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Justicia paraliza la privatización del Registro Civil

Buscará un nuevo modelo ante las protestas ciudadanas e intentará alcanzar un consenso que satisfaga a los sectores críticos

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una imagen de archivo. EP

PÚBLICO / AGENCIAS

Catalá dice ahora que el Gobierno no impondrá "ningún modelo sin consenso" cuando el PP ha aprobado una Ley en solitario que privatiza este servicio

MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este viernes que la privatización del Registro Civil a través de la encomienda a los registradores de propiedad y mercantiles de su gestión queda de momento aplazada. Debía ponerse en marcha el próximo 15 de julio.

Así lo ha señalado este viernes el propio Catalá en unas declaraciones a las puertas del Tribunal Supremo, donde había acudido a un acto.

La decisión del departamento dirigido por Rafael Catalá de encomendar a este colectivo este servicio ha levantado duras críticas en los últimos meses. Los partidos de la oposición, funcionarios de la administración de Justicia, sindicatos u otros colectivos como los secretarios judiciales, han expresado su oposición a lo que consideran una "privatización" encubierta.

Por ello, el Ministerio intentará alcanzar un "consenso" que satisfaga a estos sectores críticos y se ha mostrado dispuesto a estudiar cualquier propuesta que se le haga en este sentido. "El Ministerio sigue trabajando para cumplir con el mandato de las Cortes y sigue abierto a las sugerencias que le hagan llevar registradores, secretarios judiciales, sindicatos y grupos de la oposición", han indicado estas fuentes.

El Gobierno "no va a proponer un modelo de reforma del registro civil que no sea compartido por el conjunto de los agentes" y por lo tanto abandona la propuesta que hasta ahora había promovido y también le fecha que tenía prevista para ponerlo en marcha (15 de julio), ha agregado.

El Parlamento ya había aprobado la la Ley 18/2014, de 15 de octubre, que atribuye la gestión de los Registros Civiles a los Registradores a partir de julio de 2015.

Ahora, Catalá seguirá promoviendo el diálogo hasta encontrar una propuesta compartida por sindicatos, autonomías, partidos y otros agentes, al tiempo que advierte de que, en todo caso, no van a estar dialogando "sine die".

El Gobierno quiere "un servicio público de calidad, mejorar la gestión del registro civil para que de mayor calidad a los ciudadanos", ha asegurado el ministro.

En ese sentido, ha recordado que en 2011 se inició su desjudicialización y se planteó que esa reforma consistiera en entregar a los registradores, que son funcionarios públicos, ese servicio. "Pero hemos constatado que existe una oposición importante por sindicatos y partidos", ha explicado.

No harán bandera de la fecha prevista

Tras reiterar la voluntad del Gobierno "para seguir haciendo reformas, pero a través del dialogo y el consenso", el ministro ha incidido en que, al constatar esa falta de consenso, han planteado que no harán "bandera" de la fecha prevista y que esperarán alternativas al modelo.

"A día de hoy, de todos modos, todavía no hemos recibido ninguna alternativa, pero lo cierto es que le he transmitido al Colegio de Registradores que no vamos a imponer ningún modelo sin consenso", ha anunciado el ministro

El ministro ha reiterado en incontables ocasiones que el Registro Civil no se va a privatizar y ha garantizado que este servicio seguirá siendo "gratuito, público y cercano al ciudadano" gracias a la progresiva implantación de medios telemáticos.

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