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Podemos exige el fin de la política penitenciaria “vengativa” del PP

"Trato humanitario"

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Marcha por el final de la política penitenciaria del Gobierno español hacia los presos de ETA. EFE/Miguel Toña

@danialri

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En este documento, la formación morada muestra su rechazo hacia la actitud del gobierno de Rajoy en materia de presos. “El camino de la reconstrucción del tejido social y de un marco estable de paz y convivencia democrática en nuestra sociedad se encuentra jalonado por muchos y variados obstáculos”, señalan en el primer párrafo. Por un lado, advierten que “en algunos casos, como en el reconocimiento de todas las víctimas y del daño causado, se han dado pasos, aunque aún siguen faltando muchos otros”. Dicho esto, también muestran su preocupación por lo que continúa ocurriendo dentro de las cárceles: “lamentablemente, con las personas privadas de libertad no se ha avanzado”.

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"Trato humanitario"

Por su parte, las direcciones de Podemos en el País Vasco y Navarra reclaman –además del acercamiento de los reclusos- “un trato humanitario conforme a los más exigentes estándares internacionales, especialmente en el caso de las personas presas con enfermedades graves o incurables”, así como “acabar con el régimen de aislamiento prolongado”. Para ello, consideran que “la valoración de la situación penitenciaria” de los reclusos debe ser realizada “por parte de los juzgados de vigilancia penitenciaria de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de la Comunidad Foral Navarra, eliminando cualquier elemento de excepcionalidad al respecto”.

“Rechazo de la violencia”

Su valoración también contiene un mensaje para el colectivo de presos de ETA: en la declaración dada a conocer este lunes, les instan a “seguir avanzando en el rechazo de la violencia, reconociendo lo injusto del daño causado desde la revisión crítica del pasado”. El arrepentimiento no supone ninguna renuncia a los objetivos políticos, sí a unos medios totalmente equivocados e injustificados”. Sin embargo, advierten que esos pasos no pueden ser condicionantes para la “reinserción social”, ya que se trata de “un derecho”. El gobierno de Rajoy no piensa lo mismo.

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