“El futuro Estado catalán debería ser una república no presidencialista”

BARCELONA.- Santiago Vidal, juez mediático por excelencia en Catalunya, resuelve cada semana una montaña de asuntos penales en su despacho del Palau de Justicia. Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, es uno de los integrantes del equipo jurídico que ya tiene prácticamente confeccionada la Constitución catalana, motivo por el cual el Consejo General del Poder Judicial propuso suspenderle de sueldo y trabajo. Los 97 artículos se colgarán a mediados de enero en una web interactiva en la que todo el mundo podrá hacer propuestas, susceptibles de ser incorporadas al texto definitivo.

Empecemos por lo más reciente. ¿La dimisión de Torres-Dulce es una buena noticia para la judicatura española o al revés, muestra las presiones políticas a las que están sometidos los jueces?
La dimisión del Fiscal General del Estado llega tarde: por dignidad profesional debería haber presentado su renuncia durante la semana posterior al 9-N, cuando desde el PP le presionaron públicamente para que actuara con dureza contra el proceso participativo. Tenía una oportunidad inmejorable con el valiente posicionamiento jurídico de los fiscales de Catalunya, que le sirvieron en bandeja los argumentos para no intervenir contra un simple acto democrático, pero el poder ejecutivo pudo más. Teniendo en cuenta que la Fiscalía se rige por criterios legales jerárquicos, no le quedaba otra opción que acceder y presentar la querella o dimitir. Y desafortunadamente escogió la primera. Ahora bien, el refrán popular dice que ‘más vale tarde que nunca’.

"Los límites del derecho fundamental a la libertad de creación, de opinión y expresión no están suficientemente consolidados"

¿En algún momento se llegó a sentir fuera de la carrera judicial?
De hecho, hoy en día el expediente continúa abierto, no me siento fuera, confío sinceramente en poderme jubilar, hacer de juez me gusta mucho, es la profesión de mi vida, disfruto mucho. Creo que mis opiniones políticas, se compartan o no, no tienen nada que ver con mi función diaria, además estoy en la jurisdicción criminal, es decir que resolver si alguien es culpable o no de un homicidio o una violación no tiene nada que ver con la configuración política de Catalunya y del Estado español.

"Resolver si alguien es culpable o no de un homicidio o una violación no tiene nada que ver con la configuración política de Catalunya y del Estado español"

¿Y la prevaricación?
Comporta dictar una decisión administrativa injusta sabiendo que es injusta, el gobierno de la Generalitat siempre dijo que no creía que convocar el 9-N fuera injusto ni ilegal, no hay este “a sabiendas” que dice la ley, y en cualquier caso requeriría dictar una resolución administrativa, sea un decreto, una circular, una instrucción…y si algo cuidó la Generalitat fue de no dejar nada por escrito, no hay expediente administrativo ni resoluciones del gobierno en este caso, entonces no entiendo cómo se puede cometer un delito de estas características de manera verbal.

Santiago Vidal, en su despacho. Foto: Guillem Sans

¿Le parece justa la excarcelación de etarras?
Como persona y ciudadano me duele, me pongo en el lugar de los familiares de las víctimas y los entiendo perfectamente pero una cosa es la justicia y la otra es la venganza. Un familiar de una víctima tiene derecho a sentir odio y a quererse vengar de quien le ha ocasionado tanto mal pero los tribunales no, debemos ser imparciales. La ley marca que por estos crímenes la condena es de tantos años y cuando se cumplen los presos deben quedar en libertad, con la adopción de medidas de seguridad y control que sean necesarias, para que no vuelvan a cometer ningún acto delictivo pero deben salir en libertad porque es la ley, y es justa. Nadie puede estar privado de libertad toda su vida, no creo en las condenas perpetuas, que ahora se visten de ese eufemismo de ‘prisión permanente revisable’, esto es un oxímoron, o es permanente o es revisable, ambas cosas no pueden ser a la vez. Lo de la excarcelación de los presos de ETA me duele como ciudadano pero como jurista estoy completamente de acuerdo.

"No hay  voluntad de resolver la lentitud del funcionamiento de la justicia y la burocracia"

Se politiza.
Exacto, es inevitable. Si añadimos todo eso, en conjunto la imagen del TC está muy tocada.

"Incorporaremos en el capítulo de derechos fundamentales todos los derechos sociales"

¿Cómo se puede modernizar la justicia?
Pues no es muy complicado. Es difícil sintetizarlo pero se puede hacer en cuatro puntos. El primero, estableciendo unos plazos procesales que se cumplan, por ejemplo en los procedimientos penales no tiene sentido que una instrucción dure más de seis meses, y en los casos complicados como el del Palau de la Música o Gürtel estaría justificado que duraran un año pero duran cinco, seis o siete. Significaría necesariamente que el juez que llevara a cabo estos asuntos estuviera exento de tramitar cualquier otro caso, que estuviera dedicado exclusivamente a estos más complicados y no es así. El juez Ruz está llevando ocho o diez sumarios complicadísimos al mismo tiempo, igual que el juez Castro, que lleva el tema Nóos y Pijoan con el tema Palau. O sea, lo primero es que hubiera una ley procesal con los medios materiales y humanos suficientes para que se cumpla. Como medida número dos, que se establezca el principio de oralidad en la mayor parte de los trámites: cualquier ciudadano que pise cualquier juzgado de España verá montañas de papeles, folios y folios, sumarios de 10.000 folios, eso es una barbaridad en el siglo XXI, tú visitas cualquier país nórdico y casi no hay papeles, todo está digitalizado, en el ordenador, hay que cambiar la manera de trabajar, por ejemplo notificar todas las resoluciones por correo electrónico y no en papel, y la figura del procurador, que traslada papeles de un sitio a otro, no tiene ningún sentido, ellos tienen que hacer auxilio judicial, que es otra cosa. Lo tercero sería establecer unas ratios de volumen de asuntos por jueces mucho más racionales que las actuales: en todas las secciones de la sala penal de la Audiencia de Barcelona resolvemos unos 2.000 casos al año y somos 4 jueces, salen a 500 cada uno, los compañeros de Alemania o Noruega por ejemplo resuelven unos 250. Eso quiere decir que pueden dedicar más tiempo, que las resoluciones están más bien motivadas y que el margen de error es más pequeño.

"Proponemos listas abiertas, y que se instaure la figura suiza de los referéndums revocatorios"

¿En qué pilares jurídicos debe sustentarse la Constitución catalana?
Es un borrador que tiene 97 artículos, o sea, menos de la mitad de los que tiene la Constitución española, y nos hemos inspirado mucho en las constituciones nórdicas, básicamente Finlandia, Islandia, Noruega y Suiza, porque es un estado confederal y creemos que puede encajar en una hipótesis de futura relación de Catalunya con España. Son constituciones cortas y claras, nada de frases como las de la CE, que tienen una principal, 8 subordinadas y 14 gerundios con las que todo el mundo se pierde. Sintetizaré sus principios rectores en cuatro puntos: el futuro estado de Catalunya debería ser una república y no un sistema de monarquía compartida como puede ser Canadá, Australia o Nueva Zelanda, que la tienen compartida con el Reino Unido, y que sea no presidencialista, es decir, que habría un presidente y un primer ministro ejecutivo, personas separadas y aconsejamos que como mínimo uno de esos cargos sea una mujer porque es hora que se rompan esas dinámicas tan mediterráneas. La segunda idea es incorporar en el capítulo de derechos fundamentales todos los derechos sociales, la CE tiene un capítulo 1 con los derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad, a la participación política… y un capítulo 3 de derechos sociales en el que hay el derecho a la vivienda, a la educación, que es como si dijeran ‘cuando se pueda ya respetaremos los derechos de estos ciudadanos’, nosotros queremos incorporarlos en el capítulo de los derechos fundamentales, que se puedan exigir ante los tribunales de justicia si el Estado los incumple. Eso significa, por ejemplo, que si ahora un ciudadano va al ayuntamiento y le dice que no tiene vivienda y que el artículo 49 CE establece que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y viene a buscarla, el ayuntamiento dirá que ahora no dispone de vivienda o no sé qué…si esto está incorporado en los derechos fundamentales, este ciudadano, siempre que cumpla con los requisitos que la ley de derecho de acceso a la vivienda social marca, que esté en el paro, que sólo perciba una pensión de renda mínima, que haya una situación verdadera de exclusión social, porque no se trata de regalar vivienda a nadie, si la administración no se la da, podrá ir al tribunal a reclamarla, ahora no puede, porque el juez le responderá que tiene un derecho genérico pero que no tiene competencia para verificar si le están denegando correcta o incorrectamente la vivienda.

"Aconsejamos que el catalán sea la única lengua oficial de Catalunya y que el castellano tenga un régimen de cooficialidad preferente"

¿A la hora de redactar el borrador habéis tenido al lado la Constitución española para ver qué es lo que no hay que hacer, como ejemplo de texto del que hay que apartarse?
Pues sí, efectivamente, hemos tomado como referencia las otras cuatro constituciones de países nórdicos que he citado antes y algo de la CE sí lo hemos respetado y nos ha servido como modelo, aunque pocas cosas.

"Habría un presidente y un primer ministro ejecutivo, uno de ellos, mujer, para romper estas dinámicas tan mediterráneas"

Y más de una vez se ha quejado del abuso de indultos.
Una de las cosas que proponemos en este borrador de Constitución catalana es la prohibición de los indultos, no deben existir, eso de que en un estado democrático el poder ejecutivo, el Consejo de Ministros, pueda dejar sin efecto una sentencia judicial que ha llegado a un veredicto de condena después de una instrucción con derecho de defensa, un juicio, una valoración de pruebas y una sentencia validada por el tribunal superior… El Consejo de Ministros lo resuelve con un decreto de tres líneas en el que dice ‘reunido el Consejo de Ministros en la sesión de plenario del viernes, ha considerado oportuno’, después hay un espacio en blanco en el que pone ‘conceder o denegar’, el indulto solicitado por el señor tal, firmado por el ministro de Justicia en nombre del Consejo. Es una decisión absolutamente arbitraria, no tiene ningún tipo de control ni motivación ni es recurrible ante nadie, hay que suprimirlo.

¿Qué le parece la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?
Hace más de quince años que hay diferentes proyectos para reformarla, para que el fiscal lleve la investigación y las leyes procesales sean más ágiles. Lo que me sorprende y preocupa de la última reforma del ministro de justicia es que todo lo que está proponiendo requiere la modificación de leyes orgánicas, o sea, que su tramitación parlamentaria es superior a un año. Si el noviembre del 2015 hay elecciones estatales, el Congreso deberá disolverse, quiere decir que está haciendo propuestas que sabe que nunca se aprobarán y las hace porque estamos en año electoral.

¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el hecho de serlo?
Ventajas es que puedes explicar lo que piensas, debatir con otros colegas de otros ámbitos y a veces por la calle me encuentro gente que discrepa de lo que digo, y eso es bueno por la pluralidad y otros me felicitan. Tiene el inconveniente de que no tienes privacidad, no soy un ciudadano normal, no puedo hacer lo que quiero porque te conoce todo el mundo. Pero yo diferenciaría entre ser un juez mediático, que lo soy porque salgo habitualmente en los medios, de ser un juez estrella, no me considero en absoluto un juez estrella, siempre he tenido muy claro que entre un juez estrella y un juez estrellado sólo hay dos letras de diferencia, el hilo es muy fino. Nunca he pretendido crear a través de mi imagen pública un poder para ejercer en otros ámbitos, por ejemplo yo siempre he dicho que nunca me pasaría a la política porque lo que tengo clarísimo es que a mí lo que me gusta es ser juez.