El Gobierno recurrirá 'hoy mismo' ante el Tribunal Constitucional el nuevo proceso impulsado por Artur Mas para llevar a cabo la consulta soberanista en Catalunya el próximo 9 de noviembre. Tras repasar los 'vicios de inconstitucional' señalados en el informe del Consejo de Estado, la vicepresidenta, Soraya Saenz de Santamaría, insistió en que, una vez presenten el recurso, serán inmediatos sobre los efectos de impugnación sobre 'cualquier acto que se haya llevado a cabo o se pueda llevar a cabo en un futuro de cara a la preparación de la misma'.

La número dos de Mariano Rajoy en el Ejecutivo esgrimió los motivos por los que el Consejo de Ministros de este viernes ha tomado dicha decisión. Así, recordó los puntos del informe en los que el Consejo de Estado considera que la consulta carece de legitimidad por 'elementos de carácter refrendario', porque excede límites competenciales, porque no puede estar avalada por una ley de rango inferior a la Constitución y poruqe la neutralidad de los organizadores del proceso no está garantizada por tratarse de voluntarios, entre otras cuestiones.

'¿Se imaginan que este Gobierno convocara elecciones sin disolver las Cortes, con papeletas y urnas de cartón controladas por voluntarios, en las que alguien puede votar una, dos, tres veces o las que quiera porque no existe un censo? ¿Ese resultado tiene algún tipo de garantías?', ejemplificó la vicepresidenta. 'Pues esto es poco más o menos', agregó, dando por hecho una respuesta negativa a su pregunta retórica.

También aseguró que lo hacían en defensa de 'los derechos de los ciudadanos catalanes', especialmente, de los funcionarios a los que Mas ha situado, en su opinión, en un situación de 'intemperie legal'. 'Ellos tienen que asumir la responsabilidad del incumplimiento de la ley que el presidente de la Generalitat no quiere asumir con su firma', atacó la vicepresidenta, haciendo referencia al hecho de que, en esta ocasión, no existe un decreto de convocatoria, sino que se trata de un procedimiento organizado por voluntarios. 'Queremos que no se vean obligados a incumplir la ley, que tengan la tranquilidad de saber que no tienen por qué violentar la ley', insistió citando como ejemplo a 'los directores de colegios a quienes se les ha pedido una obligación extraordinaria para ese día'.

Sáenz de Santamaría arremetió directamente contra Artur Mas, a quien acusó de desplazar sus responsabilidades hacia los ciudadanos, a quienes 'pone en la tesitura de tener que llevar a cabo actuaciones suspendidas por el Tribunal Constitucional'. 'Espero que el presidente de la Generalitat sea muy consciente de que si en la primera convocatoria incumplía la Constitución, en la segunda vulnera los derechos de los ciudadanos a los que representa', sentenció, sin querer avanzar posibles medidas legales directamente contra Mas ni plantear una posible intervención de la autonomía.

Tampoco se baraja en Moncloa la opción de cortar la financiación del Estado a Catalunya como medida de castigo o presión. 'No vamos a perjudicar a los ciudadanos con medidas que recortarían su acceso a los servicios básicos porque la Generalitat no cumpla con sus obligaciones', respondió. Y volvió a vender la bandera de presentar un Gobierno defensor de 'la libertad, la igualdad y los derechos de los ciudadanos'. 'Al Gobierno le corresponde dar tranquilidad a los ciudadanos y cumplir con el Estado de derecho y la Constitución', concluyó.