Feijóo La crisis desindustrializa el tejido productivo en la Galicia de Feijóo

Las sucesivas crisis económicas de los últimos catorce años están erosianando lentamente el tejido productivo de Galicia, una de las comunidades autónomas menos industrializadas de España y con peores salarios y pensiones.

El crack del 2008 se llevó por delante al sistema financiero autóctono -desaparecieron las cajas de ahorro fusionadas a instancias de la Xunta y otras entidades grandes y medianas como el Banco de Galicia, el Banco Pastor y el Banco Gallego-, y a colosos de la construcción como Fadesa, que acabó protagonizando el mayor concurso de acreedores de Europa, y de la alimentación, como Pescanova, cuya gestión terminó con su cúpula directiva en el banquillo y la compañía en disolución.

Las secuelas de aquella crisis, unidas a los compromisos de España con la transición ecológica y a las consecuencias de la epidemia de covid, están agudizando el proceso y amenazan la viabilidad o ya han acabado con otras grandes sociedades de diversos sectores, con miles de puestos de trabajo en juego.

Cada vez que se anuncia un nuevo cierre, el Gobierno de Feijóo apunta a Madrid, aunque, como le recuerda la oposición, el Estatuto de Galicia establece literalmente que es a la Xunta a la que le corresponden en exclusiva las competencias en materia de industria.

Emesa

Fundada en 1958 y con sede en Coirós (A Coruña), Elaborados Metálicos SA era una de las principales compañías del sector de la ingeniería civil de España. Entre sus trabajos figura el puente de Rande, en Vigo; el hotel Arts de Barcelona; la Torre Picasso de Madrid y la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez en Barajas. Llegó a tener más de mil trabajadores y emprendió un exitoso proyecto internacional de la mano de Santiago Calatrava, con quien levantó obras emblemáticas del arquitecto valeciano como la Turning Torso de Malmö, en Suecia, y las estaciones de tren de Lieja y Lisboa. Hace tres semanas, el juez ordenó la subasta pública de sus instalaciones, más de 100.000 metros cuadrados de suelo industrial con un precio de salida de 10 millones de euros. Parte del dinero de la subasta servirá para indemnizar a los últimos 75 trabajadores que quedan en la plantilla. Ni la Xunta ni el grupo madrileño Soil, que adquirió la firma en el año 2015 y que la llevó poco después al proceso concursal, han podido o han querido encontrar un comprador.

Alcoa y Ferroatlántica

Galicia es líder en producción de electricidad, pero curiosamente está entre las comunidades que la pagan más cara. Ese es el argumento que esgrime la propiedad estadounidense de la factoría de Alcoa en San Cibrao, en la costa de Lugo, para justificar el cierre de la fábrica, cuyos procesos de producción de aluminio exigen un consumo intensivo y costoso de electricidad. Cada vez que los trabajadores salen a la calle -son más de medio millar en la firma y casi otro tanto en sus industrias auxiliares- Feijóo dispara al Gobierno central. Pese a que tiene competencias plenas en materia industrial, los sindicatos acusan al Ejecutivo autoómico de no haberse movido para encontrar un comprador que salve el proyecto. El Ministerio de Industria ha exigido a la firma que devuelva con intereses de mora los cerca de 800 millones de euros en ayudas públicas que ha recibido en los últimos diez años, pero también soliviantó a los trabajadores cuando aprobó en diciembre pasado el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, que no ha resuelto el problema. Ferroatlántica, una de las mayores productoras de silicio metal con fábricas en los municipios coruñeses de Arteixo y Cee en las que trabajan más de 500 personas, se encuentra en una situación similar.

Astilleros Vulcano

En el 2019, justo cien años después de su fundación, uno de los mayores astilleros civiles de España anunció su cierre, incapaz de superar el tercer concurso de acreedores en menos de veinte años y la competencia de la industria naval asiática. En Factorías Vulcano se hacían buques de doble casco y 170 metros de eslora, y era todo un emblema del barrio de Teis y el motor de la lucha obrera que se desarrolló en toda la ciudad durante la dictadura, la transición y los inicios de la democracia. Llegó a contar con más de mil trabajadores. La factoría había sido adquirida hace unos meses por el Grupo Argos, que firmó la operación si se vinculaba a la ampliación de la concesión de los terrenos donde se ubica, y cuya titularidad corresponde a la Autoridad Portuaria de Vigo. El presidente del puerto es Jesús Vázquez Almuiña, ex conselleiro de Sanidade de Feijóo, quien promovió un pleito que ha terminado con una sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, del pasado mes de abril, que ha permitido a la institución portuaria recuperar los terrenos aunque poniendo en riesgo el plan de rescate de los astilleros si no se negocia una nueva concesión.

Central Térmica de As Pontes de García Rodríguez

Es el ejemplo del perjuicio económico y social que provocan las políticas cortoplacistas y la falta de previsión y de planificación económica. Con más de 2.300 megawatios hora de potencia instalada, el equivalente a más de la mitad de la capacidad productiva de todos los aerogeneradores de Galicia, la central térmica que Endesa construyó entre 1972 y 1976 en As Pontes de García Rodríguez era uno de los principales polos industriales de la provincia de A Coruña. Generaba cerca de 2.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, pero también estaba entre las veinte térmicas de carbón más contaminantes de Europa. Así, su cierre estaba cantado desde hace años. Sin embargo, el Gobierno de Rajoy, quien cuestionaba el cambio climático con la chistosa tesis de que ni siquiera es posible asegurar qué tiempo va a hacer mañana, no hizo nada para buscar una alternativa a una industria que durante años condicionó el desarrollo de toda una comarca, e incluso su morfología -junto a la central se excavó una mina a cielo abierto reconvertida hoy en un lago artificial de 5 kilómetros de largo y más de 200 metros de profundidad-. Tampoco hizo nada el Gobierno de Feijóo, que se limitó a proponer que la central se dedicara a producir electricidad mediante la quema de biomasa, una alternativa que se reveló inviable.