Expertos del Gobierno instan a Rajoy a frenar el maltrato policial y los abusos en las cárceles

MADRID.- Carencias en los sistemas de vigilancia de las cárceles, la persistencia de las denominadas "redadas racistas" o el abuso de la fuerza por parte de los antidisturbios en algunas manifestaciones. Éstas son algunas de las deficiencias del sistema detectadas por el Comité Técnico de Expertos designado por el Gobierno para elaborar el informe —hasta ahora censurado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy— previo a lo que estaba destinado a convertirse en el II Plan de Derechos Humanos.  

Los expertos, dirigidos por el profesor de la Universidad de Valladolid Fernando Rey, recopilaron numerosos informes del Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional, la propia Secretaría de Estado de Estudios Penitenciarios y sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), entre otros organismos,  para argumentar sus propuestas. Así, concluyen que el principal problema de las cárceles españolas es su "sobreocupación" [68.685 personas estaban privadas de libertad en 2012 en 97 centros] y recomiendan, además, mejoras en la protección de los datos personales de los reclusos y sus familiares.

"Las investigaciones indican que los casos de malos tratos no son hechos aislados"

En este apartado de "torturas", los profesores aluden también a la fase previa de detención en las comisarías. "La grabación de todo el período de detención reduciría sin duda el riesgo de malos tratos o torturas. Sin embargo, su uso no es obligatorio", lamentan. 

A pesar de que reconocen, como también hace Amnistía Internacional, que en España no se tortura "de forma sistemática", advierten también de que "las investigaciones realizadas indican que los casos de malos tratos no son hechos aislados, sino síntomas de deficiencias estructurales". Por ello recomiendan "mejorar las garantías de los detenidos sometidos al régimen de incomunicación" con medidas como "la introducción de videocámaras de circuito cerrado en todas las zonas de las comisarías", o limitar "la concesión de indultos a policías condenados" porque ello "no contribuye al objetivo de poner fin a la impunidad", ya que "el Gobierno no transmite un mensaje claro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley". 

"En un país multicultural como España la policía puede parar a alguien que no "parezca español" hasta cuatro veces el mismo día"

De otro lado, otra de las "zonas de penumbra" en materia de derechos humanos denunciadas en este informe que el Gobierno no quiere publicar hace referencia a las "humillantes" redadas racistas. Esto es, las identificaciones policiales de personas que, por su color de piel, son sospechosas de ser inmigrantes irregulares; algo que el Comité denomina "controles de identidad discriminatorios". 

CIE de Santa Cruz de Tenerife. Archivo EFE

Hacinamiento en los CIEs

Los expertos recomiendan mejorar la formación de los agentes para evitar el uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones

En otro ámbito, el comité recopila también los informes relativos a los abusos de los antidisturbios en las protestas ciudadanas.  "La inmensa mayoría de estos actos [decenas de miles de manifestaciones celebradas en 2012 y 2013] han sido pacíficos [...] sin embargo, ha habido denuncias frecuentes de uso excesivo de la fuerza y de malos tratos por parte de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y, además, no se han llevado a cabo investigaciones internas y judiciales adecuadas sobre las denuncias formuladas", cita el informe censurado, titulado Los derechos humanos en España: un balance crítico.