Expertos del Gobierno reniegan de la 'ley Wert' y denuncian los recortes en Educación y Sanidad

MADRID.- La Lomce no garantiza la reducción de la tasa de abandono escolar temprano ni resuelve problemas como la segregación del alumnado. Así lo consideran los expertos del Comité designado [que no pagado] por el Gobierno para elaborar el informe previo de lo que iba a ser el II Plan de Derechos Humanos, que denuncian, también, los recortes en Sanidad que han dejado a los inmigrantes irregulares fuera del disfrute del derecho a la salud.

Así, la profesora de la Universidad de Deusto Joana Abrisketa Uriarte recuerda, en el capítulo correspondiente de Los derechos humanos en España: un balance crítico, "el cierre de pequeños colegios, escuelas unitarias o aulas dependientes de centros agrupados en núcleos rurales"  así como la "reducción general de cuantías" y el "endurecimiento de los requisitos académicos" para la obtención de becas. Todos ellos, tijeretazos del ministro José Ignacio Wert en materia de Educación, "uno de los sectores más afectados por los recortes en el presupuesto". 

El informe recuerda el cierre de colegios, el aumento de las tasas universitarias y las dificultades de acceso a becas impuestas por Wert

Por otro lado, Abrisketa realiza un "análisis crítico de la Lomce" en el que , tras recopilar recomendaciones de distintos organismos nacionales e internacionales, concluye que la también denominada ley Wert no contribuye a resolver ciertos problemas del "derecho EN la educación". 

"El éxito de la disminución del abandono no puede ser impuesto por una ley, ya que las causas [del mismo] se encuentran en el entorno socioeconómico del menor"

Además, la Lomce no corrige las "prácticas discriminatorias en el proceso de admisión que permiten a los colegios concertados seleccionar a los alumnos", Ello, unido a otras cuestiones como los criterios de admisión y "la insuficiente oferta de plazas educativas" agravan la segregación del alumnado, especialmente, gitano o inmigrante, esgrime la experta.

La crisis como excusa

"La crisis no debe tener como consecuencia la reducción de la protección de los derechos; no puede servir de pretexto para denegar el acceso a la atención sanitaria"

"Sin menospreciar el avance que se ha dado en la última década en lo que a cobertura de la asistencia sanitaria pública y gratuita se refiere, no puede obviarse que siguen existiendo colectivos que tienen que financiar la atención en algunos casos aunque accedan a centros y servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS)", recuerda. De hecho, la citada ley "modificó el artículo 12 de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social incorporando un retroceso en el ámbito de la asistencia sanitaria que ha dejado fuera del disfrute de este derecho a las personas en situación administrativa irregular".

Además, Solanes recopila otras medidas como el "copago en la prestación farmacéutica" o  el medicamentazo de Mato, que tienen su impacto "en colectivos especialmente vulnerables como el de los pensionistas, los enfermos crónicos o las personas con discapacidad".  "El derecho a la salud entraña una obligación clara de que los medicamentos estén disponibles y sean accesibles, aceptables y de buena calidad para que lleguen a las poblaciones que los necesitan en todo el mundo sin discriminación para que los países cumplan sus obligaciones de respetar, proteger y realizar el derecho a la salud", cita la profesora a un relator de la ONU. Y ello habiendo concluido el informe antes de que se desatara la crisis de la Hepatitis C.