Era lo esperado tras los últimos movimientos del Ministerio Público. La Fiscalía y la Abogacía del Estado mantienen la acusación por rebelión y sedición contra 9 de los 12 los procesados en el juicio a la cúpula del procés, con idénticas peticiones de cárcel. Esto supone que siguen reclamando penas de 25 y 12 años de prisión para el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, respectivamente [Aquí, todas las penas solicitadas en sus escritos provisionales, presentados en noviembre].

En la sesión 49 de la causa, este miércoles, tras finalizar el visionado de los vídeos propuestos como prueba por las defensas, tanto el Ministerio Público como la Abogacía han trasladado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo su intención de elevar a definitivos sus escritos de acusación provisionales, en los que apenas han efectuado cambios a lo largo de 3 meses y medio de juicio. 

Y, como también era de esperar, todas las defensas han elevado sus conclusiones a definitivas, y por tanto se han ratificado en la libre absolución de los procesados, introduciendo sólo algunas precisiones (como la eximente prevista en el artículo 20.7 del Código Penal, aplicable a quien actúe "en el ejercicio legítimo de un cargo").

El nuevo cambio de agenda dado a conocer este miércoles por la Sala que preside el magistrado Manuel Marchena desplaza del 3 al 4 de junio el día fijado para que las acusaciones presenten sus informes definitivos. Exactamente una semana después llegará el turno de las defensas, y los procesados tendrán derecho al turno de última palabra antes de que el juicio quede visto para sentencia. 

En palabras del fiscal Jaime Moreno, en el escrito del Ministerio Público no hay "un sustancial cambio", si bien presenta una "redacción más rica en detalles". Sí ha introducido que reclama la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal, y por tanto interesa al tribunal que se sirva de la sentencia para imponer que, de resultar condenados, no puedan acceder al tercer grado, al menos, hasta el cumplimiento de la mitad de la pena.

Esto último le serviría para garantizar el cumplimiento de esta hipotética pena, ya que Catalunya tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria, y el Ministerio Público quiere impedir que la Generalitat les conceda beneficios penitenciarios. No obstante, fuentes de la Fiscalía precisan que esto último es habitual ante los supuestos delitos de esta gravedad. 

Además, entre estos detalles se ha eliminado del documento toda referencia a los seis procesados a los que el Supremo derivó finalmente al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya -en su mayoría, exmiembros de la Mesa del Parlament- en el mes de diciembre, que sí aparecen en el escrito provisional. 

En la misma línea, se han realizado "modificaciones" sobre las "operaciones" en la empresa de mensajería Unipost, que recibió encargos relacionados con el referéndum, así como sobre las reuniones de la cúpula de los Mossos d'Esquadra con el expresident Carles Puigdemont, el exvicepresident Junqueras y el exconseller de Interior, Joaquim Forn. 

Tras escuchar a los testigos, sobre la reunión del 28 de septiembre, añaden las siguientes líneas: "Los mandos policiales pidieron a sus responsables políticos que desconvocaran el referéndum para evitar que se produjeran choques y enfrentamientos con las fuerzas del orden". "Al finalizar la reunión, el procesado rebelde, entonces presidente de la Generalitat, manifestó a todos los presentes que si el 1 de Octubre había violencia declararía la independencia", reza el escrito. 

La Fiscalía manda un escrito con errores sobre las penas

En otro orden de cosas, la Fiscalía ha cometido el tercer error de bulto esta semana, uno por cada jornada de juicio. En concreto, minutos después de que Moreno elevase a definitivas sus conclusiones, desde la Fiscalía General del Estado se ha remitido el escrito en cuestión, si bien en este texto se añadían años de cárcel en las peticiones para Carme Forcadell y los Jordis (Sànchez y Cuixart). El fiscal Moreno se ha despachado afirmando que se trataba de "un error mecanográfico". 

Vox modifica su acusación contra Santi Vila

Además, la acusación popular que ejerce el partido ultraderechista Vox también ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, si bien ha  rebajado su acusación contra el exconseller Santi Vila. Vox ha pasado de señalar que cometió los supuestos delitos de organización criminal y malversación, a considerar que únicamente es responsable de un presunto delito de desobediencia. Los ultraderechistas mantienen el resto de conclusiones, y por tanto reclaman penas de hasta 74 años de cárcel.