El Estado iniciará nuevas acciones judiciales contra los gestores de cajas de ahorros el próximo otoño, dijo el martes el presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Fernando Restoy.

'Los trabajos de los terceros externos (asesores contratados para revisar supuestas operaciones fraudulentas) están en fase de finalización en la mayoría de los casos, lo que debe permitir nuevas actuaciones judiciales el próximo otoño', dijo Restoy en una comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.

A principios de mayo de 2013, la comisión rectora del FROB aprobó la puesta en marcha de un protocolo de actuación previo al ejercicio de acciones judiciales, revisando hasta la fecha múltiples operaciones realizadas en los últimos años con impacto patrimonial significativo en las entidades y que presentaron indicios de irregularidad.

Durante la actual crisis económico-financiera desapareció prácticamente la mitad del mapa financiero en España, con especial incidencia en el subsector de cajas de ahorros sometidas a la tutela política de las comunidades autónomas.

En algunos casos, las decisiones de sus principales responsables no guardaron relación con criterios profesionales y posibilitaron que este tipo de entidades se situaran en situación de casi quiebra.

Entre las entidades que tuvieron que ser intervenidas y/o rescatadas durante la actual crisis figuraron al margen de Bankia (resultado de la fusión de 7 cajas de ahorros) CCM, CajaSur y Caja de Ahorros del Mediterráneo. Posteriormente también fueron nacionalizadas Catalunya Banc (CX) y NCG.

Hasta el momento, el FROB ha iniciado o se encuentra personado en 18 causas penales, en las que se analizan e investigan presuntos delitos relacionados con las operaciones de tráfico inmobiliario o con la retribución irregular de ex directivos de las entidades que han recibido apoyo público.

Restoy acogió el martes favorablemente la reciente sentencia dictada contra los antiguos gestores de Caixa Penedés, valorándola como 'los primeros resultados' en un procedimiento de este tipo, a los que espera 'sigan muchos más'.

La Audiencia Nacional condenó el pasado mes de mayo a cuatro directivos de la Caixa de Penedés a penas de entre uno y dos años de cárcel tras devolver gran parte de los fondos de los que se apropiaron, aunque finalmente se libraron de penas de cárcel.