La Fiscalía suiza archiva la investigación sobre la fortuna de Juan Carlos I

La Fiscalía suiza ha cerrado la investigación por blanqueo de capitales en la que se investigaba el traspaso de 100 millones de dólares por parte de Arabia Saudí a Juan Carlos I en el marco de los negocios por el AVE a la Meca, según adelantó el diario Tribune de Genève citando un comunicado de prensa de la Fiscalía helvética.

El fiscal del Cantón de Ginebra Yves Bertossa ha exonerado al administrador de la fortuna del rey emérito en Suiza, Arturo Fasana; a su abogado, Dante Canónica; a Corinna Larsen, examante y exsocia del rey emérito; y al banco Mirabaud. La causa no se dirigía formalmente contra Juan Carlos de Borbón. 

La investigación llevaba tres años activa y desde hace meses se esperaba este desenlace, tras conocerse el resultado de la comisión rogatoria enviada por la Fiscalía española y que no ha desvelado presuntas irregularidades en la cuenta del rey emérito en la banca Mirabaud, donde se escondían los 100 millones de dólares procedentes de la familia real saudí como donación. 

En agosto de 2018, la Fiscalía suiza abrió una investigación por blanqueo de capitales en relación a una supuesta comisión que habría recibido Juan Carlos I en 2008 en el marco de la adjudicación a empresas españolas de la construcción del AVE desde Medina a la Meca. El dinero recibido por el entonces monarca fue a parar a una cuenta de la Fundación Lucum en la banca Mirabaud. 

La Fiscalía ha impuesto una multa a la banca Mirabaud de 50.000 francos suizos por omisión de información a la autoridad suiza competente en prevención de blanqueo de capitales. Según el fiscal, el banco debía haber informado por "el carácter poco habitual de los fondos recibidos en esa cuenta --de Corinna Larsen-- y los diferentes flujos financieros intercambiados entre las cuentas de la citada y la de la Fundación Lucum, de la que Juan Carlos I tenía el derecho económico".

El fiscal Yves Bertossa no ha podido demostrar finalmente que esa donación de 100 millones de dólares, que en 2012 fueron traspasados de la cuenta de Lucum a una cuenta de Corinna Larsen domiciliada en el paraíso fiscal de Bahamas, fuera en realidad una comisión ilegal, por eso cierra la investigación. Tampoco ve indicios de blanqueo en el traspaso de los 100 millones de dólares (65 millones de euros) a una cuenta de Larsen. Ella sostiene que ese dinero fue un regalo del rey emérito y que no se trató de una estrategia para ocultarlo.

El pasado verano, Bertossa viajó a Madrid para reunirse con el número dos de la Fiscalía General del Estado, Juan Ignacio Campos, encargado de coordinar la investigación sobre el emérito. Pese al archivo, la Fiscalía suiza reconoce un "deseo de encubrimiento" en torno a esta donación, por el uso de una fundación interpuesta y la falta de documentación adecuada que justifique las transferencias.

La vía judicial se va aclarando para Juan Carlos de Borbón. En España las tres investigaciones previas abiertas por la Fiscalía Anticorrupción están también a punto de cerrarse. Hace unos días, la Fiscalía prorrogó las investigaciones pero solamente con el objetivo de esperar a que llegue el resultado de la comisión rogatoria de Suiza y así poder tener todos los elementos que justifiquen el archivo, según fuentes de la Fiscalía. 

Londres, el único pleito abierto

El único asunto judicial pendiente del rey emérito en estos momentos se dirime en Londres. Corinna Larsen presentó una demanda civil en diciembre de 2020 por acoso contra Juan Carlos de Borbón. Según la empresaria alemana, el rey la agasajaba con obras de arte, joyas y "regalos financieros", incluidos los 65 millones de euros en junio de 2012 que después le reclamó el entonces monarca español.

Como pruebas de acoso, cita un agujero que simulaba una bala en su casa de campo de Shropshire (oeste de Inglaterra), el 21 de junio de 2017, mientras ella dormía. Otras pruebas del memorial de agravios son el encuentro de un libro sobre la muerte de la princesa Diana en las mesitas de noche de sus apartamentos de Mónaco y Suiza o las amenazas a sus hijos; también cita Larsen su entrevista con el director del CNI, Félix Sanz Roldán, en la que este presuntamente la amenazó.​ 

Corinna pide una indemnización por haber perdido ingresos y trabajos desde que rompió su relación sentimental con el emérito, según consta en su demanda. También pide una orden de alejamiento de 150 metros.