El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha relevado, por orden del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a los fiscales que investigan el caso de las comisiones del 3 % que supuestamente cobró CDC de empresarios y que actualmente lleva un juez de El Vendrell (Tarragona).

Fuentes oficiales de la Fiscalía confirman la sustitución de los Fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, encargados del Caso 3% por los Fiscales delegados Teresa Duarto y Fernando Maldonado.

La sustitución corresponde a la estrategia de la Fiscalía Anticorrupción a fin de que los Fiscales delegados de la Anticorrupción asuman los casos de su territorio y los de la fiscalía especial puedan ocuparse de los asuntos de Madrid.

Este cambio no supone modificación alguna en la linea que ha mantenido la Fiscalía en cada uno de los procedimientos y facilitará la asistencia a la práctica de diligencias

Estos ceses coinciden con la reciente llegada de Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción. Moix fue elegido por José Manuel Maza para imponer orden en una fiscalía dividida en dos donde José Grinda encabeza uno de los bandos.

Moix ha optado por cesar a Grinda y Bermejo para que no le ocurra como con los fiscales del 'Caso Lezo', a quienes ordenó por escrito que no solicitasen al juez una serie de registros en la trama que encabeza Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid.

Los fiscales de Lezo, Carlos Yañez y Carmen García Cerdá, invocaron el pasado martes el artículo 27 del Estatuto Fiscal y lograron que la Junta de Fiscales de Anticorrupción apoyara estos registros contra el criterio de Moix.

Moix impuso en el acuerdo que los fiscales de Lezo no acusasen del delito de organización criminal, por ahora, a los detenidos de esta red liderada supuestamente por Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid.

La decisión de la Junta de Fiscales -21 a favor de los registros sobre 2 en contra y 1 abstención- no vinculaba al propio Moix pero él optó por retirar su orden y permitir los registros.

El fiscal jefe Anticorrupción intentaba frenar unos registros en el Canal de Isabel II (de donde manaba dinero de la red de Lezo) para evitar que se incautara documentación de la compra de la empresa Inassa, en el año 2001, y otras operaciones de la época porque afecta a la etapa de Ruiz-Gallardón como presidente de Madrid. Y es un caso, el de la era Gallardón, que el ministerio público también estaría investigando y que podría acabar judicializado en la Audiencia Nacional.

Los fiscales de Lezo no acusan del delito de organización criminal, por ahora. Pero el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Eloy Velasco, mantiene en sus resoluciones el delito de pertenencia a organización criminal en los autos con los que ha dictado la prisión provisional para dos exaltos cargos de la cúpula del Canal de Isabel II, la empresa pública de donde la red desviaba el dinero, presuntamente.

La causa la investiga el titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell y arrancó a partir de la denuncia de la exconcejala de ERC de Torredembarra Montse Gasull.

La investigación judicial y de la Fiscalía Anticorrupción ha derivado en el llamado caso del 3 %, en el que se investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública.