La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha nombrado a Pedro Irigoyen Barja director general de Recursos Humanos de la Consejería de Justicia, según informa la Cadena Ser.

La presidenta ha decidido incorporar a Irigoyen a su equipo de gobierno a pesar de la investigación abierta contra él por parte del Banco de España por las irregularidades de numerosos créditos concedidos por Avalmadrid, entidad participada al 31% por la Comunidad, de la que Irigoyen fue consejero.

Según la información adelantada por el citado medio, el Banco de España ha propuesto una sanción de 10.000 euros para Irigoyen, consejero de Avalmadrid entre el 21 de octubre de 2014 y el 21 de octubre de 2015, por "mala praxis bancaria" al conceder avales a empresas "violando las normas de control de riegos" y "con deficiencias graves de control interno".

Durante una visita al Hospital de Guadarrama, Ayuso ha asegurado no tener conocimiento de dicha sanción y ha asegurado que barajarán tomar medidas, pero no por el momento: "Ya lo pensaremos, pero, ahora, desde luego no, porque no teníamos conocimiento alguno", ha asegurado la presidenta.

También hay otros altos cargos del nuevo Gobierno regional que formaron parte del consejo de administración de Avalmadrid, pero que no han sido expedientados por el Banco de España, como el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio; la viceconsejera de Política Educativa, Rocío Albert López-Ibor, y el viceconsejero de Presidencia y Transformación Digital, Miguel Ángel García.

Rocío Albert López-Ibor y Miguel Ángel García fueron consejeros de Avalmadrid durante la época en la que esta empresa semipública decidió mantener paralizada la decisión de actuar contra los avalistas morosos del caso Avalmadrid, según Infolibre. Este medio indica que desde 2015 esta entidad no activó ni uno solo de los mecanismos para reclamar el crédito que concedieron a la empresa familiar de Isabel Díaz Ayuso.

Una de las implicadas por la venta de pisos

Además, entre los polémicos nombres que formarán parte del nuevo Ejecutivo, el Gobierno daba a conocer este martes la incorporación de Concepción Dancausa como viceconsejera de Vivienda. 

La nueva viceconsejera es una de las condenadas por el Tribunal de Cuentas junto a Ana Botella por la venta de 1.806 viviendas sociales a fondos buitre en el Ayuntamiento de Madrid en el año 2013, una venta que recibió el visto bueno de la recién nombrada Concepción Dancausa. Una causa por la que finalmente fue absuelta por el órgano en última instancia