El exmagistrado del TC Enrique López vuelve a la Audiencia Nacional

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Enrique López, que dimitió de su cargo el pasado 2 de junio tras saltarse un semáforo en rojo, dar positivo en un test de alcoholemia cuando conducía en moto y sin casco por Madrid, se ha reincorporado ya a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
López, que tomó posesión de su antiguo cargo de magistrado de la Audiencia Nacional ayer en la sede de este órgano judicial en la calle Goya, compartirá despacho en el edificio de Prim con el magistrado Julio de Diego, según han informado fuentes de este órgano.
El pasado 17 de junio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomó conocimiento de su solicitud de reingreso, que era de carácter automático en cumplimiento del artículo 355 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Este precepto señala que los jueces que cesan en el cargo que ostentaban en situación de "servicios especiales", como era el caso de López, deben solicitar su reingreso en el plazo máximo de 10 días a contar desde el siguiente al cese e incorporarse dentro de los 20 días naturales también a contar desde la fecha de cese. De no haberse incorporado a lo largo de esta semana López habría sido declarado en situación de "excedencia voluntaria.
Enrique López fue designado como magistrado en el Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno en junio de 2013 después de seis años de vetos del PSOE en contra de que éste formara parte del alto tribunal
El pasado 2 de junio el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, aceptó la dimisión "irrevocable" de López, quien había adelantado su dimisión el día anterior después de dar positivo en un control de alcoholemia al que la Policía le sometió tras ser interceptado por ir circulando con su moto sin casco por el centro de Madrid.
Días después, y en un juicio rápido celebrado en los juzgados ordinarios, López reconoció los hechos y aceptó una multa de 1.440 euros y la retirada del carné de conducir durante ocho meses y dos días por haber cometido un delito contra la seguridad vial.