El juez Santiago Pedraz ha acordado la apertura de juicio oral por presuntas irregularidades en el Campus de la Justicia (CJM) con respecto al exconsejero madrileño Alfredo Prada y otros 5 acusados, a los que requiere una fianza solidaria de 40 millones de euros para garantizar las responsabilidades civiles o económicas que pueden derivarse de ser condenados. La Fiscalía pide para Prada 8 años de cárcel y 13 de inhabilitación para cargo o empleo público por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, según recoge el auto de apertura de juicio oral dictado por Pedraz.

Otro de los acusados es el que fuera director de Seguridad del Campus de la Justicia, el policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal cuando gobernó en Castilla-La Mancha y está imputado en la pieza Kitchen del caso Villarejo. Gómez Gordo se enfrenta a una petición del fiscal de 6 años de cárcel, al igual que el resto de los acusados: Isabelino Baños Fernández, Mariano José Sanz Piñar, en sus respectivas condiciones de director general técnico, subdirector general técnico y director financiero del Campus de la Justicia, así como Félix José García de Castro.

La Fiscalía Anticorrupción ofrece además una calificación alternativa por delitos continuados de prevaricación y fraude a la Administración Pública, por los que pide cuatro años y seis meses de prisión y trece de inhabilitación para Prada y tres años de cárcel para el resto. También la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que también ejerce la acusación en esta causa, solicita mayores penas por delitos continuados de malversación y fraude a la Administración, así para Prada pide 13 años de cárcel y 11 para Gómez Gordo, similares penas a las que reclama para el resto de los acusados.

En el auto de apertura de juicio oral, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cinco de la Audiencia Nacional da de plazo hasta el 21 de septiembre a las representaciones de los acusados para presentar sus escritos de defensa. Pedraz requiere a los acusados y a los responsables civiles, a través de su representación procesal, para que, en el plazo de quince días, manifiesten relación de bienes y derechos de los que sean titulares con la precisión necesaria para garantizar unas futuras responsabilidades civiles o pecuniarias, conjunta y solidariamente por un total de 40.000.000 de euros.

La sentencia señala el importante papel de Prada

El 12 de noviembre pasado, el anterior titular del Juzgado, José de la Mata, acordó el procesamiento de estos seis investigados y señaló que los investigados, liderados por Alfredo Prada, quien en última instancia tomaba todas las decisiones, "se pusieron de acuerdo con terceras personas y empresas para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo". Según explicaba de la Mata, Prada y los directivos investigados "corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos de CJM, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos"

"En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial (hasta el punto de haber sufrido perjuicios el erario público de cientos de millones de euros)", afirmaba entonces el juez. 

Todos los contratos relacionados con publicidad y comunicación, que alcanzaban más de 5 millones de euros, "se sustrajeron materialmente a la propia mercantil CJM". Es decir, las contrataciones no se decidían en dicha empresa, porque allí, indicaba el juez, "se limitaban a ejecutar las órdenes que llegaban desde Vicepresidencia y Consejería" de la Comunidad, es decir, de Prada".

El juez sostiene que los investigados "conocieron perfectamente la ilegalidad de su actuación", afirma que existe "un buen conjunto de contratos" donde se concertaron con grupos empresariales "para fijar un precio arbitrario" y conseguir la adjudicación, y añade que también prescindieron de procedimiento de contratación y fraccionaron contratos, entre otras irregularidades.