La Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir diligencias previas de investigación por el contrato de la Comunidad de Madrid con el hermano de Isabel Díaz Ayuso por la compra de mascarillas por valor de 1,5 millones de euros a la empresa Priviet Sprotive, propiedad de un amigo de los Díaz Ayuso. 

Tras recibir las denuncias de los grupos de izquierda madrileños, PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, Anticorrupción ha informado este martes de la apertura de una investigación previa para decidir si existen indicios suficientes de delito como para presentar una querella.

La Fiscalía recuerda que el pasado 18 de febrero recibió las tres denuncias  referidas a la contratación de emergencia realizada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el pasado día 1 de abril de 2020 para la adquisición de 250.000 mascarillas FFP2-3 por un precio unitario de 5 euros más IVA y un importe total de 1.512.500 euros a la mercantil Priviet Sportive SL, "en la que
supuestamente habría intermediado el hermano de la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, D. Tomás Díaz Ayuso". 

También se hace eco Anticorrupción de la documentación que le envió este lunes el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid: "la oferta con documentación de las características técnicas del producto; albaranes de entrega, factura y certificado de conformidad de la misma; documento contable 'ADOK' aprobado y diligencia de toma de razón de contabilidad del mismo", indica la Fiscalía.

Así mismo desde la Comunidad de Madrid se le hizo entrega de la memoria  justificativa para la adquisición de mascarillas para el pabellón 10 del IFEMA del Servicio Madrileño de Salud.

También aportó el Gobierno regional a la Fiscalía Anticorrupción una serie de documentación como "el anexo a la memoria; hoja de pedido del 1 de abril de 2020; documento contable RC (retención de crédito);
diligencia de toma de razón de contabilidad del documento RC; resolución de 1
de abril de 2020, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y resolución de 14
de mayo de 2020, de la misma Viceconsejería, de corrección errores materiales
de la anterior resolución; certificado del Secretario General del Consejo de
Gobierno de 20 de mayo de 2020 y, finalmente, informe del Viceconsejero de Asuntos Jurídicos y Secretario General del Consejo de Gobierno de 18 de
febrero de 2022", consta en el decreto del fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, al que ha tenido acceso este diario. 

Sin embargo, no consta, según este decreto, que la Consejería de Sanidad haya entregado a la Fiscalía documento alguno que acredite en concepto de qué cobró 55.000 euros Tomás Díaz Ayuso de la mercantil Priviet Sportive, tal y como informó la propia presidenta. 

"Las tres denuncias se limitan a solicitar de la Fiscalía Especial la incoación
de Diligencias de Investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos en
ellas relatados, en las que, si bien no se terminan de formular imputaciones
concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación y del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid", indica la Fiscalía. 

Pese a la falta de concreción de las denuncias, Anticorrupción asegura que sí resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, "permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados. Y ello, en primer lugar, por la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores
instaurado en la Constitución", consta en el decreto.

En segundo lugar, la Fiscalía incide en "la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias, que se refieren a la, sin duda, necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña". 

Sin imputación contra Ayuso

Por lo que se refiere a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su aforamiento ante el Tribunal Supremo, los denunciantes indican la posible comisión de varios delitos: tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Pero la Fiscalía Anticorrupción explica que en estos momentos preliminares "no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen "indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada". 

Este mismo martes, la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en el carrera fiscal, ha solicitado a Dolores Delgado, la fiscal general, que se abstenga de intervenir en esta investigación preliminar sobre el contrato que salpica a la presidenta madrileña, dada su vinculación con el Gobierno de Pedro Sánchez, según la citada asociación.