El Consejo de Ministros ha puesto en marcha este viernes la maquinaria para eliminar los aforamientos, tal como anunció el presidente del Gobierno a principios de esta semana, y ha encargado al Consejo de Estado la propuesta de reforma de los artículos de la Constitución (71.3 y 102.1) que establecen el aforamiento de los diputados, senadores y miembros del Gobierno, sin afectar a otros cargos o autoridades.

Entre estas autoridades no estará el rey, cuya figura seguirá siendo inviolable. En ese sentido, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha subrayado que la eliminación de la inviolabilidad del jefe del Estado "no entra en absoluto" en la propuesta del Gobierno, como sí han demandado Podemos, PNV, ERC y PDeCAT.

"Es importante que el rey mantenga su inviolabilidad y, además, su modificación en la Constitución requiere un procedimiento agravado. Por lo tanto, no entra en absoluto en este paquete de ninguna de las maneras", ha remarcado la portavoz del Ejecutivo, rechazando así la supresión de este blindaje.

La inviolabilidad del jefe del Estado, por la que no está sujeto a responsabilidad penal, se recoge en el bloque constitucional que habla de la Corona, por lo que su modificación requiere la aprobación por parte del Congreso y el Senado, la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. 

Preguntada por qué es importante mantener la inviolabilidad del rey, Celaá ha insistido: "Por que es el jefe del Estado y porque está en el artículo de la Corona que es la parte de la Constitución que requiere un procedimiento agravado para su modificación". 

Según Celaá, la reforma que plantea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los aforamientos se limita a un procedimiento ordinario, sin necesidad de disolver las Cortes, aunque sí podría convocarse un referéndum si lo solicitase un 10% de los diputados de la Cámara Baja.

Lo que persigue el Gobierno, según Isabel Celaá, es "reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de las funciones del cargo público". Celaá ha añadido que se trata de que el aforamiento deje de ser "un privilegio" y sirva exclusivamente para garantizar el ejercicio de la labor constitucional de los parlamentarios y miembros del Gobierno.

Con el encargo de la elaboración de la propuesta al Consejo de Estado, el Gobierno entiende que se favorece "el logro del consenso" para culminar la reforma constitucional, ya que son necesarias las mayorías de tres quintos en ambas cámaras, Congreso y Senado, para su aprobación.

La supresión de los aforamientos afectará a los delitos de corrupción que estos puedan cometer en el ejercicio de su cargo

El PSOE está dispuesto a aceptar que la supresión de aforamientos a diputados, senadores y miembros del Ejecutivo afecte a los presuntos delitos de corrupción que estos puedan cometer en el ejercicio de su cargo, según ha asegurado la vicesecretaria general y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra.