La presunta trama de falsos prejubilados en expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía, que ha destapado la investigación del caso Mercasevilla de corrupción, centró ayer el debate político. El debate y la bronca. La pelota está ahora donde quiere el PP. El PSOE y el Gobierno llevan días ofreciendo explicaciones con más o menos fortuna, después de que la Policía elevara a la jueza Mercedes Alaya, que instruye la causa, un informe demoledor para las tesis de la Junta y del PSOE.   

En él se afirma que todas las subvenciones en expedientes desde 2001 incumplieron “flagrantemente” la Ley de Hacienda Pública (más de 6.000 personas cobran ahora prejubilaciones incentivadas por la Junta) y que, según declaró en un interrogatorio Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, provenían de un “fondo de reptiles”, una expresión que alude al pago de sobornos secretos. Sin embargo, el origen de ese fondo, de 700 millones, por ahora está limpio, según la Policía, y proviene de los presupuestos de la Junta. El problema está en su destino y en la falta de controles que permitieron una distribución delictiva, según los investigadores. Hasta ahora, en un punto preliminar, la Policía ha descubierto que casi 500.000 euros han ido a las cuentas de falsos prejubilados.

Rechazo a una comisión de investigación

El PSOE rechazó ayer una comisión de investigación en el Parlamento andaluz, que le venían exigiendo tanto el PP como IU. Susana Díaz, número dos del PSOE andaluz, expuso la receta socialista para afrontar este caso que se resume, según dijo, en “transparencia, colaboración con la justicia y tolerancia cero” con la corrupción. Díaz recordó que fue la propia Junta la que llevó el caso Mercasevilla a la Fiscalía y anunció que el partido estudiaba acciones legales contra Guerrero por lo que definió como “declaraciones autoinculpatorias”.  

Mientras, el PP sacó la artillería. María Dolores de Cospedal, secretaria general, apuntó a Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los conservadores tienen decidido llevar la trama al Congreso. “Yo le pregunto al Gobierno andaluz si existe algún ERE tramitado por la Junta en el que se hayan pagado prejubilaciones a altos cargos del PSOE en algún municipio”, dijo ayer Antonio Sanz, lugarteniente de Arenas. En Sevilla, la situación alcanzó el nivel de bronca. El PP manifestó que la ciudad era “la cuna de la corrupción del socialismo en Andalucía”. El PSOE replicó con el anuncio de una querella.