El Gobierno inicia los trámites para retirar distinciones a policías franquistas como el torturador Billy el Niño
El Ministerio del Interior prepara una reforma de la ley de asociaciones para incluir la apología del franquismo como causa de disolución que permitiría ilegalizar la Fundación Francisco Franco.
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madrid, Actualizado:
El Gobierno ha iniciado los trámites para retirar las condecoraciones policiales al policía franquista Antonio González Pacheco, apodado Billy el niño, miembro de la Brigada Político Social de la dictadura y acusado de torturas por numerosas víctimas de la represión. Un grupo de ellas envió el pasado martes al Ejecutivo una carta en la que solicitaba oficialmente la retirada de esas distinciones a González Pacheco, que las mantuvo hasta su muerte en mayo pasado, en aplicación de la ley de memoria democrática.
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó este viernes a las direcciones generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que inicien los procedimientos de oficio para revisar y retirar las condecoraciones y recompensas policiales que hubieran podido recibir en el pasado agentes de ambos cuerpos que hubieran formado parte del aparato de represión de la dictadura o realizado actos incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos que fija la Constitución Española.
Según informó en un comunicado el Ministerio del Interior, la decisión es consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, que en su artículo 42, indica el departamento de Grande-Marlaska, "ordena la revisión y revocación de cualquier condecoración y recompensa concedida a quienes incurran en situaciones de este tipo".
La Policía y la Guardia Civil tendrán que retirar de oficio medallas y condecoraciones a los torturadores
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Además, Interior recuerda que la disposición adicional tercera del citado texto prevé "la anulación de las condecoraciones policiales cuando quede acreditada la realización por el beneficiario, antes o después de la concesión, de actos manifiestamente incompatibles con la pertenencia a las órdenes del mérito tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil".
La orden del ministro del Interior no afecta solo a Policía Nacional y Guardia Civil, sino que se extiende también a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y al resto de las direcciones generales del Ministerio, en cuyos máximos responsables delega Grande-Marlaska la responsabilidad de incoar los procedimientos de revisión de oficio y de revocación en su caso de las condecoraciones y recompensas afectadas por lo dispuesto en la ley de memoria democrática.
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Los expedientes de revisión serán notificados a los afectados, que podrán presentar alegaciones antes de que se dicte la resolución, que sería firmada por el propio Grande-Marlaska.
Además de la revisión de las condecoraciones policiales, el ministro ha dispuesto la creación de una comisión de estudio y análisis sobre la aplicación
y los efectos de la entrada en vigor de la ley de memoria democrática en todos
los ámbitos competenciales del Ministerio del Interior.
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Reforma de la ley de asociaciones
La comisión preparará una reforma de la Ley Orgánica de Asociaciones, para incluir como causa de disolución o de revocación de su declaración de utilidad pública la apología del franquismo con menosprecio y humillación de la dignidad de sus víctimas o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas. La reforma podría afectar directamente a la Fundación Francisco Franco, que defiende y promueve la figura y el legado del dictador.
La citada comisión también revisará el proceso de retirada y eliminación de símbolos y elementos contrarios la memoria democrática que aparezcan ubicados o colocados en edificios ocupados por centros y unidades dependientes de Interior.
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Asimismo, establecerá las condiciones que permitan "garantizar y facilitar el
derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos" del Ministerio, así como a la consulta de documentos sobre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista que pudieran estar bajo su custodia.