El Gobierno endureció en 2016 su "política de venganza” contra los presos abertzales, según un informe

BILBAO.- Cinco años después de que ETA abandonase la violencia, el gobierno del PP se niega a mover fichas en las cárceles. Uno de los ejemplos más notorios se traduce en kilómetros: la política de dispersión, puesta en práctica a principio de los años noventa, sigue tan vigente como entonces. Tampoco ha habido cambios en torno a los reclusos gravemente enfermos, que continúan en prisión. Estas son algunas de las conclusiones del informe elaborado por la plataforma ciudadana Sare (Red), que ha documentado lo ocurrido detrás de los barrotes durante 2016. Tras analizar distintos aspectos, los autores del estudio han confirmado sus temores: “Los datos reflejan un empeoramiento de las condiciones carcelarias”, sostienen.

Hablando en kilómetros, 288 presos se encuentran en prisiones ubicadas a distancias que oscilan entre los 500 y los 1100 kilómetros. Tras repasar pormenorizadamente las distintas distancias que deben recorrer sus familiares para visitarles, Sare destaca que en diciembre de 2016 “hay un 2,1% más de presos vascos a más de 800 kilómetros que a finales del 2015”.

“Política de odio”

Con estos datos sobre la mesa, esta plataforma —cuyo portavoz es el ex consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga— sostiene que son los familiares de los reclusos quienes “más directamente están sufriendo una política penitenciaria sustentada en el odio y la venganza”. “La decisión de ETA de hace cinco años supuso el paso más importante dado en la superación del conflicto. Desde entonces, hay quienes sólo están dispuestos a crear más confrontación e impedir un cierre definitivo de décadas de violencia, de muchas violencias”, subraya.