El último lustro en el Congreso ha sido uno de los más improductivos de la historia de la Cámara Baja en cuanto a la aprobación de normas. La ruptura del bipartidismo, la incapacidad para llegar a acuerdos y la inestabilidad política han afectado a los trabajos parlamentarios, que adolecen de una sequía legislativa sin precedentes.

En esta legislatura, el objetivo tanto del Gobierno como de una buena parte de los grupos es revertir esta tendencia e impulsar las reformas pendientes que los adelantos electorales y la división política han frustrado en los últimos años. En este contexto, el primer año del nuevo ciclo político ha estado completamente marcado por la pandemia del coronavirus, que ha venido acompañada de la aprobación de un buen número de decretos del Gobierno con el fin de paliar los efectos sanitarios y económicos de la covid-19.

A punto de terminar el primer año de la legislatura, la Cámara se centrará en sacar adelante cuestiones de la agenda social que toman la forma tanto de decretos y proyectos de ley (impulsados por el Ejecutivo de coalición), como de proposiciones de ley (impulsadas por los grupos parlamentarios).

En este sentido, la próxima semana será bastante intensa en el Parlamento. Está previsto que el Pleno convalide cuatro reales decretos del Gobierno que buscan la ampliación de parte de las medidas del denominado escudo social y que actualizan cuestiones pendientes del mercado laboral o de la docencia que han cobrado una especial urgencia con la pandemia.

Estas cuatro normas son: la regulación del teletrabajo, la ampliación de los ERTE, la regulación del teletrabajo de los funcionarios públicos y el refuerzo urgente de docentes en los centros escolares. La norma que establece las condiciones y criterios del trabajo a distancia fue aprobada a mediados de septiembre tras varios meses de negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales.

Se trata del quinto acuerdo que alcanzaron los de Pedro Sánchez con patronal y sindicatos, un consenso que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló como "la negociación más difícil y compleja de las que hemos llevado a cabo". Se espera que el decreto no tenga ningún problema en salir adelante, al tratarse de un consenso alcanzado en el marco del diálogo social.

También se llevará al Congreso la regulación del teletrabajo de los funcionarios, una reforma que provocó cierta polémica al incluir un apartado que permite a las comunidades autónomas trasladar de forma forzosa a médicos o enfermeros de sus centros de salud u hospitales en función de la necesidad marcada por la covid-19.

La ley de eutanasia, la primera norma de la legislatura

Fruto del diálogo social también es la extensión de los ERTE (aprobados para evitar despidos en plena emergencia sanitaria del coronavirus) hasta el 31 de enero, un acuerdo al que la patronal se sumó en el último momento y tras una intensa negociación. También se espera la convalidación de este decreto en el Pleno de la próxima semana.

El último decreto, el de Educación, permitirá a los centros escolares la contratación de docentes aunque no dispongan del máster habilitante. Con la norma se pretende llevar a cabo un refuerzo de urgencia en un sistema educativo que se ha visto desbordado tras el inicio del curso escolar y debido a la necesidad de disponer de personal para garantizar el cumplimiento de las restricciones aprobadas por Sanidad.

Más allá de la sesión plenaria y de los decretos del Ejecutivo, la próxima semana será crucial para algunas iniciativas que ya habían empezado su trámite en el Congreso y que se encuentran en comisión. En concreto, terminan el plazo de enmiendas la ley para despenalizar la eutanasia, la ley de cambio climático y la ley de protección de la infancia y la adolescencia.

La finalización del plazo de enmiendas da el pistoletazo de salida al inicio de redacción de los textos que contendrán el articulado de las leyes, unos textos que después deben ser aprobados por la comisión correspondiente y ratificados por el Pleno de la Cámara Baja.

La ley de despenalización de la eutanasia fue la primera norma que el Congreso admitió a trámite en esta legislatura. La proposición de ley del PSOE tuvo que hacer frente al rechazo de PP y de Vox en dos ocasiones: en el debate y votación de admisión a trámite (donde el PP llegó a calificar la iniciativa de "solución final para ahorrar costes sanitarios") y en el debate de enmiendas a la totalidad, donde la mayoría de los grupos lograron tumbar los vetos de los de Pablo Casado y Santiago Abascal.