ATENTADOS DE CATALUNYA
La Fiscalía pide entre 8 y 41 años de prisión a los tres yihadistas por colaboración el 17-A
Confirma el Ministerio Público que no acusa de asesinato a los tres únicos imputados por la matanza de Las Ramblas en 2017 , sino por integración en organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y delitos de estragos en grado de tentativo.
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MADRID,
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha confirmado este jueves su petición de penas que oscilan entre 8 y 41 años de prisión para los tres presuntos miembros de la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 y 18 de agosto de 2017 por delitos entre los que no se incluyen los de asesinato. La fiscal Ana Noé ha anunciado al tribunal que eleva a definitiva su petición de 41 años de prisión para Mohamed Houli Chemlal; 36 años de cárcel para Driss Oukabir y 8 años de prisión para Said Ben Iazza como colaboradores de la célula terrorista que atacó en Barcelona y Cambrils (Tarragona).
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El Ministerio Público rechaza acusar por delitos de asesinato al entender que los tres acusados no participaron directamente en los atentados aunque pertenecieran a la célula yihadista responsable de los mismos. La Fiscalía no les atribuye los 16 asesinatos del 17-A porque los cinco autores materiales murieron al ser abatidos por la policía catalana.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal comenzó a juzgar el pasado 10 de noviembre en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) a Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza por su presunta participación en la organización de los atentados en Barcelona y Cambrils (Tarragona) que dejó 16 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.
Tal y como desveló Público, el cabecilla de los atentados, Abdelbaki Es Satty, el imán de Ripoll, fue confidente policial, tras una carrera delictiva, que culminó con su captación como informante por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a cambio de no ser expulsado de España. El pacto se materializó después de cumplir su condena de cuatro años de prisión tras ser detenido en 2010 conduciendo una furgoneta con 136 kilos de hachís que pretendía embarcar en el ferry Ceuta-Algeciras. Falleció en la explosión de la casa de Alcanar, donde los terroristas almacenaban más de 100 bombonas de butano y distintos componentes químicos para armar las bombas que pretendían hacer estallar el mismo día 17 o algunos días después. Sin embargo, el incidente evitó un atentado de inmensas consecuencias.