Feijóo inicia una guerra contra un Constitucional al que ya no controla el PP y lo enfrenta al Supremo

Dos sentencias que no le han gustado nada al Partido Popular en la misma semana, la que anula la condena de inhabilitación al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez y la que ampara a Arnaldo Otegi, coordinador general de EH-Bildu, han bastado para que Alberto Núñez Feijóo arremeta contra el Tribunal Constitucional (TC).

Feijóo ha iniciado una guerra sin cuartel contra el Constitucional, restándole legitimidad a sus decisiones, ahora que el PP no cuenta con una mayoría afín en el tribunal de garantías. "El Constitucional está, de forma consciente e intencionada, mandando un mensaje al Supremo", que es ahora "un tribunal de instancia", aseguró esta semana el presidente del PP a raíz de conocerse que el TC había amparado a Otegi y Rodríguez frente a las sentencias del Alto Tribunal.

El líder del PP también ha dicho que las sentencias del Constitucional son "inauditas", provocan una "inseguridad" jurídica de los ciudadanos "y, por supuesto, inseguridad de mi formación política". Ha anunciado también que en Génova estudian ya con un grupo de juristas "qué es lo que está pasando".

O el líder del PP desconoce qué es el Tribunal Constitucional y cómo funciona o lanza esas acusaciones conscientemente dentro de la campaña del PP de deslegitimación de las instituciones del Estado para dañar al Gobierno de Pedro Sánchez. 

Y por el camino, Feijóo enfrenta al Tribunal Supremo, cuya mayoría conservadora fue reforzada en tiempos de Carlos Lesmes, expresidente del Supremo y del CGPJ, con un Constitucional que en estos momentos cuenta con una mayoría, de 7 a 4, magistrados de sensibilidad progresista; una mayoría que se ha impuesto en los casos Otegi y Rodríguez para dictaminar que el Supremo vulneró derechos fundamentales de ambos.

Conflicto entre el Supremo y el TC

Algunos miembros de la cúpula judicial han apoyado las palabras de Feijóo, y, molestos, han manifestado anónimamente que el TC se ha  extralimitado en sus funciones, invadiendo las del Tribunal Supremo.

El conflicto entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional no es nuevo y tiene mucho que ver con la propia naturaleza y el origen de ambos órganos.

El TC es un órgano creado por la Constitución de 1978, que acometió durante la primera década de la democracia la labor de someter al sistema judicial a la norma constitucional. En cambio, el Tribunal Supremo representa la tradición que viene de los sistemas autoritarios del siglo XIX y de la dictadura franquista. El TC, como corte de garantías de los derechos fundamentales, tiene la misión de revisar si las sentencias del Supremo respetan esos derechos, y en cuanto al Poder Legislativo debe velar para que sus normas se ciñan a la Constitución.

Cuando el Supremo pidió la mediación del rey

En los años noventa se vivieron momentos muy tensos entre el Supremo y el Constitucional, precisamente por la resistencia de los magistrados del Alto Tribunal a verse corregidos por los del Constitucional, alegando que se les estaba invadiendo sus competencias. Para quejarse, los jueces del Supremo pidieron al presidente del CGPJ en aquel momento, Javier Delgado, que mediase para pedir la intervención del rey Juan Carlos en el conflicto. Algo que finalmente no ocurrió. 

La anécdota retrata las dificultades de adaptación a la democracia de algunos jueces del Supremo. Poco después, pidieron la homologación en el sueldo con los magistrados del Constitucional y también entonces solicitaron la intervención del rey, sin éxito. 

Cuando el Supremo condenó a los jueces del TC

Histórica sentencia que cumple ahora 20 años fue la que impuso la Sala de lo Civil del Supremo contra 11 magistrados del Constitucional, en 2004, siendo entonces el presidente Manuel Jiménez de Parga. Fue la primera y la única vez que los miembros del TC eran condenados. El Supremo daba la razón al abogado José Luis Mazón que había denunciado que los letrados del Constitucional eran nombrados 'a dedo', sin convocatoria de concurso, como dice la ley.

Perdió Mazón en el Supremo y al recurrir en amparo pidió que se abstuvieran 11 de los 12 integrantes del TC por tener interés directo en el asunto y que fueran sustituidos por otros magistrados. El recurso se inadmitió y el abogado presentó entonces una demanda de responsabilidad civil por haberse archivado su recurso "sin examinarlo, como era imperativo". 

La Sala de lo Civil del Supremo acabó estimando en parte el recurso de José Luis Mazón y sentenció que los 11 magistrados incurrieron en negligencia pero sin mala fe, y les condenó a pagar una indemnización al abogado de 500 euros cada uno. 

Pocos años después, en 2008, la Sala de lo Penal criticó abiertamente al Constitucional al entender que había sobrepasado su jurisdicción constitucional al absolver a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer de un delito de estafa por considerar que su conducta en el caso Urbanor estaba prescrita. 

Zonas de fricción

Recordaron entonces los jueces del Supremo que la Sala Segunda es la competente para interpretar el derecho penal y que el TC se circunscribe al campo de la interpretación de la Constitución. Pero fuentes jurídicas señalan que en algunos momentos existen "zonas de fricción", porque la frontera es imprecisa. Al final, según estas fuentes,  el Constitucional tiene que interpretar la ley para contrastarla con la Constitución y poder llegar a saber si las sentencias del Supremo son compatibles o incompatibles con la norma constitucional.

Por ejemplo, en el caso del exdiputado Alberto Rodríguez, los siete magistrados progresistas del TC sostienen que el Supremo vulneró su derecho a la legalidad penal. Es decir, que la pena que la Sala Segunda le impuso no era proporcionada, siendo la inhabilitación para poder presentarse a unas elecciones una pena que nunca debió imponerse como accesoria de la  pena principal: un mes y medio de prisión, que fue sustituida obligatoriamente por una multa. 

En el caso del coordinador general de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, la sentencia del TC ha anulado la resolución del Supremo que ordenaba repetir el juicio en el caso Bateragune, sobre el intento de recomponer la ilegalizada Batasuna. La mayoría progresista del TC entiende que dicha repetición vulneraría su derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

Miedo a que el TC dé luz verde a la amnistía

El tono de los populares hacia el Constitucional es diferente al que tenían hace un año, cuando perdieron la mayoría conservadora en el tribunal de garantías. Si antes era un "árbitro" entre poderes que "defiende a todos los españoles de la deriva autoritaria del Gobierno", desde que se quedaron sin esa mayoría se ha convertido en "un tribunal de parte".

Además, por mucho que en sus discursos repitan que la ley de amnistía es inconstitucional y que el Gobierno se dará contra un muro en Bruselas y en los tribunales, en el PP cada vez hay más voces que no están convencidas de que eso acabe siendo así. "Con este Constitucional todo es posible", dicen fuentes populares poniendo la venda antes que la herida y allanando el terreno para una previsible futura ofensiva si el TC declara constitucional la norma.

Misma estrategia con el Congreso, que tampoco controlan

El Tribunal Constitucional no es el único en la diana de los ataques del PP de Feijóo. El Congreso de los Diputados, en el que, pese a ser el partido más votado, el PP está aislado frente al Gobierno de coalición y sus socios, también es blanco de sus críticas. "¿Es verdad que la soberanía nacional ya no reside en las Cortes? Pues durante lo que llevamos de legislatura, yo tengo que ser sincero: no", clamó el líder popular en EsRadio el pasado miércoles.

Un día antes había reunido a sus grupos parlamentarios para arrancar el curso y anunciar que el Senado celebraría un pleno más al mes porque el Congreso ya no cumplía su función y era necesario "devolver a las Cortes el protagonismo de la vida política y parlamentaria de nuestro país".

Haciendo uso de su mayoría absoluta en la Cámara Alta ni siquiera permitió Feijóo que fuese el presidente de la misma, Pedro Rollán, quien comunicase la decisión. De facto, lo que Feijóo pretende es llevar al Senado una actividad paralela a la del Congreso con la que demostrar qué es lo que haría el PP si llega al Gobierno. Así lo reconoció él mismo.