El Gobierno ha aprobado este martes flexibilizar los objetivos de déficit para el conjunto de las administraciones públicas, desterrando los márgenes impuestos en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La senda de estabilidad para 2020 fija el límite del déficit en el 1,8%, lejos del 0,5% inicialmente establecido, aún vigente hoy.

La senda de estabilidad fija así en un 0,5% del PIB el déficit máximo para la administración central, un 0,2% para las comunidades autónomas, y un 1.1% para la Seguridad Social. Los ayuntamientos, por su parte, seguirán en el 0.0%.  

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva senda de déficit para el periodo 2020-2023, así el cuadro macroeconómico sobre el que construirá el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020.

La máxima aplicada para concebir estos números, según la ministra portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido asegurar que la reducción de la deuda "no dañe el crecimiento ni la creación de empleo".  

Además, Montero, ha anunciado el techo de gasto para 2020: 127.609 millones de euros, lo que representa una subida del 3,8% con respecto al presupuesto base de 2019. Todas estas cifras deben ser aprobadas por el Congreso y el Senado, y son las bases sobre las que construir los nuevos PGE.

A su vez, la vicepresidenta cuarta y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha explicado que el Ejecutivo ha rebajado al 1,6% su estimación de crecimiento para ¡2020 –desde el 1,8% anterior–, y ha elevado un punto la tasa de paro prevista, hasta el 13,6%.

Por otro lado, la senda para los próximos años de legislatura contempla reducir el déficit público al 1,5 % del PIB en 2021, al 1,2 % de 2022, y al 0,9 % en el año 2023.

La senda de establilidad presupuestaria para 2020, hoy en vigor, fue aprobada por el Ejecutivo de Rajoy en 2018. Fijó el límite del endeudamiento para el conjunto del Estado en el 0,5% del PIB, y la estabilidad presupuestaria para 2021. 

Según Montero, este objetivo carece "del principio de realidad", es "inasumible". Los nuevos márgenes, además, están pensados para financiar los compromisos del Ejecutivo de coalición en materia de gasto social. 

Para cuadrar las cuentas, la ministra de Hacienda ha explicado que buscará incrementar la recaudación, y esto pasa por nuevas medidas fiscales sobre las que de momento no ha aportado detalles. Sólo ha especificado que estas no tendrán carácter retroactivo. 

Por otro lado, Montero no ha querido concretar siquiera si el Ejecutivo podrá presentar los presupuestos ante el Congreso durante el mes de marzo. "No podemos afinar más los plazos", decía. 

Lo único claro es que el Gobierno no considera viable volver a prorrogar los PGE aprobados en 2018 por Rajoy: "Este país no puede continuar con unos presupuestos prorrogados", zanjaba. 

Guiños a las comunidades autónomas

En otro orden de cosas, Montero ha dedicado varios guiños a las comunidades autónomas durante su intervención, haciendo hincapié en que el mayor ajuste corresponde a la administración central. 

El pasado viernes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera -el primero desde 2018-, Montero trasladó a las comunidades que el Estado no les abonará los 2.500 millones que estas reclaman al Gobierno en concepto de IVA pendiente. A su vez, les trasladó que podrán endeudarse en un 0,2% del PIB, una décima por encima de los márgenes actuales.