Financiación irregular del PP Dimite un viceconsejero de Cifuentes tras ser imputado por la 'Operación Púnica'

El viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, ha presentado este martes su dimisión tras resultar investigado en el marco de la trama Púnica, por su etapa en la empresa pública Arpegio, donde fue consejero delegado.

Según han informado fuentes del Gobierno regional, Ruiz ha recibido este martes un auto formal de investigación dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez velasco, donde "no se refiere a ningún hecho derivado de sus actuales responsabilidades como viceconsejero, sino a actividades desempeñadas en los órganos de dirección de Arpegio, durante legislaturas anteriores, coincidiendo con el mandato de Esperanza Aguirre".

Un total de doce personas comparecerán como investigadas a partir de junio por su implicación en esta pieza número 13 de la trama que estalló en 2014 y cuenta ya con más de un centenar de personas imputadas por participar en presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas.

Fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid han señalado que aunque el auto de investigación es completamente ajeno a la labor que desempeña actualmente en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ruiz ha presentado esta misma mañana, de forma voluntaria, su renuncia al cargo. 

La presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes, ha aceptado la dimisión, en aplicación del Código Ético de los altos cargos del Gobierno regional, así como del Código Ético del Partido Popular de Madrid.

Siete registros

El juez Velasco ha ordenado además siete registros, entre ellos el del despacho de Miguel Ángel Ruiz, por su actividad cuando estaba en Arpegio, empresa pública cuya sede también está siendo registrada. 

Según informan fuentes jurídicas, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han practicado los registros, algunos de ellos en despachos de abogados. 

En concreto, los agentes buscan información sobre los fondos del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma) ante la sospecha de que los empresarios pagaron comisiones a cambio de recibir contratos.

Irregularidades en Arpegio y Prisma

El pasado mes de julio, el instructor del caso Púnica ya solicitó a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de Gobierno de la Comunidad de Madrid documentación relativa a los consorcios urbanísticos desarrollados por la empresa pública de gestión de suelo Arpegio y los dos Planes del Programa Regional de Inversiones y Servicios (PRISMA) que llevó a cabo la Comunidad de Madrid entre 2006 y 2010 al sospechar que dichas operaciones fueron planeadas por Granados como un sistema para obtener beneficios ilícitos.

Reclamó en concreto los convenios firmados con Arpegio entre 2006 y 2011 en los que se otorgaba a la empresa pública la gestión y adjudicación de las obras financiadas con Prisma.

El magistrado actuó a requerimiento de la Fiscalía, que fundó su petición en las declaraciones en las que el exsocio de Granados David Marjaliza, reveló el pago de comisiones por contratistas y promotores para acceder a las obras de los 22 consorcios urbanísticos de Arpegio y los dos planes Prisma de la Comunidad de Madrid sobre los que ahora se centra la investigación.

Los citados planes, dotados con 1.000 millones de euros según el el juez Velasco, "se llevaron a cabo bajo la espera de dominio de Francisco Granados como presidente de las Mesas de Contratación, en persona o por delegación". Su dominio sobre las decisiones de adjudicación, según Velasco "era absoluto y fue algo buscado desde el momento inicial de redacción del convenio".

La 'trama Púnica' estalló en 2014 y cuenta ya con más de un centenar de personas imputadas en varias piezas separadas

Se trata, entre otros, de convenios autorizados por el Consejo de Gobierno y suscritos por el consejero de Presidencia relativos a ese plan de financiación de obras con dinero público, y también de acuerdos en los que designó al vocal que representaba a la Comunidad en la mesa de contratación de varios de esas obras.

El presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, ha pedido recientemente al juez que declaren varias personas relacionadas con Arpegio, como el consejero madrileño de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada; el exgerente de Arpegio Áreas de Promoción Empresarial Eduardo Larraz Riesgo y Pilar Rubio Izquierdo, directora de Proyectos del Plan Prisma.

A González Taboada ha pedido citarle para que explique el funcionamiento del Plan Prisma, y si conocía de la existencia de pagos de comisiones a Granados referidas a dicho Plan.

Declaración en la comisión de investigación

Hace seis meses, el exconsejero delegado de Arpegio compareció en la comisión de investigación sobre corrupción en la Asamblea de Madrid donde justificó una factura de 16,5 millones de euros en promoción que la empresa pública dedicada a la gestión del suelo y del Plan Prisma cargó a dicho plan, y que incluía, entre otras cosas, un gasto de 3,3 millones de euros en primeras piedras.

Por otro lado, aseguró que por lo que pudo observar como presidente de la Mesa de Contratación de PRISMA, desde diciembre de 2008 hasta marzo 2011, "los procedimientos se hicieron de forma transparente, no se hicieron procedimientos negociados, había o contratos menores o abiertos, en los que el pliego era 60 por ciento precio, 40% la cuestión técnica".

Por ello, indicadó que no podía afirmar lo que sostiene el juez Eloy Velasco, en relación con el control por parte del Francisco Granados en la Mesa de contratación. También aseguró desconocer si se han producido 'mordidas'.