Galicia Feijóo rechaza que dimita el alcalde popular de Sanxenxo, cuya constructora cobró sobreprecios en la venta de pisos de protección oficial

 La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la empresa constructora e inmobiliaria Construcuatro contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que la condenó a pagar 2,5 millones de euros en multas y otros 1,2 millones en indemnizaciones a varios compradores a los que vendió pisos de protección oficial en el barrio vigués de Navia. Cuando sucedieron los hechos, hace doce años, uno de los socios de la empresa era Telmo Martín, ex diputado del PP en el Congreso y alcalde en la localidad pontevedresa de Sanxenxo.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, salió ayer al paso de las peticiones de dimisión del alcalde asegurando que el fallo del TSXG se conoció antes de que se celebraran las últimas elecciones municipales, lo que le eximiría, a su juicio, de cualquier responsabilidad para exigir su cese. “Se sometió a las elecciones y volvió a ser elegido como cabeza de la lista más votada”, justificó Feijóo. Además, se atribuyó el hecho de que la Xunta esté investigando a Construcuatro por esos hechos, cuando lo cierto es que el expediente sancionador se abrió en el año 2007, cuando el gobierno autonómico estaba en manos del PSOE y el BNG.

Lo cierto es que la carrera judicial contra la inmobiliaria la iniciaron a principios del año 2006 una treintena de compradores que se sintieron estafados cuando la inmobiliaria, a través de varios intermediarios, les cobró cantidades de entre 10.000 y 35.000 euros, que debían abonar en negro y que exigía como compensación por el sobrecoste en el que habría incurrido por supuestas mejoras realizadas en las viviendas. Construcuatro negó los hechos, aunque los reconoció tácitamente años más tarde cuando presentó una declaración complementaria ante la Agencia Tributaria para solventar los errores que ésta había detectado en su rendimiento de cuentas, y evitar las acusaciones de fraude fiscal.

Los afectados –en total son 62 familias a las que la empresa de Telmo Martín deberá reintegrar ese dinero- recurrieron sin éxito por la vía penal, primero, y después por la contencioso-administrativa, que ha venido a darles la razón obligando a la constructora a devolverles el dinero y prohibiendo que Construcuatro promueva viviendas de protección oficial en Galicia durante los próximos seis años. “Han sido doce años de lucha por parte de personas que realmente necesitaban el dinero”, declaró ayer a Faro de Vigo el abogado de varias de ellas, Antonio Salceda.

Telmo Martín fundó Construcuatro en 1994, siete años después de iniciar una carrera política más que movida. En 1997, con Fraga de presidente, fue designado al mando del PP de Sanxenxo y cabeza de lista para las municipales en esa localidad, que ganó en 1999. Ocupó la alcaldía hasta el año 2006, cuando, ya con Feijóo liderando el PP, fue nombrado candidato a alcalde de Pontevedra como fichaje estrella para desbancar al regidor nacionalista, Miguel Anxo Fernández Lores. Aunque el PP fue el partido más votado en las elecciones locales que se celebraron un año después (44% de los sufragios), los doce concejales que obtuvo no fueron suficientes para arrebatar el Ayuntamiento a Lores, quien, con siete ediles y el apoyo del PSOE (seis actas), pudo seguir gobernando.

Martín volvió a ganar en Pontevedra en el 2011, aunque con menos apoyos (39% de votos) y de nuevo sin capacidad para desbancar a la alianza BNG-PSOE. Abandonó sus intenciones y se marchó a Madrid tras ganar un escaño en el Congreso como número 4 de la lista del PP en las generales, pero al acabar la legislatura, en el 2015, regresó a Sanxenxo para presentarse otra vez a las municipales. Obtuvo la mayoría de los votos, pero la alianza de socialistas y nacionalistas le dio el poder a un regidor independiente, quien hace un año rompió aquel acuerdo de gobierno para pactar con él devolvérsela al PP. Desde entonces Martín ocupa de nuevo el cargo de alcalde.

Martín es un político con carisma y adinerado. En su declaración ante el Congreso declaró poseer bienes y propiedades por valor de 21 millones de euros, lo que le convertía en el diputado más acaudalado de aquella legislatura. Un capital, sin embargo, por el que no se vio forzado a renunciar a la indemnización de 2.800 euros mensuales durante cuatro meses que le correspondía por su tiempo en el escaño. “Es un derecho que tengo y lo ejerzo”, declaró entonces en una entrevista a La Voz de Galicia.

En los negocios no le ha ido mal, aunque no es la primera vez que sus actividades como constructor se mezclan con su carrera política. En el 2005, Construcuatro fue sancionada con tres millones de euros por una promoción de viviendas que invadía varios metros de dominio público marítimo-terrestre en la playa de Silgar, la más concurrida de Sanxenxo –por cierto, la localidad de verano del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy-. Martín recurrió la sanción y perdió la batalla judicial. Aunque al final no pagó la multa. En el año 2012, el Consello de la Xunta, presidido por Feijóo, acordó archivar el expediente sin hacer pública la decisión.