MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado al exministro socialista del Interior Antoni Asunción por los delitos de administración fraudulenta y apropiación indebida que podría haber cometido en relación con la venta de su participación en la piscifactoría Acuigroup Maremar al Banco de Valencia.

La imputación del ex ministro de Felipe González, ahora ligado al partido Ciudadanos, se produce en relación con una de las querellas que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 investiga en relación con distintas irregularidades cometidas en la gestión de la citada entidad.

Dichas querellas se centran en el diseño y aprobación, por parte de distintos exdirectivos del Banco de Valencia de operaciones de financiación que fueron ruinosas, principalmente negocios inmobiliarios a los que se aparejó la concesión de créditos presuntamente irregulares, y que depararon un elevado perjuicio económico al banco.

Asunción fue responsable de Interior bajo el Gobierno de Felipe González desde noviembre de 1993 hasta mayo de 1994, un cargo que abandonó a los cinco meses de su llegada al asumir la responsabilidad política por la fuga del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldan, que finalmente resultó condenado a 30 años de prisión por apropiarse de 10 millones de euros --en su equivalente a pesetas-- mediante operaciones ilegales en el proceso de contratación de obras de construcción y rehabilitación de cuarteles de la Benemérita.

Querellas del FROB por la gestión de B. de Valencia

Pedraz investiga a Asunción en una de las piezas que ha abierto sobre las posibles irregularidades detectadas en la gestión del Banco de Valencia, que fue intervenido por el Banco de España el 21 de noviembre de 2011 y tuvo que recibir ayudas públicas de 4.500 millones de euros para salvarse de la quiebra. La entidad fue vendida en noviembre de 2012 por un euro a CaixaBank.

En concreto, el FROB presentó querellas por una operación urbanística de la sociedad participada Nou Litoral para la construcción de una urbanización; la financiación conferida a la inmobiliaria Metrovacesa; la compra de dos edificios al empresario mallorquín Bartolomé Cursach; y otras tres macrooperaciones urbanísticas financiadas por la entidad.

El fondo de rescate también se querelló por la compraventa de participaciones de la sociedad Inversiones Financiera Agval en 2008, la adquisición de acciones de la sociedad Costa Bellver; la concesión de financiación a favor de la sociedad Capital Residencial y la financiación del grupo inmobiliario Salvador.

Entre los imputados en estas piezas por la comisión de delitos de administración desleal, apropiación indebida y otros, se encuentran altos directivos del banco como su expresidente José Luis Olivas, su exconsejero delegado Domingo Parra y el ex director general de Bancaja Aurelio Izquierdo. También están imputados el expresidente del Valencia C.F. Juan Bautista Soler, varios integrantes de la familia Calabuig, y distintos empresarios de la construcción.