Dos gemelos presentan una querella por torturas policiales en Barcelona durante el franquismo

Dos gemelos, María Isabel y José Pablo Ferrándiz, a través de la asociación en defensa de los derechos humanos Irídia, han presentado este martes una querella por torturas durante el franquismo. Ambos hermanos fueron detenidos con 17 años, en 1971, y trasladados a la comisaría de la Policía Nacional de la Via Laietana de Barcelona.

La querella, presentada este martes en el juzgado, se dirige contra al menos cuatro personas, miembros del Cuerpo General de Policía, adscritos a la Sexta Brigada Regional de Investigación Social de la Prefectura Superior de Barcelona, con sede en Via Laietana. Todos ellos están acusados de delitos de lesa humanidad mediante torturas.La actual comisaría como un centro de Memoria Democrática

La organización a favor de los derechos humanos ha presentado la denuncia en el marco de la campaña Via Laietana 43. Irídia pretende que la actual comisaría situada en esta céntrica avenida de Barcelona pase a ser un centro de memoria sobre la represión y las torturas en el franquismo.

Esta asociación ya había presentado una querella representando al sindicalista Carles Vallejo por torturas en las mismas dependencias, que finalmente un juzgado de instrucción de Barcelona inadmitió a trámite -pese a que la Fiscalía había pedido su admisión-. La organización pro derechos humanos decidió recurrir esta decisión. La detención y torturas a los gemelos Ferrándiz

Según consta en el escrito, los gemelos Ferrándiz sufrieron torturas en la comisaría de Via Laietana tras ser detenidos en 1971 por su militancia antifranquista, con tan solo 17 años de edad, acusados de formar parte de la organización Jove Guàrdia Roja.

La noche del 23 de abril de 1971 cuatro agentes de la Brigada Político-Social (BPS) entraron a su casa y comenzaron a registrar la vivienda buscando “lo que el régimen franquista calificada de propaganda ilegal”, por su vinculación a la organización juvenil, ligada al Partido Comunista de España Internacional (PCE-I).

“La detención de los hermanos Ferrándiz tuvo lugar junto a la de, al menos, otros 20 miembros del PCE-I, que al parecer consiguieron detener a través de un infiltrado”, recoge la denuncia.

Ambos fueron detenidos, según cita el texto, “por tener el convencimiento de que todos ellos ejercían una actividad de responsabilidad en el tan repetido PCE-I”, al ser identificado José Pablo como máximo responsable político de la Joven Guardia Roja, y María Isabel como responsable de organización de la entidad.

“Durante el periodo de detención, los hermanos Ferrándiz fueron sometidos a diferentes técnicas de tortura física y psicológica con la finalidad de extraerles información sobre la militancia política de otras personas del PCE-I y su organización”, subraya la querella.

Además, el documento firmado por las letradas de Irídia Sònia Olivella y Laura Medina refleja que los dos hermanos estuvieron arrestados desde el 23 de abril hasta el 25 de mayo de 1971. “Un total de 32 días detenidos en las dependencias de la Prefectura”, afirman. Cuatro policías acusados por delitos de lesa humanidad

La querella acusa a cuatro policías de la Brigada Político Social (BPS) de delitos de lesa humanidad mediante torturas, así como cualquier otro ilícito penal “que pudiera derivarse de la investigación de los hechos relatados”.

Como diligencias de instrucción, el escrito pide que se tome declaración a los entonces policías acusados y a los gemelos, la identificación y declaración en calidad de testigos de las personas que compartían celda en la comisaría con María Isabel, así como la aportación de numerosa prueba documental y varios informes periciales. 

La letrada Olivella ha explicado a la prensa que han presentado la querella un año después de la entrada en vigor de la ley de memoria democrática, pese a que durante este periodo hay juzgados que aún “mantienen el sistema de impunidad español, no investigando estos crímenes de lesa humanidad”.

“España está obligada a investigar estos crímenes: no prescriben, no son amnistiables y el marco jurídico es clarísimo”, ha recordado la abogada.