Hace ahora un año y dos meses la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció en su primera comparecencia ante la comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que el Ejecutivo recién estrenado iba a remitir a la cámara una iniciativa legislativa con la denominación de ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno durante aquel primer periodo de sesiones parlamentarias que se prolongaba hasta finales de junio. No fue así.

El proyecto gubernamental fue aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del 27 de julio y remitido a la Cámara baja una semana después, el 3 de agosto en plena canícula estival. Al iniciarse el segundo periodo de sesiones en la Cámara baja, ya en septiembre, el proyecto de ley, llamado a ser una de las iniciativas estrella del Gobierno presidido por Mariano Rajoy, comenzó su andadura parlamentaria con su calificación por la Mesa de la institución y su publicación en el boletín de la cámara. Había pasado ya un mes y medio desde que el proyecto fue presentado en sociedad.

Con el fin de agilizar su tramitación y acortar los plazos habituales establecidos el proyecto de ley de Transparencia, fue transferido a la Comisión Constitucional con competencia legislativa plena, es decir lo que en su seno se decidiese era definitivo sin tener que pasar por debates en el pleno. No es una modalidad exclusiva para esta ley y en la actualidad, hay otras iniciativas en la misma situación. Pero la pretendida agilización en la tramitación de esta ley, cuya aprobación 'ya justifica ella sola toda una legislatura', en palabras de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, se ha traducido en un más que pausado caminar por los pasillos de la sede parlamentaria. De momento, han transcurrido siete meses sin mayores novedades sobre el contenido del proyecto legislativo. Este tiempo se ha cumplido gracias a un trámite que es todo un clásico en la práctica parlamentaria: la acumulación de sucesivas ampliaciones del plazo para presentar enmiendas al articulado, de una semana cada una de ellas. Hasta ahora ha habido 22 ampliaciones desde que ese abrió el plazo de enmiendas, a finales del pasado mes de septiembre, en el anterior periodo de sesiones.

Pero en este tiempo ninguno de los siete grupos parlamentarios de la Cámara baja ha presentado enmienda alguna. Pese a lo que pudiese parecer, esto es normal cuando no se alcanza un acuerdo político entre los principales grupos parlamentarios en torno a una iniciativa legislativa, como es el caso, que se quiere alumbrar por consenso y con una amplia mayoría.

Sin embargo, lo sorprendente en torno a este proyecto es que hasta ahora no ha habido ningún tipo de negociación entre los grupos parlamentarios. Ni siquiera entre los dos mayoritarios, el popular y los socialistas, según han reconocido a Público fuentes de ambas formaciones. Tampoco ha habido iniciativas negociadoras por parte del resto de grupos de la cámara.

Desde la oposición, que ha lanzado críticas genéricas a la propuesta gubernamental, se quiere que el ejecutivo mueva ficha primero. Por ejemplo, si los criterios de transparencia sobre el conjunto de instituciones y organismos públicos van a incluir a la Casa Real y, en consecuencia, los ciudadanos podrán acceder directamente a sus datos económicos y actividades como si fuese un departamento administrativo más.

El pasado mes de febrero el Gobierno, a través de su secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, hizo un intento formal de acercamiento a los grupos parlamentarios de la oposición, pero con escaso éxito: ninguno de ellos respondió a sus preguntas sobre las respectivas pretensiones. Nadie quiso manifestar sus intenciones sin conocer previamente el margen de negociación que ofrecía el Gobierno a través del grupo parlamentario popular. Hasta ese momento, insisten las fuentes consultadas, nadie había hablado con nadie, ni los jefes de fila ni los segundos espadas.

Eso sí, esta 'cocina a fuego lento', como lo ha definido un veterano parlamentario, no significa que haya habido una completa inactividad. Si la vertiente política en este asunto ha estado paralizada los miembros de la comisión Constitucional, que preside el popular Arturo García Tizón, han tenido oportunidad de documentarse en múltiples aspecto técnicos: a finales de octubre del pasado año la comisión decidió la conveniencia de solicitar la comparecencia de especialistas en la materia.

Y a eso se han dedicado sus señorías en los últimos tres meses, a escuchar a un total de once personas expertas en distintas disciplinas, desde el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez, hasta el responsable de la Agencia de Protección de Datos, José Luis Rodríguez, pasando por varios catedráticos universitarios y profesionales de las relaciones institucionales. Hasta el momento ha habido tres sesiones de comparecencias, a una por mes desde enero; un ritmo que se quiere agilizar con dos nuevas convocatorias nada más pasar el paréntesis de la Semana Santa y Pascua. Los próximos días 10 y 17 habrá nuevas comparecencias, entre ellas la de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, la del director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, y la de Angels Barbará, presidenta de la Agència Catalana de Certificació.

Los miembros de la comisión han valorado hasta el momento de forma satisfactoria las aportaciones de los especialistas que han sido propuestos por los diferentes grupos parlamentarios. Algunos de ellos han hecho hincapié en que España es el único país europeo de importancia que no tiene una legislación que obligue a mantener una transparencia efectiva ante los ciudadanos por parte de sus administraciones públicas, circunstancia que la propia vicepresidenta Sáenz de Santamaría también ha destacado para acentuar el valor de la iniciativa del Gobierno.

Fuentes parlamentarias explican que a la vuelta de estas vacaciones 'habrá un impulso' a la tramitación del proyecto legislativo. 'El Gobierno retoma el interés ante el delicado panorama político y social que se ha asentado', aseguran varios parlamentarios de la oposición. El Gobierno ya les ha anunciado que el secretario de Estado Ayllón volverá a intentar llegar a un acuerdo de máximos con los grupos en un encuentro que se producirá a la vuelta de las vacaciones.

Con todo, la realidad es que en estos momentos el proyecto estrella del Gobierno de Rajoy se encuentra varado después de siete meses en sede parlamentaria. Las euforias iniciales sobre las bondades de esta iniciativa legislativa pueden tornarse en una complicación más para el Ejecutivo si no encuentra socios que le acompañen para hacer de esta ley un referente institucional. El mes de abril se presume decisivo para el futuro del rimo de su tramitación y, sobre todo, para definir sus contenidos que se mantienen tal como salieron de la mesa del Consejo de Ministros un lejano 27 de julio.