El Gobierno andaluz detecta un agujero de 143 millones en ayudas para formación sin justificar

SEVILLA.- El Gobierno andaluz inició hace 38 meses una investigación interna para esclarecer si hubo fraude en la concesión de ayudas públicas a la formación de parados. Era una investigación administrativa que iba a discurrir en paralelo al proceso judicial sobre la misma causa, abierta en una veintena de tribunales andaluces. La iniciativa de la Consejería de Empleo ha llevado a revisar, uno a uno, los 8.509 expedientes vivos de ayudas para cursos de formación a parados concedidos entre 2007 y 2012. Hasta la fecha, el Gobierno de Susana Díaz ha revisado un total de 5.808 expedientes, de los cuales se han detectado irregularidades en 1.321. De ellos, la Junta reclama el reintegro de 143 millones de euros a empresas de formación por no haber justificado debidamente el uso correcto de las subvenciones.

Ojeda formó parte del Ejecutivo andaluz en los años ochenta, pero lleva años apartado de la política activa y ahora es dueño de un entramado de empresas de formación a parados que se encuentra bajo investigación judicial. Hasta la fecha, el exconsejero ha presentado 60 recursos contencioso-administrativos contra la Junta por la reclamación del dinero sin justificar. Sostiene que ha ganado 28 litigios por un importe de casi 4,5 millones de euros que ya no tendrá que devolver a la Administración autonómica. El TSJA admitió el argumento de los abogados de Ojeda, que habían alegado que el plazo para solicitar el reintegro de ayudas (12 meses) había expirado, y los jueces rechazaron las motivaciones de la Junta para ampliar ese plazo.