El Gobierno andaluz cesa ahora a un alto cargo al que la Policía acusó hace meses de presuntas irregularidades
José Cara, que cometió las supuestas ilegalidades cuando era alcalde de La Mojonera, entre 2005 y 2011, deja el Instituto de Formación Agraria y Pesquera y es sustituido por Lourdes Fuster, una de las abogadas del PP en el caso de los ERE
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sevilla,
Un alto cargo de la Junta de Andalucía, José Cara (PP), al que la Policía acusó hace meses de haber cometido actividades presuntamente irregulares cuando era alcalde de La Mojonera, un municipio de Almería, cesó hace unos días, según la versión oficial, "a petición propia". Su puesto, director general del IFAPA (Instituto de Formación Pesquera y Agraria), lo va a ocupar ahora Lourdes Pastor, que. Fue una de las abogadas del PP en el caso de los ERE fraudulentos, que terminó con condenas –a la espera del Supremo– para los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos del PSOE.
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El caso de Cara ha supuesto, de momento, un leve dolor de cabeza para el Gobierno andaluz, que ha defendido al dirigente almeriense durante meses, pero el caso podría complicarse si el juzgado toma decisiones contra él. El argumento utilizado por el partido y por el Ejecutivo que preside Juanma Moreno es que Cara no había sido procesado. El propio vicepresidente Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía, se tuvo que comer el sapo de cubrirle las espaldas al alto cargo, nombrado por el PP, en el Parlamento de Andalucía.
Una de las banderas que ha enarbolado el Gobierno de PP y Ciudadanos tras su llegada al poder en Andalucía es la de la "regeneración" democrática tras 36 años de ejecutivos del PSOE. El caso de Cara discutía la veracidad y el rigor de ese discurso. El mensaje que busca la Junta con el nombramiento de Fuster en lugar de Cara es ahora el contrario.
La policía, en un informe elevado al juzgado número 3 de Almería, asegura que en su etapa como regidor, entre los años 2005 y 2011, Cara ejecutó varias ilegalidades vinculadas a una constructora.
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Por un lado, según los agentes, Cara ignoró los reparos e informes desfavorables, emitidos por la secretaria municipal y el Interventor del Ayuntamiento, que hubieran dado lugar a la paralización de las adjudicaciones.
Por otro lado, Cara tenía participaciones en una sociedad, Gesponiente, que se hizo con terrenos municipales "valorados en un total de 1,7 millones de euros". El entonces alcalde, hoy alto cargo de la Junta de Andalucía, ocultó, según la UDEF, que era el dueño de las participaciones.
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La policía cierra de este modo su informe: "En definitiva, José Cara González interviene directamente en expedientes de permutas y subastas de terrenos, además de otros de adjudicación de obras con empresas con las que comparte intereses económicos directos, integradas en el grupo Hispano Almería, es decir, Gesponiente y Alcosan Almería".
Estupor en el PSOE
El PSOE, en la oposición, arremetió contra el Gobierno en un comunicado: "Se trata de un cese que el Grupo Socialista había solicitado debido a su condición de imputado por delitos de corrupción en su etapa como alcalde de la Mojonera en Almería. En el colmo de del esperpento, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, el Señor Marín, anunció una demanda de Cara ante mi petición de su dimisión en el trascurso de un debate en el Pleno del Parlamento", manifestó Gerardo Sánchez, portavoz de Agricultura de los socialistas.
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Sobre el nombramiento de Fuster, el PSOE afirmó lo siguiente: "Causa estupor que para tan importante responsabilidad se elija a alguien cuyo único mérito es haber sido una de las abogadas del Partido Popular en la causa judicial de los ERES y que ha visto con este cargo cómo se ve recompensado su trabajo a costa del bolsillo de todos los andaluces. Hay que recordad que Fuster ya fue nombrada subdirectora de la Agencia de Medio Ambiente y Agua en un oscuro concurso del que todavía no sabemos qué baremación utilizaron pese a que la hemos solicitado de forma reiterada", destacó Sánchez.
El portavoz del PSOE remachó: "Estamos ante un ejemplo más de cómo el gobierno de derechas de la Junta de Andalucía utiliza las instituciones para pagar prebendas sin importarle lo más mínimo su funcionamiento y cómo sus socios de gobierno (Ciudadanos) miran para otro lado convirtiéndose en cómplices de estas practicas".