La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que depende del Gobierno de España, ha cerrado 220 pozos ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana en lo que va de legislatura y prevé la clausura de otros 496 más en próximas fechas. "El dato global de los pozos en proceso de cierre sería de 716, de los cuales 220 ya han sido cerrados (la mitad de forma voluntaria por los propietarios y la otra mitad por la propia CHG); 70 se van a cerrar este verano y el resto se hará cuando concluya el proceso de reclamación administrativa", aseguran a Público desde la CHG.

Mientras tanto, el PP andaluz, en alianza con Vox, prosigue adelante con la ley especial que amplía regadíos en el entorno de Doñana –modifica el Plan de la Corona Forestal de Doñana, el conocido como plan de la fresa, de 2014– y que ha causado alarma en la Comisión Europea, que ha amenazado con sanciones a España: la próxima semana comenzará su tramitación en el Parlamento autonómico. El Gobierno andaluz y el PP, para defender su normativa, se escudan en que lo que se propone no implica recurrir a agua del acuífero de Doñana, sino que los regantes podrían acudir a aguas superficiales. 

Para cerrar un pozo, la Confederación sigue un procedimiento que, después de abrir un expediente sancionador, concluye "con el sellado con hormigón de las captaciones y el desmantelamiento de tuberías e instalaciones eléctricas, no sólo de los pozos sino también de balsas, conducciones y demás infraestructuras complementarias".

Además, añade la CHG, la clausura de pozos también viene por otra vía: la puesta en marcha de la zona regable de El Fresno del Guadalquivir, "que se produce gracias a la entrada en funcionamiento de la primera parte del trasvase del Tinto-Odiel-Piedra a la demarcación del Guadalquivir, lo que ha permitido sustituir el agua subterránea por agua superficial". Estos "trabajos de cierre comenzaron en 2021, ya se han cerrado 443 y quedan pendientes 48, hasta un total de 491", por lo que, según la CHG, "al término de la legislatura, serán unos 1.200 los sondeos cerrados en un plazo de cuatro años".

A pesar de los esfuerzos por combatir un robo de agua que preocupa en Bruselas, no se ha avanzado apenas en la reducción de las hectáreas regadas irregularmente, un asunto de primer orden y que supone un severo problema desde la aprobación del plan de la fresa, en 2014. 

Desde 2016, según el Ministerio para la Transición Ecológica, la CHG ha realizado nueve campañas de teledetección que han permitido identificar una media de 1.013 hectáreas de invernaderos situadas fuera de suelo agrícola regable del plan de la fresa. Esta es una cifra de un volumen muy importante, porque, en comparación, las hectáreas de cultivos bajo plástico legales están entre las 4.630 del otoño de 2017 y las 5.912 de la primavera del año 2020. En la primavera de 2022, el último dato disponible, eran 5.215, según el ministerio.

¿Por qué si se han cerrado centenares de pozos no se logra detener el fenómeno del regadío ilegal? "Porque los cogen de otro pozo o se abre uno nuevo o de donde sea. La cuestión es eliminar el regadío ilegal, para ello no basta con cerrar el pozo. El cierre de los pozos no tiene efectividad si el día después del cierre las fincas se siguen regando. La CHG hace su trabajo, y la Junta, como competente en ordenación del territorio, escurre el bulto y se lo coloca a la Confederación, pero si al día siguiente se vuelven a abrir...", afirma Juanjo Carmona, de WWF.

Carmona, que reconoce los esfuerzos de la CHG, aporta una idea: aplicar, dice, el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que prevé, de forma motivada, la imposición por la Administración de medidas provisionales, y que el letrado de WWF resume de este modo: "Sencillamente, veo una finca regada, llego y la cierro. Y ahora, explique al tribunal en un contexto como el que estamos, de escasez, de sequía por qué tiene usted que seguir regando sin tener un solo papel. No hay juez en España que levante eso".

"Esta actividad de control es fundamental y debe reforzarse, y se excluye cualquier incremento en la superficie con concesión para riego o susceptible de conseguirla. La política de incremento cero del regadío es piedra angular de la planificación hidrológica en Doñana", asume el Gobierno en el documento en el que expone su plan de actuaciones para la zona. 

Esta idea de regadíos cero choca frontalmente con la proposición de Ley que ha presentado el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla junto con Vox precisamente para ampliarlos, cuya toma en consideración se verá en el Parlamento de Andalucía dentro de dos semanas. La Comisión Europea, que conoció de la nueva regulación por la organización conservacionista WWF –que considera una amnistía a los regadíos ilegales la normativa– envió al embajador de España ante la UE una carta en la que amenazaba con promover sanciones –existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra España por no cuidar los acuíferos– si la Junta de Andalucía aprobaba la legislación.

En esa misiva, además, la Comisión, entre las medidas a tomar, señalaba que "revisten particular importancia aquellas encaminadas a acelerar las acciones de control e inspección que aseguren el cierre y sellado de todos los pozos ilegales que persisten en el entorno de Doñana". Para ello, ofrecía ayuda económica: "A tal efecto, sería posible financiar a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia proyectos para la digitalización y la medición de las abstracciones de agua en Doñana".

"Es necesario garantizar de forma inmediata la protección estricta de los excepcionales valores naturales de Doñana, especialmente teniendo en cuenta el actual contexto en el que las precipitaciones son cada vez más irregulares por causa del cambio climático. Es preciso ejecutar plenamente la sentencia de 24 de junio de 2021", escribió la directora general de Medio Ambiente de la Comisión.

Fortaleza asediada

Este es el análisis que hace el Ministerio de Transición Ecológica, recogido en el documento marco, de lo que sucede hoy en la zona: "El deterioro de amplias zonas del territorio de Doñana se debe a la intensificación de la acción humana en su entorno. En los últimos veinticinco años, hemos asistido a un gran crecimiento de la agricultura intensiva en la periferia del Parque Nacional, basada en extracciones del acuífero de Doñana. Se ha formado una franja de orientación Suroeste-Noreste con una anchura de entre 5 y 10 kilómetros, que bordea los límites del Espacio Natural con descensos crecientes en los niveles de las aguas subterráneas".

"Como resultado –añade el Ministerio–, tres de las cinco masas de agua subterránea (Rocinas, Almonte y Marismas) que forman el acuífero de Doñana se han clasificado como en mal estado en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir, y se han declarado como en riesgo de no alcanzar el buen estado, lo que permite diseñar y ejecutar las medidas necesarias para revertir el estado de explotación de los acuíferos".

Además de la presión de la agricultura sobre el acuífero de Doñana, el núcleo turístico de Matalascañas "también se abastece de aguas subterráneas y, aunque el volumen total es relativamente pequeño, se trata de una demanda muy concentrada en el tiempo y el espacio, que está afectando a las lagunas más cercanas del complejo de las lagunas peridunares del Parque Nacional, uno de los ecosistemas más valiosos del mismo".

Las consecuencias de esta situación, concluye el ministerio, "son más patentes en el actual periodo desde 2010/11, sin años húmedos y en el que la marisma, sin lluvias y con una cuenca aportadora muy reducida, apenas se cubre de agua, con resultados adversos para toda la biodiversidad que depende de ella".

La marisma, que se inunda con aguas superficiales, perdió, según el Ministerio, la mayor parte de su aportación natural "antes de la creación del Parque Nacional: en los años sesenta sufrió la amputación del Río Guadiamar, desviado directamente al estuario del Guadalquivir para facilitar la planeada desecación de la marisma para su posterior transformación agraria".

Para el ministerio, el Parque Nacional de Doñana es hoy una "fortaleza asediada, rodeada de un entorno cada vez más afectado por la presión humana sobre los recursos hídricos: Doñana y su entorno ya no son un lugar remoto y marginal, sino un espacio natural emblemático situado en una comarca densamente poblada, cuya economía se basa en la agricultura intensiva avanzada, orientada a la exportación, y el turismo".

Así, el Gobierno, en línea con los planteamientos de la Comisión Europea, trabaja en la estrategia contraria a la de Moreno para Doñana: proteger los acuíferos: "Es imprescindible detener y revertir esta presión creciente sobre los recursos hídricos que amenaza los valores de Doñana". Para ello, además de "eliminar las extracciones ilegales", el ministerio propone revisar los consumos legales, "tomando medidas para disminuirlos". El choque de trenes entre la Junta de Andalucía y el Gobierno está servido.