El Gobierno de Carles Puigdemont estableció tres posibles escenarios para conseguir la declaración unilateral de independencia y la creación de un "Estado propio" y, además, diseñó una hoja de ruta para llegar a este fin, según un segundo atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press.

Este informe ha sido remitido a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapeo; a la intendente, Teresa Laplana; y a los presidentes de ANC y Òmnium Cultura, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por un delito de sedición en relación a los incidentes que tuvieron lugar los pasados días 20 y 21 de septiembre a las puertas de la Consejería de Economía en Barcelona.

La Guardia Civil contempla que el primero de los escenarios, el más "deseable" para el Gobierno de Puigdemont --apuntan--, sería la aceptación de la declaración de independencia y la "creación de un estado propio negociando la desconexión". El segundo escenario prevé una "reacción violenta del Estado con dos consecuencias: que pierdan o que resistan". "Caso de resistir deberían generar más conflicto y tendrían que poner en marcha el plan de desconexión forzosa obligando a un referéndum acordado que llevase a la creación de un estado propio", añade.

Como última alternativa, se sitúa el rechazo de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y se abre la posibilidad de "oferta de negociación", aunque de antemano "no contemplan aceptar" por lo que se exigiría un referéndum que "podría llevar nuevamente a generar más conflicto y desconexión forzosa".

Dos etapas para llegar al "Estado propio"

Por otro lado, los investigadores señalan que la creación de ese Estado propio se daría en "dos etapas". La primera se haría a cargo de un "gobierno de transición", que se encargaría de diseñar un "plan estratégico creíble, realizable y de consenso"; y la segunda la realizaría un "gobierno de independencia" que seguiría todas las instrucciones del primero para "crear un nuevo Estado por la vía del pacto o de la unilateralidad".

El primer gobierno se encargaría de crear las "herramientas", como las leyes de desconexión y la movilización social, para el nacimiento de un nuevo Estado y su "reconocimiento internacional", así como evaluar los "riesgos" de la transición. "Una vez realizado este trabajo convocará elecciones cuando sepa que habrá un nuevo parlamento independentista", subraya el informe del Instituto Armado.

Según detalla la Guardia Civil, la estrategia de la Generalitat señala por hacer una oferta de sumar las fuerzas pro-referéndum y, a partir de ahí, pactar la consulta independentista con el Gobierno central. "En caso de que este no acepte se producirá un conflicto que puede derivar incluso en la creación de un Estado propio y a partir de ahí derivar en un referéndum acordado", subraya.

Los pasos a seguir se detallaron en un informe denominado #EnfoCATS. Reenfocant el procés d'independència per a un resultant exitós. Proposta estratègica", incautado el pasado día 20 de septiembre durante el registro del domicilio particular del secretario general de la vicepresidencia de Economía y Hacienda, Josép María Jové, que fija como objetivos: "sumar mayorías, inspirar confianza y trabajar con garantías de éxito".

Este documento que se incluye en el atestado de la Guardia Civil fija como inicio de dicha "hoja de ruta hacia la independencia" en las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre de 2015 y establece un organigrama de responsabilidad en el que se incluye a Trapero como "ejecutor" del plan.

Hace hincapié en que la negociación de una desconexión y el pacto de una consulta independentista es la "fórmula óptima", pero si no se llega a este acuerdo, "como último recurso" se provocaría un "conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica" que fuerce al Gobierno de Mariano Rajoy a aceptar la negociación de la separación de España.

Una pegatina con la bandera española y la senyera, rasgada en un cartel Barcelona. REUTERS

Generar "conflicto democrático"

"La DUI generará conflicto que bien gestionado puede llevar a un estado propio porque concluyen que el Estado español no reconocerá el derecho a hacer un referéndum pero si lo ve todo perdido lo hará hacer para que lo perdamos", prevé el informe del gobierno catalán. Por otro lado, EnfoCATS destaca que "precipitar una DUI sin haber trabajado a fondo estos valores la haría poco atractiva a los ojos de la comunidad internacional".

La Guardia Civil contempla en su atestado que las leyes necesarias de desconexión, como la de transitoriedad, aprobada por el Parlamento de Cataluña y suspendidas por el Tribunal Constitucional, es uno de los mecanismos indicados en esta hoja de ruta que debería realizar el "gobierno de transición".

Asimismo, se establece un plan de actuación en caso de recurrir a la "desconexión forzosa", en el que se "incrementará paulatinamente el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado". Precisa que se necesita para ello "una clara determinación ciudadana" que apoye y se "implique activamente", además de la "complicidad internacional".

Las intervenciones telefónicas acreditan que los organizadores disponían de "un sistema de información para organizar la resistencia"

La Guardia Civil ha acusado al director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, de montar "contravigilancias" para "blindar" a los miembros de la Generalitat y a los organizadores del referéndum del 1 de octubre a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional. También se acredita que los organizadores de la consulta disponían de "un sistema de información para organizar la resistencia" en la calle.

En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido a la Audiencia Nacional figuran numerosas conversaciones telefónicas autorizadas por el Juzgado 13 de Barcelona. En una de ellas, el 29 de septiembre, el director de Patrimonio de la Secretaría de Hacienda, Francesc Sutrias, le dice a Pere Soler (fue nombrado director de los Mossos el pasado 18 de julio) que "necesita estar tranquilo en su despacho, su coche y su casa".

El máximo responsable político de la policía autonómica le contesta que "ha aumentado la contravigilancia a los que han estado expuestos".
"Como se observa", advierte la Guardia Civil, "la Generalitat utiliza a su policía autonómica para realizar funciones de protección y seguridad de sus miembros, no contra acciones de terceros que puedan infringir la ley para tratar de perjudicarles, sino contra la actuación de un juez o de una investigación policial".

"Es obvio", añade el instituto armado, "que las órdenes para el cumplimiento de los requerimientos se transmiten a través del jefe policial, Josep Lluís Trapero". En el intento de "blindar a los miembros del Gobierno catalán", la Guardia Civil destaca que los investigados el 20 de septiembre por el Juzgado 13 de Barcelona utilizaron precauciones y sistemas de contravigilancia "propios del comportamiento de delincuencia organizada".

Para ello, usaron sistemas de mensajería que no son susceptibles de intervención y recurriendo a "diálogos prácticamente surrealistas" para dificultar la labor policial. "Demuestra un grado de conocimiento de las técnicas policiales de investigación", apunta el instituto armado.

La Guardia Civil ha acusado a los organizadores del 1-O de "montar un sistema de información" que cubría los movimientos que realizaban tanto el instituto armado como la Policía Nacional para que los responsables del referéndum ilegal del 1 de octubre que se encontraban en cada colegio organizaran la "resistencia adecuada para evitar la entrada en el mismo y que pudieran intervenir las urnas".

Para ello, "en ocasiones se montaron barricadas y en otras colocaron a ancianos y a niños en primera línea para disuadir a los agentes", según el atestado de la Guardia Civil enviado a la Audiencia Nacional en la causa en la que se investiga por sedición al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y a los presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cruixart.

Tras la autorización del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, la Guardia Civil ha enviado a la Audiencia Nacional las intervenciones telefónicas de seis altos cargos a los que se sitúa en el entramado de la organización del referéndum del 1-O.

Estos altos cargos son: el exsenador de ERC Santiago Vidal; el director del Instituto de Estudios de Autogobierno de la Consejería de Presidencia, Carles Vivier Pi-Sunyer; el secretario general de la Vicepresidencia de Economía, Josep María Jove; el director de Patrimonio de la Secretaría de Hacienda, Francesc Sutrias; la directora de Servicios de Economía, Natalia Garriga; el técnico en Tecnologías de la Comunicación Joan Manel Gómez; y el responsable de la Fundación Puntcat, Josep Masoliver Puig.

Reunión del Govern de la Generalitat presidido por Carles Puigdemont. REUTERS

Connivencia entre Mossos y altos cargos

A los agentes de Policía Judicial les llama la atención la actitud de los Mossos d'Esquadra y su connivencia, de acuerdo a las intervenciones telefónicas, con los altos cargos detenidos el día 20 por orden del Juzgado 13 de Barcelona. De esto da cuenta el técnico Joan Manel Gómez cuando por teléfono cuando revela que, estando en los calabozos, "el cabo jefe de la sección" le transmitió su "apoyo y lo que sea". "Mucha fuerza y muchas gracias por lo que estáis haciendo, fuerza, fuerza", le dijo el policía durante su arresto.

El alto cargo de la Consejería de Presidencia Carles Vivier Pi-Sunyer explica en otra conversación intervenida por la Guardia Civil que Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, juega un papel relevante en las movilizaciones. "Tiene la suficiente autoridad para decidir cuándo se debían de celebrar las manifestaciones y cuándo no en función de las prioridades o ventajas que la situación les marque".

Las intervenciones telefónicas acreditan que los organizadores del referéndum tenían el "total convencimiento que fue la presión popular" el día 20, cuando los registros en varias consejerías, "la que impidió que las detenciones llegasen hasta el presidente Puigdemont o el vicepresidente Junqueras, y que los agentes habían valorado que si las realizaban podían tener un problema". También constatan que ven improbable mantener el "control que ejercen de la ciudadanía" hasta el 1-O.

En otro momento del atestado, es la mujer de Josep María Jove, el que fuera número dos de Oriol Junqueras, el que transmite a su marido que "un tal César" le había enviado un mensaje por si tenía que reunirse "con el mayor", en referencia al jefe de los Mossos, Josep María Trapero.

Agentes de los Mossos D'esquadra, cerca del Parlament catalán. REUTERS/Gonzalo Fuentes