos más relevantes en su acción criminal", añadía.

El informe del Gobierno Vasco apuntaba además que "la escasa y deficiente investigación policial llevada a cabo en una parte muy importante de estas acciones violentas impide el esclarecimiento de un dato de especial relevancia en esta cuestión, cual es el grado de complicidad, colaboración o inhibición que pudo existir por parte de determinadas instancias policiales con dichos actos criminales".