El Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia que el Gobierno quiere poner en marcha de la mano de la Unión Europea (y con el sustento de los denominados fondos de reconstrucción) cuenta con 30 componentes que incluyen 170 reformas y numerosas inversiones. De los 30 elementos generales que se abordan en este plan (con el que no solo se busca una salida a las consecuencias económicas del coronavirus, sino también una reforma estructural del sistema productivo español) 28 ya han sido remitidos a Bruselas para su estudio y ratificación.

Los otros dos restantes están abocados a marcar una parte importante de la agenda política y económica en España en los próximos meses, y no son otros que la reforma del mercado de trabajo y de las relaciones laborales y las modificaciones en el sistema de pensiones. 

Estos dos "componentes" (así ha bautizado el Gobierno los puntos básicos del plan de recuperación) pasan, a su vez, por dos reformas que, lejos de estar exentas de polémica, parecen dividir al diálogo social y al propio Gobierno: la derogación de la reforma laboral y la reforma del sistema de pensiones.

Según ha afirmado este viernes la vicepresidenta económica del Ejecutivo, Nadia Calviño, no se ha remitido a la Unión Europea ningún borrador sobre estas dos cuestiones porque el Gobierno quiere lograr primero el máximo consenso en el diálogo social. Este viernes se ha celebrado una reunión de la mesa de diálogo social que aborda el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a la que han asistido los líderes de los principales sindicatos y patronales.

Sin embargo, según los propios agentes sociales, el Ejecutivo no ha planteado nada concreto ni les ha remitido documentación ni sobre la derogación de la reforma laboral ni sobre la reforma de las pensiones.

"Es difícil abordar estos temas sin documentación. El Gobierno ha pedido aportación en esas 170 reformas, y le hemos dicho que necesitamos tener el contenido de la orientación que se quiere dar a estos componentes y reformas", ha asegurado el secretario general de la UGT en una rueda de prensa posterior a la reunión.

"No vamos a hacer actos de fe"

Ambos sindicatos han querido dejar claro que no se comprometerán con ninguna reforma (en especial con las pensiones y las modificaciones del mercado laboral) sin conocer detalladamente su contenido y haberlas podido estudiar: "No vamos a hacer actos de fe". También han advertido de que si el Ejecutivo cierra alguna reforma con Bruselas antes de llevarla al diálogo social estatal el acuerdo podría ser imposible.

"Los compromisos cerrados con Europa quitan margen al diálogo social, refuerzan a una de las partes y no dejan oxígeno a la otra en la mesa del diálogo", ha defendido el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Tras las comparecencias de los sindicatos y de la patronal también ha ofrecido una rueda de prensa la vicepresidenta económica.

Calviño ha avanzado que remitirán documentación a los agentes sociales la próxima semana para que "puedan contribuir al proceso" informativo acerca de las propuestas que se envían a la Unión Europea. La vicepresidenta tercera ha explicado que desde que se anunció el plan de recuperación se mantienen trabajos "informales" con la Comisión Europea y que a finales de diciembre España remitió a Bruselas información sobre 28 de los 30 "componentes" contemplados en la estrategia del Gobierno.

Los otros dos asuntos "no se enviaron a finales de diciembre porque queríamos reuniones con los agentes sociales para ver si nuestra aproximación estaba alineada con la suya", ha explicado Calviño sobre la reforma laboral y la de pensiones. Aunque no ha querido entrar en el contenido concreto de estas modificaciones ni deslizar una propuesta concreta del Ejecutivo, ha esbozado cuáles son sus principales objetivos en ambas materias.

En el caso de la reforma laboral, la titular de Economía se ha referido a elementos (ya avanzados por el Ministerio de Trabajo a Bruselas a finales del pasado año) como "mejorar la estructura de contratos, reducir la dualidad o reforzar la negociación colectiva". En cuanto a las pensiones, la ministra ha insistido que el objetivo es garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y "asegurar la sostenibilidad del sistema a corto, medio y a largo plazo", en base a las recomendaciones del Pacto de Toledo acordadas por los grupos parlamentarios del Congreso el pasado año.

Los sindicatos además confirmaron que la propuesta de ampliar a 35 años el cómputo de las pensiones nunca la ha llegado a plantear el Ejecutivo en ninguna reunión, pese a las muchas informaciones que han corrido relativas a que este era el planteamiento del Ejecutivo.

En este aspecto, fuentes sindicales consultadas por Público aseguraron que esa propuesta es inasumible, nunca se contempló en la negociación del Paco de Toledo y no están dispuesto a aceptarla.

Además, los sindicatos avanzaron que la próxima semana analizarán si convocan movilizaciones de no encontrar avances sustanciales en el diálogo social.