MADRID.- La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado la apertura de juicio oral contra el diputado Francesc Homs, para quien pide nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por los supuestos delitos de prevaricación y desobediencia en la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

Homs era entonces el Consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno de Catalunya, y es el firmante de una carta en la que indica continuar con la organización de la consulta dos días después de que fuera suspendida de manera cautelar por el Tribunal Constitucional.

En dicha carta, Homs explica al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat que la providencia del TC no afecta a los trabajos contratados a T-Systems y advierte de las consecuencias de incumplir el contrato.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía acusa a Homs de un delito de prevaricación administrativa y otro de desobediencia grave (penados en el artículo 404 y en el 410 del Código Penal, respectivamente).

El fiscal solicita que ambos delitos sean penados conjuntamente con la pena de nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos.

Si el Supremo optara por penar los citados delitos por separado, el Fiscal solicita que se imponga a Homs por el delito de prevaricación la pena de inhabilitación especial por siete años y seis meses, y por el delito de desobediencia, una multa de 30.000 euros (cinco meses con una cuota diaria de 200 euros e inhabilitación especial por un año y un mes).

El Fiscal sostiene que Francesc Homs “no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta que dependían directamente del Departamento de la Presidencia del que era titular, impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria, puso los servicios jurídicos de su Departamento a disposición del CTTI para ejercer acciones legales ante una eventual suspensión adoptada por empresas privadas, y, en definitiva, potenció tras haber conocido la Providencia de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el desarrollo del denominado “proceso participativo”.

Además, el Fiscal explica en su escrito de conclusiones provisionales que Homs “era plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat, de que con su actuación quebrantaba el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional”.

Declaración de otros testigos

El ministerio público pide que declaren como testigos Felip Puig, que entonces era presidente del CTTI, así como Jordi Vilajoana, secretario general del Departamento de Presidencia de la Generalitat,

Otros funcionarios que pide citar como testigos son Ignasi Genovés i Avellana, entonces director general de Atención Ciudadana y Difusión; Carles Fabró Rafols, jefe de gabinete de Relaciones Externas de Presidencia; Mónica Osácar Andreu, responsable de publicidad institucional y Federico Undina i Abelló, director del Instituto de Estadística de Catalunya.

También pide que testifiquen empleados de T-Systems (Bernat Rigau, el responsable de coordinar los trabajos y Josefa Martín Bazoco, directora del departamento legal) y de Serveis de l'Espectacle Focus (Daniel Ramón Martínez de Obregón e Isabel Vidal. directora de Operaciones).

Además, solicita la citación de empleados de la Fira (Fátima Soro Borrega, directora de la asesoría jurídica y Pere Camprubí, director del área de Negocio), asó como de Media Planning (Marta Coll Darnaude).

La Fiscalía argumenta que el Gobierno de la Generalitat cesó formalmente en la convocatoria de la consulta popular, “pero perseveró en su empeño de llevar a cabo la consulta en la fecha indicada y con las mismas preguntas”.

El entonces president, Artur Mas, anunció en una comparecencia institucional que seguían adelante con la consulta, a pesar de la suspensión ordenada por el TC el 14 de octubre de 2014. Este anuncio fue reflejado en la página web institucional abierta después.

La Fiscalía detalla los trabajos que encargaron distintos departamentos de la Generalitat para organizar la consulta suspendida por el TC. La mayoría fueron contratados con empresas privadas.

La Generalitat gastó más de un millón y medio de euros en publicidad institucional y en los programas informáticos para la consulta, según la Fiscalía

Así, el departamento de Homs contrató por 806.403,52 euros a la empresa Media Planning para la publicidad institucional de la consulta y gastó otros 698.685’15 euros en contratos con empresas privadas en la organización de la votación.

Este último gasto fue realizado por el Departamento de Governació i Relacions Institucionals, que solicitó los servicios del CTTI para el “apoyo al proceso de participación” el 29 de octubre de 2014, a la que indicó que disponía de un presupuesto de 1.201.000 euros. La factura se expidió sólo unos días después, el 3 de noviembre.

Los encargos del CTTI a la empresa T-Systems consistieron en la construcción de programas informáticos como “Registro de inscripción de acceso público” –para los voluntarios-; el “Registro de asistentes” -que permitía registrar a quien votaba y consolidación de los datos para el recuento de votos- así como el “Registro de resultados y publicación”, una plataforma interna de la Generalitat donde se introducían los resultados que recibían telefónicamente de las diferentes mesas de votación y se analizaban para obtener resultados como porcentajes, resultados por municipios o comarcas, etcétera.

También se compraron 7.000 ordenadores portátiles para ser utilizados en las mesas de votación; se construyó la página web institucional que organizaba y reclutaba a los voluntarios; “se diseñó” que los Institutos de Enseñanza Secundaria dependientes de la Generalitat proporcionaran el grueso de locales para la votación y se organizó la fabricación y el transporte del material necesario en la consulta.