La Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado a favor de reabrir el caso de la caja B del PP —conocida como los 'Papeles de Bárcenas'— para imputar al exdueño de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo y a Francisco Correa, en vista de las confesiones que hicieron en el macrojuicio de Gürtel apuntando al pago de comisiones por adjudicaciones.

El fiscal cree que se les debería tomar declaración después de que en el macrojuicio de Gürtel afirmaran que se pagaron comisiones al PP a cambio de mediar en adjudicaciones públicas, y también a Plácido Vázquez, quien supuestamente actuó de comisionista para Correa. 

Según han informado fuentes jurídicas, el fiscal del caso ha presentado este viernes su informe a favor de la petición que hicieron dos de las acusaciones populares del caso, Izquierda Unida y Adade, de que ellos dos declaren ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.

El pasado mes de octubre, IU y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) remitieron sendos escritos al juez instructor en los que se reclaman que se investiguen las declaraciones de Correa sobre la intervención de esta OHL, otras como ACS y de los Ministerios de Medio Ambiente y Fomento en el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.

La instrucción de los Papeles de Bárcenas concluyó el pasado 24 de marzo de 2015 cuando el entonces juez instructor Pablo Ruz levantó la imputación y lo archivó para 22 empresarios que aparecen como donantes en los papeles manuscritos del extesorero del PP Luis Bárcenas con la contabilidad paralela del partido.

Lo hizo porque ninguno de los empresarios reconocieron haber pagado dinero al PP por contratos y no había ningún otro indicio contra ellos, pero este panorama ha cambiado después de las declaraciones en el juicio de García Pozuelo y Correa.

El constructor pactó con la Fiscalía y confesó ante el tribunal haber pagado 1,5 millones en 2002 y 2003 a Bárcenas, Correa y el exdiputado del PP Jesús Merino a cambio de adjudicaciones públicas, cosa que no hizo durante la instrucción de la pieza de la caja B, en la que se acogió a su derecho a no declarar ante el juez.

Por eso, según las mismas fuentes, el fiscal Antonio Romeral considera que ahora debe comparecer y dar su versión sobre esos pagos contenidos en la contabilidad paralela, lo mismo que Correa, quien en el juicio dijo que entregaba, de parte de empresarios, entre el 2% y el 3% a Bárcenas por conseguir obras en ministerios.

Correa apuntó a OHL, Dragados y al grupo ACS como las empresas que se dirigían a él para que consiguiera contratos del PP y, de hecho, el presidente de la primera empresa, Juan Miguel Villar Mir, fue investigado en el caso de la contabilidad B del PP junto con García Pozuelo, pero el juez también levantó esa imputación.

En la contabilidad paralela del partido, cuya existencia Bárcenas reconoció en el juicio, se refleja que García Pozuelo habría pagado al PP al menos 72.000 euros en el año 2000 y otros 90.000 más en 2003 y 2004, y Villar Mir otros 530.000 euros en 2004, 2006 y 2008.

De hecho, las acusaciones populares también pedían al juez que volviera a imputar a Villar Mir, aportando una noticia de El Mundo que afirma que el expresidente balear Jaume Matas ofreció a la Fiscalía revelar que Javier Arenas organizó una reunión en la sede del PP de Génova en la que se habría acordado el amaño del concurso del hospital de Son Espases, en Mallorca, a favor de OHL.

El fiscal estima, en cambio, que estas declaraciones no son necesarias tras pedir información sobre esta supuesta confesión y recibir como respuesta la negativa de que haya tenido lugar.

En el propio juicio de Gürtel, la defensa de Bárcenas pidió que declararan como testigos Matas y Villar Mir, pero el tribunal rechazó esas peticiones.