El Gobierno dice que no tiene “obligación legal” de destinar las tasas a la justicia gratuita
Fueron implantadas en 2012 para financiar en especial el turno de oficio. En dos años se han recaudado 570 millones de euros, que han ido a parar a las arcas del Estado. La justicia gratuita sólo ha recibido 6 millones
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MADRID.- El Gobierno insiste en que no hay obligación legal de aplicar lo recaudado por las tasas judiciales mientras existieron a la justicia gratuita puesto que "no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico". Lo ingresado por las tasas judiciales, como cualquier otro ingreso público, se destina a financiar el conjunto de los servicios públicos.
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"La tasa aportará unos mayores recursos que permitiran una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita", dice la ley 10/2012
El Gobierno justificó la implantación de este impuesto en 2012, precisamente para financiar la justicia gratuita para quienes no tienen recursos económicos. Así figura en el preámbulo de la Ley 10/2012, donde explica que se pretende “ racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita, dentro del régimen general establecido en el artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.
Las tasas judiciales sólo existían para las grandes empresas. Cuando el PP llegó al poder, las extendió en 2012 para todas las personas, tanto los ciudadanos particulares como las pequeñas y medianas empresas, incluidas las ONG.