Jon (nombre ficticio) recibió una llamada de la Ertzaintza. Le invitaban a pasar por la comisaría para recoger la cartera que había perdido días antes. Cuando fue a recogerla, se llevó la sorpresa del año: además de la cartera, la Policía autonómica le notificó por escrito que estaba imputado por su participación en las movilizaciones obreras del sector del metal. No sería el primero, ni el último, ni el único.

Las jornadas de huelga a favor de un convenio digno en Bizkaia dejaron ocho personas imputadas por desórdenes públicos, tres por daños y otras tres por atentado contra la autoridad. Dos de esas personas han denunciado a la Ertzaintza por las lesiones causadas. "Había una persona imputada por atentado contra la autoridad y lesiones, pero hace dos semanas se llegó a un acuerdo. Era su palabra contra la del ertzaina, prevalecía la del policía y había petición de cárcel", señala a Público Iratxe Azkue, sindicalista de LAB.

En total hubo 17 trabajadores imputados, de los cuales 15 están a la espera de juicio. Además, en LAB tienen constancia de nueve multas por obstaculización del tráfico durante los piquetes, así como tres multas por la ley Mordaza y otras tres a personas que, según la versión policial, se negaron a ser identificadas.

"Aún siguen llegando multas e imputaciones", afirma Azkue, quien advierte que el objetivo del Gobierno Vasco "no es otro que criminalizar el derecho a la huelga y la defensa de los derechos de los trabajadores por unas condiciones y una vida digna". "La huelga del metal supuso un resurgir de la lucha de la clase trabajadora en un conflicto como hace años no se veía. Eso les ha dado muchísimo miedo", sostiene.

El secretario general de Industria en CCOO Euskadi, Javier Gómez Sanz, ha probado todo esto en carne propia. "Hace 20 días me llegó un expediente por la ley Mordaza", señaló a Público. "Me acusan de desacato a la autoridad. Dicen que me pidieron cinco veces que me retirase, cosa que no es cierta", añadió.

Gómez –y la multa– se remonta al 3 de octubre pasado, uno de los días de huelga en el sector del metal. Habíamos quedado a las siete de la mañana en la empresa Sidenor. De allí fuimos en manifestación, con permiso, por las calles de Basauri, y luego nos dirigimos a Arcelor. A las 9.02, los ertzainas salieron de las furgonetas. Nos dijeron que se había acabado el permiso de manifestación y que teníamos que despejar", relata.

El sindicalista de CCOO le indicó a los policías que la ley de huelga les permitía "informar a los trabajadores". En medio de empujones, los agentes Antidisturbios hicieron un cordón alrededor suyo y le pidieron el carnet de identidad. "Cuando les di el carnet –recordó– me dijeron que me llegaría una notificación del juzgado y que me habían aplicado la Ley de Seguridad Ciudadana", popularmente conocida como ley Mordaza.

A la espera del desenlace sobre su expediente, Gómez remarca que "no hubo ningún tipo de violencia desde los piquetes", al tiempo que acusa al Ejecutivo autonómico de querer "convertir una protesta laboral en una cuestión de desórdenes públicos". "Desde el Gobierno Vasco intentaron criminalizar el derecho a la huelga", subrayó.

Directriz "confidencial"

Las actuaciones de la Ertzaintza en las jornadas de la huelga del metal estuvieron amparadas en una orden que sólo conocen en el interior de la Policía. Así lo admitió la consejera de Seguridad del Ejecutivo autonómico, Estefanía Beltrán de Heredia, en una respuesta escrita enviada a Elkarrekin Podemos en mayo de 2019. Por entonces, la responsable de esta área en el Gobierno Vasco afirmó que "la Ertzaintza, en las intervenciones ante conflictos laborales y huelgas, se rige por la Directriz nº 10" de la Policía autonómica, titulada "Intervención policial durante el ejercicio del derecho de huelga".

Renglón seguido, Beltrán de Heredia se negó a facilitar esa instrucción, alegando "el carácter confidencial de este tipo de documentos". Por ello, invitó a la parlamentaria Edurne García, autora de la pregunta, a "acceder a nuestras dependencias con el objeto de realizar las verificaciones o comprobaciones que considere oportunas de dicho documento".

Beltrán de Heredia defendió además que "el ordenamiento jurídico configura la huelga como un derecho fundamental de las/los trabajadores u otros colectivos para la defensa de sus intereses". En cualquier caso, aclaró que "este no es un derecho absoluto, sino que se encuentra limitado por el ejercicio de otros derechos y el respeto de terceras personas y sus bienes; motivo por el cual la Ertzaintza toma las medidas de control policial adecuadas para la prevención de posibles alteraciones de la seguridad ciudadana y la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades".

En el caso concreto de los piquetes, defendió que la Policía actúa en "auxilio a la Autoridad Laboral en las medidas acordadas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales a la comunidad en caso de huelga".