'La ausencia total de acuerdos, la drástica limitación de los debates que con frecuencia se dieron por concluidos de manera precipitada, y la absoluta falta de aceptación de propuestas'. Estas y otras situaciones que se produjeron en la reunión de la mesa sectorial de la función pública que se celebró el pasado 20 de agosto, en la que la Junta de Castilla-La Mancha aprobó unilateralmente la destrucción de cerca de 700 puestos de trabajo, han hecho concluir a la Fiscalía de la región que la administración que preside la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, violó el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores públicos.

En un auto dictado el día 2 de este mes (ver PDF), al que ha tenido acceso Público, el fiscal asume así las demandas interpuestas por los sindicatos que participaron en esa reunión, UGT y STAS Intersindical, e insta a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a que dicte sentencia en ese mismo sentido. Las centrales habían exigido en sus respectivos escritos la recuperación de los 672 puestos que se destruyeron en la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la administración regional, y de los cerca de 30 desaparecidos de la relación de empleos de personal funcionario, escala superior de sanitarios locales, en las especialidades de Farmacia y Veterinaria.

Y es que en sus respectivas denuncias consideraban que durante el encuentro del 20 de agosto el director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, -que en las grabaciones de la reunión desveladas por este diario ya recalcó que sobraba 'muchísima gente' entre el funcionariado- 'en permanente actitud de retirar y cortar la palabra a los interlocutores sociales', no permitió la modificación 'ni de una coma sola de los textos propuestos'. Explicaban que la reunión se desarrolló 'como una mera puesta en escena de negociación fingida', vulnerando así el derecho del sindicato a la libertad sindical 'en su vertiente de negociación colectiva', recogido en el artículo 28.1 de la Constitución Española.

El Ministerio Público les da la razón. En su texto recalca que 'la extraordinaria relevancia de las condiciones laborales afectadas (nada menos que la supresión de 700 plazas de funcionario), el comportamiento de la administración de provocar unilateralmente el cierre de la negociación después de una sola reunión de la mesa sectorial, la ausencia de toda formalidad posterior para resolver el conflicto y la inmediata publicación y entrada en vigor de las relaciones de puestos de trabajo que debían haber sido objeto de negociación, constituyen elementos valorativos suficientes para apreciar una conducta antisindical' por parte del Gobierno de Cospedal.

Los sindicatos explicaban en sus recursos que la primera información por parte de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas acerca de esa modificación de personal les llegó el 13 de agosto, cuando fueron citados a una reunión para el día 20. Hasta entonces, el único precedente, la única sospecha que tenían de que podía producirse una destrucción de puestos de trabajo la habían conocido a través de la prensa, por la filtracíón de una instrucción, fechada el 11 de julio, en la que la Dirección General de la Función Pública establecía que 'cada consejería y organismo autónomo deberá amortizar el 80% de los puestos de trabajo vacantes de su consejería u organismo que, a fecha del 16 de julio de 2012, estén ocupados por personal funcionario interino'.  

El fiscal considera que se trató de 'un anuncio' de la administración 'de carácter meramente informativo' y que por su propia naturaleza 'impidió cualquier negociación' y redujo el papel de la reunión del día 20 'a un mero papel pasivo cuya única opción consistía en aceptar o rechazar la modificación propuesta'. 'Una cosa es que una negociación no alcance el éxito perseguido y otra bien distinta que se renuncie a negociar', dicta en su auto.

Por todo ello, concluye que el Ejecutivo que preside la secretaria general del PP 'incurrió en un comportamiento antijurídico', que ha resultado 'lesivo' para el derecho a la negociación colectiva de los sindicatos. Lo hizo porque 'ignoró' las previsiones contenidas en el Estatuto Básico del Empleado Público y 'limitó' la 'capacidad de actuación de los sindicatos', causando un 'menoscabo real del derecho a la actividad sindical. En definitiva, insiste el fiscal, el Gobierno de Castilla-La Mancha, se vulneró 'el derecho a la libertad sindical en su vertiente de derecho a la negociación colectiva'.