El Gobierno andaluz recupera un polémico macroproyecto de campos de golf con viviendas en Barbate

El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, ha aprobado en su reunión de este martes impulsar un macroproyecto con campos de golf, hoteles, apartamentos turísticos y viviendas en Barbate (Cádiz), justo al norte de un parque natural, el de la Breña, que implica una recalificación de suelos de centenares de hectáreas y que podría estar en desarrollo hasta el año 2037.

La inversión, de ejecutarse al completo, podría conllevar la creación de un nuevo núcleo de población. El Ayuntamiento de Barbate ya ha iniciado modificaciones del Plan Urbano del municipio para sacarlo adelante, según se ha publicado en el BOJA. La tasa de paro en Barbate, una localidad de 22.000 habitantes, era en 2020 del 44%, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Ecologistas en Acción rechaza de plano la idea que, considera, es un pelotazo: "El verdadero interés es el residencial, unido al especulativo, ya que la empresa promotora dispondrá de una enorme extensión de suelo urbanizable adquirido a precio de rústico".

Este es un proyecto que viene de lejos. En julio del año 2011, el Gobierno andaluz, entonces presidido por José Antonio Griñán (PSOE), decidió declararlo como "de interés turístico". Con ello, según Ecologistas, se saltó el bloqueo a los desarrollos urbanísticos sin límite que ellos mismos habían establecido en el Plan de Ordenación del Territorio y cometió "un fraude de ley". El Defensor del Pueblo también se manifestó en contra de esta puerta a la recalificación en términos muy contundentes en su momento.

En ese acuerdo de hace diez años se describe de la siguiente manera el proyecto Següesal Golf Resort: "Contemplaba la construcción de un campo de golf de 18 hoyos, dos establecimientos hoteleros de cuatro estrellas, uno con 150 y otro con 200 habitaciones, así como un total de 734 viviendas y 956 apartamentos turísticos, sobre una superficie de 467 hectáreas. La declaración de interés turístico que se aprueba en el presente acuerdo abarca una superficie de 312 hectáreas ampliable en fases posteriores hasta las 467 hectáreas con los límites acogidos en los parámetros y condicionantes determinados en el punto primero. En cuanto a la oferta complementaria y compatible, la actuación prevé instalaciones destinadas a uso deportivo, un centro hípico, un centro de salud y belleza y equipamientos para uso comercial, administrativo y docente".

Un informe del Ayuntamiento de Barbate –incluido en la tramitación de la modificación del plan urbano– de este año reduce algo las dimensiones del plan inicial de la empresa Bogaris Barbate SL, que aún sigue siendo notable: "La capacidad de plazas, alojamientos, viviendas y edificabilidades autorizadas por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía es la siguiente: 235 habitaciones hoteleras dobles/triples; 636 apartamentos turísticos; 450 viviendas y apartamentos residenciales nuevos; 49 viviendas existentes para regularizar; un total de plazas previstas entre los distintos usos de 2.993; una edificabilidad para el área de Golf de 19.417 metros cuadrados, una edificabilidad para el Área Turístico Residencial de 166.062 metros cuadrados".

Una gatera legislativa

Diez años después de que la crisis económica y el desinterés de las posteriores administraciones lo hubieran frenado, ahora el gabinete de Juanma Moreno (PP), a petición de los promotores, ha recuperado el proyecto y ha utilizado para impulsarlo de nuevo una gatera prevista en un decreto-ley aprobado a finales de 2019: la unidad aceleradora de proyectos de interés estratégico en Andalucía, lo que implica una alfombra roja para el proyecto. La empresa Bogaris presentó su solicitud a la Junta de Andalucía el 7 de junio y el Gobierno la ha aprobado tan solo 22 días después, según ha podido saber Público.

Ese decreto define los proyectos estratégicos como aquellos que superen los 25 millones de euros y que tengan "especial relevancia para el desarrollo económico, social y territorial, y que sean medioambientalmente sostenibles", entre las que detalla proyectos industriales, de I+D+i, de Economía Circular. El propio decreto excluye "con carácter general" las inversiones "residenciales". En resumen, que, de la lectura de la norma se extrae fácilmente la conclusión de que lo que pretende impulsar son inversiones empresariales muy diferentes de los campos de golf.

Sin embargo, la norma deja una rendija: "El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en la materia, podrá acordar la asignación a la unidad aceleradora de proyectos, de todas aquellas iniciativas que por su importancia o naturaleza contribuyan al logro de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía establecidos en el artículo 10 del Estatuto de Autonomía para Andalucía".

En este caso, según el Gobierno andaluz, estos objetivos son "la consecución de empleo estable y de calidad en todos los sectores de producción, y al aprovechamiento y la potenciación de los recursos naturales y económicos de Andalucía bajo el principio de sostenibilidad, así como a la promoción de la inversión pública y privada". 

El proyecto recibirá ahora un decidido impulso por parte de la Junta de Andalucía, que deberá atenerse a lo solicitado por el promotor, según recoge el decreto-ley. "Una vez se haya declarado la inversión de interés estratégico, la [Junta de Andalucía] prestará asistencia y asesoramiento a las personas o entidades promotoras sobre todos los trámites necesarios para la efectiva puesta en marcha y ejecución del proyecto, [que] deberá ejecutarse de conformidad con la solicitud presentada por el promotor, especialmente en lo relativo a los plazos, volumen de inversión y empleo".

"Delirios del crecimiento"

Las asociaciones conservacionistas rechazan el proyecto con toda rotundidad. Según Ecologistas en Acción, que ha presentado alegaciones en contra, ahonda en un modelo económico extractivo, de sol y playa, de consumos de agua insostenibles y supone un "fiel ejemplo de los delirios del crecimiento urbanístico ilimitado que impregnó la política urbanística en Andalucía y en todo el país en las dos últimas décadas, y que llevó al desastre económico y social".

"El Ayuntamiento de Barbate pretende rescatar e impulsar un modelo urbanístico obsoleto para fomentar de nuevo el sector inmobiliario, que se ha demostrado letal como elemento dinamizador de la economía, y cuando la burbuja inmobiliaria ya explotó y generó una crisis sin precedentes. El actual PGOU, que se pretende revitalizar, y los proyectos que se tramitan paralelamente, pivotan sobre la destrucción de parte de los recursos naturales del municipio: masas forestales, suelo, paisaje, litoral, espacios protegidos…", afirma Ecologistas.

Ecologistas remacha: "Es necesario dar un giro radical al modelo urbanístico que se ha venido fomentando en las últimas décadas, para configurar un nuevo modelo de ciudad que garantice la sostenibilidad urbana, la preservación y potenciación de los recursos naturales y el bienestar y el futuro de la mayoría de los ciudadanos".