La Fiscalía General del Estado ha ordenado escuchar de manera "proactiva" a todos los familiares de fallecidos en residencias de mayores durante la pandemia. El Ministerio Público busca velar por los derechos de las personas afectadas en los procedimientos penales que investigan la gestión de la covid en estos centros.

El órgano da un mes de plazo al resto de fiscalías para presentar información sobre la cantidad de investigaciones realizadas en cada comunidad, las denuncias y querellas que ha interpuesto el Ministerio Público y los procedimientos judiciales que se encuentran en tramitación. Los juzgados deberán pedir las declaraciones de los familiares y asistir a todos los investigados y testigos que sean relevantes en el procedimiento, según la información facilitada por la propia Fiscalía General.

Cabe destacar que esta decisión del Ministerio Público tiene lugar 48 horas después de que el vicepresidente de Isabel Ayuso, Enrique Ossorio, asegurara que los familiares de los fallecidos en residencias de la comunidad durante el covid  "ya lo han superado". Las reacciones de las familias no se hicieron esperar y, según explicaron a Público, "este señor jamás contactó con nosotros ni sabe lo que sufrimos". Además, piden la dimisión inmediata de Ossorio.

En medio de estas reacciones políticas sin sensibilidad alguna hacia el dolor de las familias de los mayores que no tuvieron la oportunidad de ser tratados en hospitales en la primera época de la pandemia, la Fiscalía General da un principio de esperanza a las víctimas al ordenar escuchar a las familias de los fallecidos.

Preocupación de la Fiscalía

El fiscal general, Álvaro García, ya ordenó en marzo de 2020 seguir el estado de los centros residenciales y sus posibles riesgos sanitarios, según recuerda en el nuevo oficio remitido al resto de fiscales. En este sentido, el Ministerio Público indica que su preocupación por estos espacios se remonta a los inicios de la pandemia.
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El teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, advierte de la "indudable importancia y trascendencia" que tienen los procedimientos penales sobre los fallecimientos en residencias. Por esta razón, apela a la necesidad de recabar información de mayor calidad sobre las causas abiertas en todos los territorios de España.

"Es preciso adquirir un conocimiento detallado y analizar de forma exhaustiva la situación actual y el devenir de los procedimientos penales incoados en relación con los fallecimientos acaecidos en las residencias de la tercera edad como consecuencia de la enfermedad covid-19", subraya en el oficio.

7.000 muertes en Madrid sin recibir asistencia

La comunidad de Madrid es el epicentro de las investigaciones por las muertes en residencias durante los peores meses de la pandemia. Más de 7.000 personas fallecieron en estos centros sin recibir atención hospitalaria. El Gobierno de Ayuso dictó que los más mayores y vulnerables no fueran derivados a los hospitales. De ahí que las familias de las víctimas no desistan en su pelea en busca de responsabilidades políticas.

El exconsejero de Políticas Sociales, Familias e Igualdad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, relató en septiembre en qué consistía el llamado "protocolo de la vergüenza" que aprobó el Ejecutivo de la presidenta madrileña. "El simple hecho de estar en una residencia en una silla de ruedas o tener síndrome de Down y tener 20 años ya te excluía y no te permitía ir a un hospital", lamentó.

Más del 50% de las víctimas en España por covid tenían más de 65 años. La gestión de las macrorresidencias está bajo sospecha desde hace tiempo y los expertos en la materia imploran una renovación total del concepto para que las personas mayores tengan una estancia digna y saludable en estos centros.

La Fiscalía General también recalca que "resulta de especial importancia proporcionar a las víctimas y a sus familiares la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe dispensar garantizando su posición procesal". Para ello, destaca que los juzgados deben escuchar e informar a las familias sobre las investigaciones que lleven a cabo y conseguir de este modo información que pueda aclarar los hechos.

El Ministerio Público recuerda además que los fiscales deben tratar de contactar con la víctima o sus familiares para asegurar la inexistencia de pruebas antes de solicitar el sobreseimiento del caso. Además, también deben asegurar que la víctima sepa que tiene la posibilidad de personarse en la causa.