El Gobierno afirma que los crímenes del franquismo no pueden ser llamados genocidio

MADRID.- Al menos, 132.202 ciudadanos, que defendieron la legalidad y la democracia de la II República, fueron asesinados durante la Guerra Civil. Otros 200.000 ciudadanos, que el régimen fascista consideró como republicanos, murieron en las cárceles y campos de concentración de la España franquista. Y en las cunetas de cualquier carretera secundaria del país hay enterrados cerca de 114.000 desaparecidos. De hecho, las Administraciones Públicas tienen constancia de 1.204 fosas comunes sin abrir. A estas cifras hay que añadir el aterrador balance represor de la dictadura que desde 1939 hasta 1978 manejó cualquier espacio de poder del Estado español. 

El Ejecutivo alega también que la Audiencia negó la calificación de dichos delitos como de "lesa humanidad" cuando rechazó la extradición de otros tres torturadores

De esta manera, el Ejecutivo alega también que la Audiencia Nacional negó la calificación de dichos delitos como de "lesa humanidad" cuando rechazó la extradición de otros tres torturadores de la dictadura franquista, entre ellos se encuentra 'Billy el niño', por considerar que los delitos no formaban parte de un "ataque sistemático y organizado a un grupo de población". 

"De probarse que los ciudadanos españoles encausados en Argentina fueron culpables de los delitos de los que se les acusa, éstos no serían ni genocidio ni lesa humanidad y, por tanto, habrían prescrito. El principio de la extinción de la responsabilidad penal es otro de los principios básicos de nuestro derecho que no cabe soslayar", señala el escrito del Gobierno al que ha tenido acceso este diario. 

La respuesta del Ejecutivo a las preguntas planteadas por el diputado de Amaiur trasladan la idea de que los crímenes de la dictadura son imposibles de juzgar.

En segundo lugar, porque estos crímenes están protegidos por la Ley de Amnistía de 1977, "instrumento fundamental de reconciliación entre los españoles". Y en tercer lugar porque, aún en el hipotético caso de que el Estado derogara la Ley de Amnistía, las exigencias "del principio de legalidad" no permitirían que fueran juzgadas de manera retroactiva "sucesos ocurridos bajo el ámbito objetivo de la aplicación de la Ley de Admnistía". 

Grupo de expertos de la ONU señaló que estos argumentos del Gobierno "carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los Derechos Humanos"

"El Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos", señalaron, al insistir en que "la tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa Humanidad", señalaron cuatro expertos de la ONU en Derechos Humanos tras la negativa de España a extraditar a Argentina a responsables de la dictadura argentina.