El Gobierno ha conseguido sacar adelante este jueves el real decreto sobre el nuevo complemento de maternidad en las pensiones y la flexibilización del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Y lo ha hecho con apuros y por la mínima. Hasta esta mañana, ERC y EH Bildu no han confirmado su abstención, una postura esencial para permitir la convalidación del decreto, pues se necesitaba mayoría simple. La votación se ha resuelto con un resultado muy ajustado: 168 votos a favor, 164 en contra y 16 abstenciones. 

Más allá del contenido de la norma, justificada por el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, para "luchar contra la brecha de género" y "no dejar a nadie atrás", casi todos los partidos que han intervenido desde la tribuna han manifestado su malestar por el uso "abusivo" de esta figura legal por parte del Ejecutivo. En este sentido, las críticas sobre este asunto han venido, especialmente, desde ERC, PNV, Bildu y Compromís, partidos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez en enero de 2020 y la aprobación de los primeros presupuestos del Gobierno de coalición.

Estos reproches no son nuevos, por otra parte, pero se suman a las críticas que estos partidos han venido haciendo sobre la "falta de diálogo" con ellos a la hora de abordar nuevas medidas antes de llevarlas al Parlamento, instándole a "cuidar" los apoyos, ya que el Ejecutivo no cuenta con mayoría absoluta en el Congreso para poder sacar adelante sus iniciativas. 

¿Qué dicen los socios del Gobierno?

Desde ERC reclaman que el Gobierno "está tensando la cuerda, que está a punto de romperse" debido al "abuso" de esta figura legislativa. "Se abusa del decreto ley para poder mezclar cosas buenas y no tan buenas, lo que nos obliga a decidir ante un dilema moral", ha señalado en el Pleno de este jueves el diputado republicano Jordi Salvador. Bel Pozueta, representante de EH Bildu, ha opinado que su partido no comparte la forma para aprobar medidas: "Una vez más, se actúa a hecho consumado sin tener en cuenta las competencias", ha opinado desde la tribuna. Y, sobre el uso "frecuente" de esta herramienta legislativa, la formación añade que "ya ni le sorprende" cada vez que llega un decreto al Congreso para ser convalidado o derogado.

El diputado del grupo nacionalista vasco Íñigo Barandiaran ha manifestado que hay materias para las que "no está justificada esa figura legislativa", como era el caso de de este decreto. Asimismo, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha señalado en varias ocasiones que el uso de los decretos "obliga a posicionarse frente a un todo o nada". "Tampoco ayuda que el Gobierno apruebe en Consejo de Ministros sin una negociación o diálogo previo", sostiene el grupo parlamentario. 

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, también se ha mostrado crítico en relación al empleo "excesivo" de los decretos. "Con esto, se intenta sortear que el Gobierno no tiene mayoría. Al final están posponiendo las negociaciones para sacar adelante las iniciativas, aunque luego se tramite como proyecto de ley", ha manifestado a Público. Por su parte, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, considera que el uso de esta figura legislativa es fruto de sacar las medidas "al día, deprisa y corriendo". Asimismo, opina que el Ejecutivo "abusa" de un recurso que "tiene que servir" para situaciones de urgencia": "Es un Gobierno cada vez más temeroso del Parlamento. Intenta sortear la relación intentando sortearla o reducirla a través del abuso de este recurso", apostilla. 

El Gobierno de Sánchez batió el récord en 2020

El real decreto-ley es una norma jurídica con rango de ley que está contemplado en el artículo 86 de la Constitución, dentro del capítulo relativo a la elaboración de las leyes. "En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes. Deberán ser sometidos a debate y votación en el Congreso en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso deberá pronunciarse sobre su convalidación o derogación", reza el texto. 

En cuanto a su uso, el actual Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el que más ha empleado esta norma jurídica. En su primer año, 2020, el Ejecutivo de coalición batió el récord al aprobar 39 reales decretos, superando las cifras de su anterior mandato surgido de la moción de censura contra Mariano Rajoy. La irrupción de la pandemia obligó a tomar medidas de importante calado social y económico, y de forma casi instantánea.

Y a esto se agarran los partidos que sostienen el Gobierno. "Muchos de ellos son fruto de haber vivido un año de pandemia", comentan desde el PSOE. Unidas Podemos se aferra a la "rapidez" que otorga la norma para poder tomar medidas para hacer frente a la emergencia sanitaria y económica. Prueba de ello son los ERTE, el Ingreso Mínimo Vital o la prohibición de todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Cabe destacar que todos los decretos convalidados de 2020, 38 –decayó sólo uno–, se tramitaron o lo están haciendo como proyecto de ley. 

En la legislatura anterior, Sánchez autorizó 43 reformas legislativas: 25, desde junio de 2018 –cuando salió investido– hasta diciembre del mismo año, y otros 18 en 2019, teniendo en cuenta que en esa ocasión las Cortes estuvieron disueltas durante varios meses debido a las dos convocatorias electorales. 

La reforma laboral de Rajoy y otros recortes, a golpe de decreto

En 2011, cuando las consecuencias de la crisis financiera eran aún latentes, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero avaló 19 decretos. Más tarde, en ese mismo ciclo, con la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa a finales de diciembre de 2011, el Ejecutivo conservador aprobó su primer real decreto-ley, considerado como "el mayor ajuste presupuestario y fiscal de la historia", en el que subía hasta un 7% el IRPF a millones de trabajadores, congelaba los salarios de funcionarios y reducía el gasto público en 9.000 millones de euros.

Ya en 2012, Rajoy dio salida a 29 decretos –su mayor cifra–, algunos tan polémicos como la reforma laboral, con todos los recortes de derechos que traja consigo, o el copago farmacéutico para los pensionistas. Y todo esto a pesar de que contaba con mayoría absoluta en la Cámara Baja. Tanto en 2013 como en 2014, el Ejecutivo conservador aprobó 17 reformas legislativas y, al siguiente año, dio luz verde a 12. En los dos ciclos posteriores, el expresidente del Gobierno sumó 7 y 21 decretos respectivamente a su contador.