Euskadi investiga medio siglo de torturas

A pesar de pertenecer a tres generaciones distintas, Iñaki Balerdi, Itziar Martínez y Unai Romano tienen algunas cosas en común. Los tres son vascos. Los tres fueron detenidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Ahí llega, precisamente, la coincidencia más atroz: Iñaki, Itziar y Unai denunciaron torturas en dependencias policiales. Palizas interminables, amenazas de violación, rostros desfigurados por los golpes... sus nombres forman parte de los alrededor de 10 mil ciudadanos del País Vasco que -según cifras de la Fundación Euskal Memoria- fueron sometidos a vejámenes en los últimos 50 años. Léase en dictadura, pero también en democracia.

Desde hace algunas semanas, un grupo de investigadores del Instituto Vasco de Criminología reúne datos sobre lo ocurrido detrás de los muros de las comisarías entre 1960 y 2010. El proyecto ha sido encargado por la Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco con el objetivo de "desvelar la incidencia real de este fenómeno en Euskadi en estos 50 años y establecer las conclusiones en materia de reconocimiento, reparación y prevención que pudieran tener lugar". Al frente del equipo de investigadores está el reconocido antropólogo forense Francisco Etxeberria, un profesor de la UPV que lleva muchos años tras la huella de la tortura en Euskadi.

Las torturas en comisarías, uno de los ingredientes más agrios de ese pasado reciente, sigue provocando escozor entre políticos y gobernantes. Todos los huéspedes de La Moncloa han negado insistentemente que las Fuerzas de Seguridad del Estado recurran a las torturas en operaciones contra ETA u otras organizaciones de la izquierda abertzale. Sin embargo, tribunales europeos han advertido en reiteradas ocasiones que los malos tratos, como mínimo, no se investigan.

Los tribunales europeos han advertido en reiteradas ocasiones que los malos tratos, como mínimo, no se investigan. 

"En los últimos 30 años, los informes de Amnistía Internacional, del Comité de Prevención de la tortura del Consejo de Europa, de Relatores Especiales de Naciones Unidas o las observaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que daban cuenta de denuncias (...) han recomendado no solo la puesta en marcha de medidas preventivas sino de una adecuada investigación efectiva en el campo judicial y social, así como la necesidad de políticas de reconocimiento y reparación a sus víctimas", señala el Instituto Vasco de Criminología en el proyecto entregado al Gobierno Vasco.

Frente a estas acusaciones, el gobierno de Rajoy -al igual que sus antecesores- se aferra al sistema judicial para negar que la tortura sea una práctica generalizada, tanto en las comisarías de Euskadi como en los calabozos de Madrid: desde que Franco fue enterrado, en España sólo se produjeron 14 condenas firmes contra miembros de las fuerzas de Seguridad del Estado por vejámenes a detenidos. Sin embargo, la falta de sentencias condenatorias estaría directamente relacionada con las escasas investigaciones que se abren en este ámbito.

"La ausencia de investigación judicial efectiva, en algunos casos, ha sido incluso reconocida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También en diferentes épocas, sectores de intelectuales o jueces, ayuntamientos e investigaciones independientes señalaron la frecuencia de la práctica de la tortura y la necesidad de prevención e investigación efectiva", resalta el informe del Instituto Vasco de Criminología.

En este contexto, el estudio plantea "analizar y dar a conocer los mecanismos que han impedido o dificultado una investigación judicial efectiva en diferentes épocas, y las necesarias garantías de investigación y prevención en la actualidad". Además, proporcionará "elementos y conclusiones respecto a las posibles políticas en materia de reconocimiento a las víctimas, reparación y prevención, siguiendo los estándares internacionales en esta materia". Para ello, el equipo de investigadores elaborará un "censo de denuncias judiciales o sociales de tortura".

Será un trabajo largo y exhaustivo, que deberá concluir en 2016. "Actualmente estamos iniciado la fase de recogida de información -declaraciones institucionales, informes y acuerdos- sobre este tema. Vemos que hay bastante documentación desde el año 1960", señala Etxeberria a Público. "El siguiente paso -añade- consiste en buscar documentación judicial y de testimonios para, en 2015, reflexionar sobre el total". Las conclusiones y recomendaciones se harán públicas un año después.

Iñaki Cuevas, un ex militante de ETA que fue detenido en 1973, tiene previsto contactarse con los responsables de este proyecto para narrar su historia, que arranca en octubre de ese mismo año. La Guardia Civil lo detuvo en su puesto de trabajo en El Corte Inglés de Bilbao, bajo la acusación de formar parte de un comando que operaba en Bizkaia. Fue a parar al cuartel de La Salve, en Bilbao, donde pasó las peores y más largas horas de su vida. "Los métodos de tortura eran el quirófano, la bañera, los golpes con varillas en los talones que repercutían por todo el cuerpo... en fin, lo que quisieran", relata Cuevas a Público.

Su nombre figura en el voluminoso informe monográfico elaborado por el abogado Julen Arzuaga -actual parlamentario de EH Bildu en Vitoria- para la Fundación Euskal Memoria en 2013. A lo largo de sus más de 900 páginas, este documento -titulado "Oso latza izan da" ("Fue muy duro", frase pronunciada por una de las víctimas de la tortura)- incluye una amplia variedad de casos. Julio Iturralde Alonsotegi, detenido en septiembre de 1959, es uno de los primeros. "Padecía una enfermedad de la columna vertebral. Le pusieron sobre una mesa teniendo la mitad del cuerpo fuera y, mientras le sujetaban los pies, era obligado a adoptar una posición horizontal sin ningún apoyo. El dolor le llevaba a gritar que estaba dispuesto a firmar su muerte", describe.

Los escalofriantes testimonios se repiten a lo largo de los años. Las denuncias apuntan en su mayoría a la Guardia Civil, pero también hay víctimas de la Policía Nacional y de la Ertzaintza. Karmelo Jaia, natural de Markina, fue apaleado con bolas de acero y barras de hierro en 1975, el año de la muerte del dictador. Las cosas no mejoraron con el gobierno de Suárez. En abril de 1976, el vecino de Zumarraga (Gipuzkoa) Eugenio Sasieta Leunda fue llevado a un pinar del monte Artxanda, cerca de Bilbao. Los agentes de la Benemérita le hicieron creer que le iban a fusilar, disparando a su alrededor. Luego le pusieron una inyección en el cuello y otra en el brazo, mientras le decían que se preparase para el "Pentotal". El mismo horror se apoderó de Alfonso Castro Sarriegi en agosto de 1991, cuando miembros de la Guardia Civil -entonces bajo el gobierno de Felipe González- le pusieron una pistola en la cabeza y jalaron dos veces del gatillo "con deflagración, pero sin bala".

"La tortura se ha hecho un hueco en la vida de quienes han poblado este país hasta que la memoria alcanza"

"La tortura se ha hecho un hueco en la vida de quienes han poblado este país hasta que la memoria alcanza", explica Euskal Memoria en su estudio. El periodista Martxelo Otamendi, director del diario Berria, puede dar fe de ello: en febrero de 2003, cuando la Audiencia Nacional ordenó el cierre del periódico Egunkaria por sus presuntas relaciones con ETA -algo que posteriormente quedó descartado-, Otamendi y otros compañeros de redacción fueron torturados por la Guardia Civil.

Nueve años más tarde, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se vio obligado a condenar a España por su reiterada negativa a investigar los malos tratos denunciados por el periodista. En lugar de aclarar lo ocurrido, el gobierno de José María Aznar optó por la frase habitual ante este tipo de casos: "han seguido a pies juntillas un manual de ETA que aconseja a sus militantes que denuncien torturas cuando son detenidos", aseguró su entonces ministro de Interior, Ángel Acebes, quien incluso llegó a querellarse contra Otamendi bajo la teoría de que sus acusaciones contra la Guardia Civil eran otra forma de colaborar con ETA.

Estos argumentos jamás han convencido a los integrantes del TEDH, que ya han emitido otros dos fallos contra España por sus pocas ganas de aclarar las denuncias de torturas. A pesar de ello, La Moncloa ya ha dejado claro que la protección a los funcionarios acusados de torturar no tiene límite temporal: el abominable comisario Jesús Muñecas, uno de los torturadores más salvajes que pasó por la comisaría de Zarautz (Gipuzkoa), no será extraditado a Argentina gracias a la negativa del gobierno de Rajoy. El ejecutivo del PP también ha extendido su manto protector al no menos sanguinario Billy el Niño, otro especialista en métodos como el quirófano, la bañera o la bolsa.