España y otros países de la Unión Europea, como Alemania o Francia, reconocieron el lunes a Juan Guaidó como presidente de Venezuela frente a un Nicolás Maduro que se aferra al Ejército y al pueblo armado. Precisamente es en los militares donde tienen puestos sus ojos Estados Unidos y el Grupo de Lima, con especial relevancia en los que manejan la compañía estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), cuyo abogado en España es el ex juez Baltasar Garzón.   

Como desvelaba ayer Público, el ahora letrado es una baza para los estrategas de España y Estados Unidos que quieren que esta cúpula de poder abandone. Aunque Garzón lo negó, las fuentes consultadas destacan que presentó en República Dominicana el documental The Code, sobre jurisdicción internacional y la persecución de grandes delitos económicos, financieros y medioambientales. Un evento donde coincidió con personas que tendrían algo que decir en un posible proceso contra Maduro y su Gobierno ante la Corte Penal Internacional. 

Lo que sí confirmó Baltasar Garzón es que la petrolera venezolana le llegó como cliente en 2017, a través de un despacho estadounidense con sede en España, y que su relación con la empresa era "cero". Las gestiones realizadas por este medio apuntan a que se trataría del bufete Squire Patton Boggs, con domicilio en Estados Unidos y Madrid, y que representó a una filial de PDVSA hasta que en 2018 comenzó a representar a uno de los 'desertores' exchavistas, Abraham Shiera. Para rizar más el asunto, Shiera es uno de los denunciados por Garzón en España, querella puesta a mediados de 2017.  

Andorra, la salida de los exdirectivos de la petrolera 

Medios de comunicación venezolanos apuntan lo extraño de que los mismos despachos se pasen la defensa y la acusación según el momento. Señalan al multimillonario empresario venezolano Diego Salazar y a su primo hermano exdirector de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño —que fue embajador de Venezuela ante la ONU—, como las personas que diseñaron "negocio financiero ilegal para el enriquecimiento propio, de familiares y amigos".

Precisamente a Garzón ya se le relacionó con Salazar en 2012, cuando su nombre apareció en grabaciones de la Operación Clotilde, donde se investigaba un posible blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra (BPA), por parte de una organización rusa. En esas conversaciones, uno de los empleados andorranos asegura a Salazar, residente en EEUU, que han "contratado a Garzón para atacar".

Cuando esta información salió a la luz, el ex juez negó trabajar para la entidad andorrana. Pero en la conversación mantenida reconoció haber hecho un informe para la Banca Privada de Andorra, en un procedimiento concreto en 2012. 

Las relaciones de Garzón con la BPA, desde 2009

Sin embargo, sus relaciones con la BPA habían comenzado al menos en 2009. Ese año, el abogado José María Fuster-Fabra invita a dar una charla sobre blanqueo de capitales a tres personajes relevantes de la Audiencia Nacional: el fiscal jefe, Javier Zaragoza; y sus colegas, el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, y el titular del juzgado de instrucción número 5, Baltasar Garzón. Los gastos corrían a cargo de Banca Privada, de la que era abogado Fuster-Fabra por su amistad con los propietarios, Higini y Ramón Cierco. 

Los tres funcionarios han confirmado a este medio que la BPA cubrió al menos una noche de hotel y una cena, pero no recuerdan si cobraron por el evento. Al año siguiente también asistió la actual ministra de Justicia y entonces fiscal, Dolores Delgado, entre otros destacados miembros del mundo judicial. 

La conferencia versaba sobre la aplicación de la nueva legislación de blanqueo de capitales que se iba a poner en marcha en 2011. Sin embargo, a partir de ese año se sucedieron en España las investigaciones sobre corrupción y crimen organizado que acabaron conduciendo precisamente hasta la BPA: desde la causa Pujol hasta organizaciones mafiosa chinas, como la encabezada por Gao Ping, rusas o las cuentas de los ex funcionarios de la petrolera venezolana. Algunos de los imputados en estos procedimientos pudieron ser utilizados por el Ministerio de Interior para obtener testimonios falsos o pruebas ilícitas en casos como el del ex president de la Generalitat o los informes apócrifos sobre Podemos. 

En la causa Tándem se investiga la relación entre algunos miembros de estas organizaciones o de los hermanos Cierco con los servicios de policía paralela que prestaban los comisarios José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y Carlos Salamanca. Tanto Baltasar Garzón como Gómez Bermúdez son abogados defensores en dicho procedimiento. 

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AVISO ACLARATORIO

Esta noticia ha sido objeto de rectificación a solicitud del sr Baltasar Garzón Real.